La Sala Plena de la Corte Constitucional se prepara para tomar una decisión definitiva frente a lo que va a suceder con el decreto que firmó el gobierno del presidente Gustavo Petro para declarar la primera emergencia económica, luego de que el Congreso hundiera la ley de financiamiento.
Esto después de que la presidencia de ese alto tribunal, liderada por la magistrada Paola Meneses, publicara el orden del día del jueves 9 de abril con la prioridad de tomar una decisión de fondo frente a ese acto administrativo, teniendo en cuenta que los términos para esa tarea vencen el próximo 16 de abril de este año.
En ese documento, publicado en la página oficial de la Corte, cita: “Expediente RE-387 (M. P. Carlos Camargo Assis) declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”.
En un principio, la Sala Plena programó para el pasado 25 de marzo que ese día se debía definir la suerte de la primera emergencia económica decretada por Petro, sin embargo, un cambio de última hora dejó la discusión para después de Semana Santa. Ahora los magistrados deberán tomar decisiones frente a la ponencia del magistrado Carlos Camargo.
Camargo, quien fue en su momento defensor del Pueblo, suspendió provisionalmente los efectos de dicho acto administrativo, argumentando que esa decisión del Ejecutivo es una “afrenta” al funcionamiento del Congreso de la República, teniendo en cuenta que uno de los argumentos para la declaratoria de ese estado de excepción fue el hundimiento de la ley de financiamiento.
“La Sala Plena estima que el carácter irremediable se apoya no solo en la carencia prima facie de un fundamento fáctico suficiente para la expedición del decreto, sino también en el hecho de que esa expedición fue el resultado de un desacuerdo político con el Congreso, debido a la no aprobación de la ley de financiamiento”, argumentó el magistrado ponente en la suspensión temporal del decreto.
La Procuraduría expuso en el concepto que le hizo llegar a la Corte Constitucional que de esa emergencia solo se deberían aprobar los recursos destinados a ajustar los 3,3 billones de pesos para equipar a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que se paga por cada afiliado al sistema de salud.
Por su parte, el magistrado Juan Carlos Cortés, quien estudia el decreto que estableció nuevas disposiciones tributarias, también presentó su ponencia pidiendo que se tumben apartes de los decretos que ha plasmado el Gobierno en ese acto. La Sala Plena tiene la tarea de definir qué va a pasar con la primera emergencia de Petro, lo que podría crear nuevas tensiones con la Rama Judicial.