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| 4/6/2019 10:00:00 PM

El alto costo de la Minga

Esta minga con alta dosis de violencia y agresividad solo dejó perdedores: los habitantes del suroccidente del país incomunicados, el sector privado con millonarias pérdidas y el movimiento indígena golpeado en su credibilidad.

Cuáles son las consecuencias de la minga El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, rechazó los bloqueos de la protesta indígena, que considera el ‘mayor secuestro’ de colombianos. Foto: Afp

La Minga indígena se convirtió, en los 25 días que cumplió este viernes 5 de abril, en una de las protestas más complejas para el país desde el punto de vista económico, político y social. Dejó un balance amargo: actos vandálicos y de violencia, más de 10 muertos directa o indirectamente relacionados, decenas de heridos, bloqueos en la vía Panamericana –la principal arteria que comunica al Valle, Cauca y Nariño con el resto del país–, desabastecimiento y millonarios costos para el sector productivo.

Si bien la protesta social es legítima y está amparada por la Constitución, el desmadre de los últimos días provocó grandes heridas a quienes quedaron atrapados por la falta de movilidad en las vías, los actos vandálicos o las lesiones económicas.

La propia ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien lideró la negociación, aseguró que esta minga “ha sido muy difícil para la población del suroccidente, pero hemos tenido el propósito de que las decisiones sean de fondo y evitar que en el futuro sigan presentándose vías de hecho”.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, asegura que el proceso ha sido difícil, pero hay que decir la verdad: el país no debe comprometerse con lo que no puede cumplir.

Lo cierto es que los habitantes de la región expresaron su malestar de varias maneras. Esta semana un grupo de ciudadanos enardecidos por los bloqueos atacaron las instalaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) en Popayán para exigir el derecho constitucional a la libre movilización. Por su parte, el sector empresarial hizo enérgicos pronunciamientos y cerró filas para respaldar la institucionalidad.

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El presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, aseguró el jueves que se trató del “secuestro colectivo más grande que se haya dado en la historia de Colombia”, pues 1,8 millones de colombianos quedaron atrapados por los bloqueos.

En este propósito, algunos han pedido judicializar a quienes han cometido actos vandálicos. Porque, por mal que les fuera, los indígenas terminarían con los 10 billones de pesos acordados en el Plan Nacional de Desarrollo, mientras que ellos acabarían arruinados. Y amenazan con demandar por responsabilidad civil extracontractual a los organizadores de la minga para que les paguen los perjuicios económicos.

Por eso recibieron con satisfacción el jueves un fallo de tutela de un juez de Popayán a favor de los ciudadanos que no podían transitar libremente por las carreteras del suroccidente del país. La decisión judicial, que golpeó la credibilidad de los indígenas, definió los límites de la protesta y ordenó medida cautelar para que el Cric se abstuviera de bloquear la vía alterna entre Cali y Popayán.

Para la ministra del Interior, “Las autoridades de justicia deberán adelantar las investigaciones y tomar las decisiones frente a las demandas que en ese sentido se han presentado”.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, rechazó los bloqueos de la protesta indígena, que considera el ‘mayor secuestro’ de colombianos.

Al cierre de esta edición, la expectativa giraba alrededor de la posibilidad de un inminente acuerdo, según el cual el Gobierno se comprometería a entregarles recursos por 800.000 millones de pesos, tras lo cual los indígenas tendrían dos días para desbloquear las carreteras. La decisión del presidente de no sentarse a negociar con los indígenas mientras no abran la vía fue respaldada por los empresarios y buena parte de los colombianos.

La línea del Gobierno fue concertar sin comprometer el presupuesto más allá de lo que puede cumplir, para no terminar en la trampa de Gobiernos pasados, que firmaron a fin de levantar los bloqueos y luego no tuvieron cómo cumplir por falta de recursos.

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Malos precedentes

Aunque la protesta social es legítima, nada justifica las vías de hecho. Los indígenas pueden tener razón en buena parte de sus peticiones, ante los acuerdos fallidos y las innumerables promesas incumplidas del pasado. Pero también hicieron algunas peticiones absurdas que demoraron el acuerdo. Además, el país no puede aceptar el chantaje contra otros grupos poblacionales como medio de negociación para obtener beneficios.

