Carlos Mario Zuluaga, contralor encargado, le contó a SEMANA que su hermano fue amenazado de muerte por un grupo criminal en el Atlántico. De acuerdo con el funcionario, su hermano recibió las intimidaciones por medio de llamadas telefónicas y audios a su WhatsApp.
“Acabo de recibir unos audios largos de mi hermano –voy a escucharlos– donde declaran una amenaza de muerte. Donde le dicen que lo tienen identificado, que lo monitorean. Le están pidiendo dinero y apoyos logísticos. Además, le han relatado las rutas que hace diariamente, donde está, qué hace todos los días”, dijo el contralor encargado para este medio.
El contralor se enteró mientras cumplía agenda de trabajo en Mocoa, departamento del Putumayo. Apenas recibió la información sobre las intimidaciones a su hermano, Zuluaga puso los audios en conocimiento de las autoridades.
Contraloría abre proceso sancionatorio contra exdirector y director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo
Por otro lado, este miércoles 30 de agosto, Carlos Mario Zuluaga, contralor general encargado, anunció que la entidad abrió un proceso administrativo sancionatorio contra Javier Pava, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Olmedo López, actual director de la misma, por ineficiencia en la reconstrucción de Mocoa después del trágico deslizamiento en 2017.
Seis años y cinco meses después del desastre en el que murieron más de 300 personas, las obras de mitigación del riesgo, reconstrucción de viviendas y alcantarillado, contratadas por la UNGRD, se encuentran paralizadas.
“Después de seis años, lo que debería estar resuelto son las obras de mitigación, que deberían proteger la vida y la integridad de los habitantes de esta zona. En el proyecto de vivienda, que ya visitamos, de las más de 900 viviendas que se deberían construir, están las mismas 168 viviendas sin ningún tipo de adecuación. Un proyecto y contrato siniestrado, con dificultades de ejecución y controversias jurídicas”, dijo Zuluaga desde Mocoa.
De acuerdo con Zuluaga, la responsabilidad recae en el director y exdirector de la UNGRD por no atender los llamados de la Contraloría en torno a los riesgos que corren dichas obras.
“Se han creído con privilegios institucionales al no responder y dar la información que la Contraloría necesita. Al no asistir a las reuniones que la Contraloría solicita”, explicó el funcionario.
Zuluaga aseguró que la Contraloría puede imponer sanciones de hasta 150 salarios diarios devengados por quien recibe la sanción, o 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También resaltó que se puede imponer una suspensión, que consiste en la separación temporal del cargo hasta por 180 días.
El contralor encargado dijo que los funcionarios a quienes se les abrió el proceso sancionatorio podrán defenderse ante la Contraloría, pero resaltó que “no responden los comunicados, no atienden los llamados, no dejan monitorear los avances de las obras y hoy tampoco están presentes en esta conversación que hemos preparado para ustedes”.
Este proceso sancionatorio se suma a la condena que impuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al Estado colombiano por la tragedia de Mocoa de 2017 por las graves omisiones que hubo para prevenir lo sucedido.
El saldo de esta tragedia fue aterrador: 333 personas fallecieron, otras 398 resultaron gravemente heridas y 71 se reportaron como desaparecidas. La fuerza de la naturaleza arrasó con todo a su paso en medio de una de las peores olas invernales que se han vivido en ese territorio.