Corte Constitucional tumba decreto y reactiva términos para extradiciones

La Corte Constitucional puso a correr al Gobierno colombiano con los trámites de unos 300 reclusos que esperan su extradición en la cárcel La Picota. El alto tribunal declaró inexequible el decreto 487 del 27 de marzo, que suspendió por 30 días los trámites de las extradiciones por cuenta de la Emergencia Sanitaria. Como este decreto se cae, para los juristas la inexequibilidad tendría efecto dominó en el decreto con carácter regulatorio que amplió el plazo por 30 días más.

La decisión deja claro que la declaratoria de inexequibilidad rige a futuro, de modo que los términos que estaban en suspenso se reanudan a partir de este 25 de junio. "Los operadores judiciales deberán considerar el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el que fueron suspendidos", concluyeron los magistrados.

En contexto: 

Como lo reveló SEMANA, para los magistrados, esta norma creada en el marco de la emergencia creaba una restricción desproporcionada a los derechos al debido proceso y a la libertad de las personas requeridas en extradición. Sin desconocer la importancia de los compromisos internacionales de Colombia en materia de cooperación judicial, los magistrados consideran que la norma conlleva un alto costo de la eficacia de sus mecanismos de defensa y de las causales legales previstas para el restablecimiento de la libertad.

La decisión hace una salvedad y es que esta inexequibilidad no afecta la suspensión por 30 días en casos de personas con condenas en firme. La Corte también señala que el tiempo entre la expedición del decreto y la declaratoria de su inexequibilidad deberá ser tenido en cuenta como parte cumplida de la pena.

Desde que el país entró en la cuarentena los abogados de los extraditables comenzaron a hacer sus propias cuentas. Sus clientes, unos 300 reclusos de La Picota, estaban atrapados en una sinsalida: no tienen deudas con la justicia colombiana, pero no pueden salir en libertad porque aunque un país extranjero los requiera, no tiene cómo llevárselos.

El 13 de marzo, cuando el presidente Iván Duque seguía el camino de honrar sus compromisos de cooperación, apareció la primera alarma. Las extradiciones de cuatro capos de alto valor tenían la aprobación presidencial para entregarlos a la justicia española desde el 21 de febrero. No obstante, el coronavirus obligó a Madrid a pedir la interrupción de los plazos. Lo mismo ocurrió con Ecuador, que solicitó el 17 de marzo una nueva fecha para la extradición de una mujer acusada de homicidio.

Los efectos de la decisión

El proceso de extradición tiene dos etapas: primero, la autoridad judicial debe conceptuar favorablemente para que el presidente resuelva. Una vez expedido el decreto, Duque –que llevaba 38 extradiciones este año– dejó de hacerlo.  

En la Corte Suprema de Justicia los magistrados advirtieron la gravedad de congelar los trámites para personas presas, como los extraditables, y decidieron apartarse del decreto. Lo mismo hizo la rama judicial. De modo que la justicia siguió moviendo los expedientes por correo electrónico: desde enero han conceptuado favorablemente la extradición de 93 personas, 45 de estas después de la declaratoria de emergencia sanitaria. 

De acuerdo con los términos ordinarios, después del concepto de la Corte Suprema el presidente tiene 15 días para pronunciarse. Una vez Duque lo haga, el Estado requirente cuenta con 30 días para hacer el traslado. Y el vencimiento del plazo es causal de libertad. O sea que algunos saldrían a la calle.

Un listado conocido por SEMANA arroja que de reanudarse términos este mismo viernes hay un puñado de extraditables que tendrían que ser enviados de inmediato so pena de quedar en libertad por vencimiento de términos: es decir, a estas personas ya se les habría vencido el término de 30 días después del aval dado por el presidente Duque. En una docena de casos más, el gobierno se tendría que mover con celeridad porque los términos estarían vencidos en una semana.

Se espera que en las próximas horas se expida el comunicado oficial de la Corte Constitucional, y que a su vez el Gobierno emita un pronunciamiento con un plan de choque para aquellos casos que están en el límite del tiempo. 

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