Un mal acuerdo puede sentar un precedente grave para las finanzas públicas y para temas de gobernabilidad. Ya a finales del año pasado el paro universitario significó para este Gobierno el compromiso de invertir 4,5 billones de pesos más en las universidades públicas durante este cuatrienio. También, el Gobierno acaba de negociar con Fecode un acuerdo para hacer una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, y así aumentar los recursos para los grados de preescolar, educación básica y media. Todo ello en busca de desactivar los anuncios de que en los próximos días los maestros se sumarían al paro convocado para el 25 de abril por centrales obreras, campesinos, cafeteros y un sinnúmero de sectores que se sienten amenazados y sin recursos.

Pero en este momento no hay plata para tanto paro. El crecimiento del país en los últimos años, unido al fin del conflicto con la guerrilla de las Farc, creó paradójicamente un escenario propicio para la proliferación de conflictos sociales. El aumento de la clase media y la disminución de la pobreza hacen crecer las demandas por educación, mejor salud, más seguridad y movilidad.

Los productores agrícolas están entre los más afectados, dice el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, por las pérdidas que enfrentan los productos perecederos. 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se refirió recientemente a este tema y planteó la paradoja que hoy enfrenta el país. “Colombia tomó la decisión de que el Estado resolviera unos problemas y financiara actividades cada vez más grandes. Esto hace que las aspiraciones sociales sean cada vez mayores. Y eso está bien. Sin embargo, no ha decidido cómo planea pagar estos mayores beneficios. En esto, la Ley de Financiamiento fue un avance, pues enfatizó la tributación a las personas naturales, pero hay que seguir adelante”.

Y tiene razón: los colombianos deben empezar a discutir cómo financiar esas nuevas expectativas y las deudas sociales. Esto incluye desde cambiar la estructura tributaria en la que todos los colombianos aporten en la medida de sus posibilidades hasta revisar la estructura de subsidios para que lleguen realmente a la población más vulnerable.

Vea también:Los $800.000 millones que costó levantar el paro indígena del Cauca

Los costos en cada sector

¿A cuáles sectores afectó más la minga?

El agro. En un día normal en Nariño transportan 585 toneladas de pollo y huevo, pero en los últimos 24 días solo pudieron mover 144 toneladas, una reducción del 75 por ciento. Según Fenavi, todo ello afectó a 1,8 millones de habitantes del departamento, de los cuales 240.000 son niños que necesitan esas dos proteínas.

Aves en riesgo de muerte. Más de 3 millones de aves en granja de Nariño estuvieron en riesgo por cuenta de la falta de insumos para elaborar el alimento balanceado, procedente principalmente de Buenaventura. El alimento ya elaborado proviene de Valle del Cauca y Huila. La Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados exploró traer maíz de Ecuador para poner la fábrica a producir, pero no había disponibilidad.

Papa enterrada. Con 550.000 toneladas de papa al año, Nariño es uno de los principales productores del país. La cosecha fuerte llega en estos meses, por lo cual la minga afectó el precio, advirtió Fedepapa. El 70 por ciento del producto va a la central mayorista de Cavasa en Cali, un 10 por ciento a Corabastos en Bogotá y otro 20 por ciento al resto del país.

Sin pescado para Semana Santa. Más de 5.200 pequeños productores de pescado estuvieron en riesgo de quiebra por las posibles pérdidas de las ventas de Semana Santa, ante la falta de concentrado para trucha que hizo perder peso a los peces sembrados. Según la Federación Colombiana de Acuicultores (Fedeacua), Cauca, Nariño y Huila producen gran parte del pescado nacional. Entre marzo y abril sacan cerca del 20 por ciento de la producción anual.

Leche derramada. Alrededor de 3 millones de litros de leche perdió la región, según Asoleche. Explica que dejaron de recoger 2 millones y tuvieron que botar otros 800.000 litros. La situación afectó a más de 20.000 productores, muchos de los cuales pertenecen a comunidades indígenas y campesinas.

En contexto: Gobierno e indígenas logran acuerdo. Se desbloquea la vía Panamericana

Frutas y verduras pasadas. Nariño sufrió la mayor afectación en alimentos perecederos y registró pérdidas diarias por 3.400 millones de pesos en productos como plátano, lima ácida tahití, cebolla en rama y maracuyá. Según Asohofrucol, las pérdidas en Cauca son menores en aguacate, fresa, tomate, limón, mango y lulo.

Aún no hay inflación. En marzo históricamente suben los precios de los alimentos, según datos del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa). No obstante, el cierre de la carretera Panamericana no generó un alza o descenso adicional significativo en los precios mayoristas de alimentos, de acuerdo con cifras del Dane. Esta entidad explicó que, si bien hubo una disminución del abastecimiento durante la tercera semana del mes y un aumento de los fletes, la última semana mejoró ante el uso de vías alternas para la movilización de la carga. Por ahora, dice el Dane, no se han registrado mayores impactos en el abastecimiento a los mercados del centro y el norte del país. Los efectos fueron puntuales; por ejemplo, la papa en Cali y la cebolla en Popayán. Por tanto, los bloqueos no habrían tenido una alteración significativa sobre la inflación de marzo.

El transporte de carga por carretera sufrió por el bloqueo de más de 150 camiones, de acuerdo con el presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez.

Caen ventas a Ecuador. Alrededor de dos terceras partes de las exportaciones a Ecuador se afectaron, ya que salen por vía terrestre. En los 26 días de parálisis pudo haber una reducción aproximada de 40 millones de dólares en exportaciones a uno de los principales destinos de ventas no minero-energéticas del país, según Javier Díaz, presidente de Analdex. Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y el Eje Cafetero sintieron más el efecto del freno de las exportaciones a Ecuador. Entre los sectores más perjudicados están el automotor, aceites y grasas, farmacéutico, confecciones, alimentos, avícola, aseo, azúcares y confitería. También sufrieron los exportadores de café de Huila, Nariño y Cauca.

Freno a la construcción. La Concesionaria Vial Unión del Sur S. A. S., encargada del proyecto vial 4G doble calzada Rumichaca–Pasto, en Nariño, informó la suspensión de los trabajos tras el agotamiento de las reservas de materiales como acero, cemento y asfalto.

Por su parte, Sandra Forero, presidenta de Camacol, asegura que las pérdidas para los constructores de vivienda son del orden de los 30.000 millones de pesos, por la parálisis de las obras en Nariño y Cauca ante la falta de insumos.

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Varados en la vía. Más de 150 camiones y 2.000 toneladas de carga dejaron de transitar a diario por la Panamericana. Con esto, dice Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, el bloqueo podría haber represado más de 44.600 toneladas. Además, el lucro cesante de los transportadores podría superar los 20.000 millones de pesos. “Cada día de bloqueos nos genera más de 1.000 millones de pesos en pérdidas ante el reproceso logístico que implica”, afirma el representante de los transportadores. Para la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), al menos 1.100 de ellos durmieron por varios días en la carretera.

Por otra parte, el presidente de las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros, José Yesid Rodríguez, manifestó que hay preocupación en el sector por las pérdidas, que llegan a más de 10.000 millones de pesos.

Sin gasolina. A comienzos del mes había un buen inventario de reservas del combustible, por lo que la minga no afectó el suministro. Sin embargo, con el paso de los días la gasolina comenzó a escasear en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo y Huila. Actualmente, según Fendipetrol, operan 916 estaciones de servicio: 473 en Nariño, 178 en Cauca, 162 en Huila y 103 en Putumayo, donde existe una población aproximada de 4,5 millones de habitantes que demandan alrededor de 746.000 galones de combustible diarios.

El abastecimiento en Nariño habría bajado al 15 por ciento y en el Cauca al 50 por ciento. Ante esto, la región tuvo que comenzar a racionar el combustible y a priorizar vehículos de emergencia como ambulancias y de la Policía de Carreteras. Además, buscaron traerlo vía Tumaco de Ecuador. De hecho, esta semana se anunció la llegada de un buque con aproximadamente un millón de galones de combustible. Según el gremio de los minoristas, esto afectó a más de 5.000 familias.

Comercio. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) estimó pérdidas en una cifra alrededor de 20.000 millones de pesos.

Impacto social. La atención de la red hospitalaria, así como de los niños del ICBF, sufrió por cuenta del bloqueo en la vía Panamericana entre Cali y Popayán. La Secretaría de Salud tuvo que suspender el programa de alimentación escolar en 61 de los 64 municipios del departamento.

Las repercusiones del paro se concentraron en la región suroccicental. De haberse extendido los bloqueos o unido nuevos actores, el país podría haber vivido una situación como la que se registró a mediados de 2016, cuando el paro agrario y camionero afectó la inflación y la economía del país.

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