Abuso sexual
Defensoría del Pueblo pide acelerar investigaciones contra la estación de Policía donde violarían sexualmente a detenidos
Luego de que se diera a conocer la denuncia de la presunta violencia sexual masiva contra 10 personas privadas de la libertad al interior de Estación de Policía de Chambacú, en Cartagena, la Defensoría del Pueblo intervino.
Encuentra aquí lo último en Semana
La Defensoría del Pueblo denunció ante las autoridades competentes que 10 detenidos por delitos sexuales, recluidos en la Estación de Policía de Chambacú, en Cartagena, fueron presuntamente víctimas de violaciones por parte de otras personas privadas de la libertad.
Los hechos que piden sean investigados con celeridad se habrían registrado el pasado 30 de agosto. Las denuncias que hizo la regional de la Defensoría en Bolívar se presentaron ante el comandante de la Policía Nacional y el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena haciéndoles un llamado para que inicien las respectivas acciones por las posibles omisiones del servicio en la Estación de Policía de Chambacú, debido a que los hechos ocurrieron a las 11 de la mañana y solo hasta las 5 de la tarde se habrían percatado de la situación.
“Así mismo, la Defensoría del Pueblo le solicitó a la seccional Bolívar de la Fiscalía General de la Nación celeridad en las investigaciones y al alcalde de Cartagena buscar los mecanismos para que no se sigan vulnerando los derechos de las personas privadas de la libertad que se encuentran hacinadas en estos establecimientos penitenciarios”, manifiestan en un comunicado.
Finalmente, la entidad solicitó a la Secretaría del Interior del Distrito de Cartagena el trasladado de las 10 personas privadas de la libertad que fueron víctimas de presunta violencia sexual para garantizar su vida e integridad, mientras se adelantan las investigaciones respectivas.
Los hechos
En medio de un hacinamiento impresionante, y en las barbas o con complicidad de la Policía, se presentó una ‘fiesta’ de barbarie tras las rejas de la estación de Policía de Chambacú, en Cartagena. Se trató de una violación masiva de diez de los detenidos, que fueron acorralados y secuestrados durante seis largas horas, en las que los torturaron, golpearon y abusaron sexualmente.
No hay forma de que esta aterradora ‘fiesta’ se hubiera dado sin la complicidad de los policías que custodian el centro de reclusión temporal. Incluso, ya hay denuncias ante los organismos judiciales y disciplinarios, y hasta en Naciones Unidas, pues no solo permitieron que ese 30 agosto se presentaran los hechos, sino que luego de que se hizo público se habría montado un simulacro de motín que terminó borrando las pruebas de lo ocurrido.
Los relatos son espeluznantes. A primeras horas de la mañana, el ya caluroso ambiente de este centro de detención, en el que la temperatura promedio supera los 35 grados centígrados y está atiborrado de delincuentes de todo tipo, se empezaba a calentar. Pero no se trataba de una sensación térmica. Los plumas o convictos que mandan la parada en el lugar comenzaron a reunirse, algo planeaban.
Parecía que iba a empezar una de esas fiestas que realizan los detenidos en las barbas de la Policía. Y así se inició. Sobre las ocho de la mañana, entró licor de contrabando, dos garrafas de ron y una bolsa plástica llena de variadas drogas: perico, marihuana y pastillas. Era una fiesta reservada para los que mandaban en el sitio, que, según testimonios, son miembros del Clan del Golfo, liderados por alias Cabeza, que están a la espera de que les definan su situación judicial.
De un momento a otro comenzó la barbarie. Los plumas señalaron, uno a uno, a diez de los detenidos, los mandaron a la parte de atrás del centro de detención, donde hay dos celdas provisionales. Nadie decía nada. Como sucede en las cárceles, el silencio es la ley. Allá los arrumaron.
Con cuchillos, palos, hojas de cuchillas para afeitar y hasta cucharas afiladas que usan como armas mortales, empezaron a golpearlos y torturarlos. Eran 16 los hombres que cometían los hechos. La descripción es pavorosa. A cada uno lo pusieron a practicar sexo oral; si se resistía, lo golpeaban y lo cortaban con las improvisadas armas. Además, les quitaron los celulares y les vaciaron las cuentas.
Al mediodía hubo una pequeña pausa, era la hora del almuerzo. La madre de uno de los detenidos le fue a llevar la comida y reclamó que quería verlo, no aceptó negativas y hasta hizo un escándalo que obligó a los miembros de la guardia a trasladarlo hasta la reja. Con 35 grados centígrados, el hombre llegó con un saco de capucha y una gorra, no se dejaba ver la cara. Aunque hubo sospechas, no pasó nada, y el detenido no dijo una sola palabra de lo que estaba pasando. El motivo, contó después, era que sin que nadie pudiera ver le tenían un cuchillo puesto en las costillas para que no musitara palabra.
Luego de esa interrupción, la ‘fiesta’ continuó. El trago y las drogas hacían su efecto, pasaron del sexo oral a las violaciones. Un recluso, ya entrado en años, se negaba y forcejeaba para que no lo obligaran a esos vejámenes, pero recibió un castigo. Lo violaron con un palo de escoba y lo dejaron tirado en el piso, ensangrentado.
Las seis horas de terror pudieron extenderse, pero la suerte asomó con algo de piedad. Uno de los detenidos tenía una audiencia de su caso, así que tan pronto tuvo conexión advirtió al juez y a la Fiscalía lo que estaba sucediendo, poniendo fin a la barbarie. Pero con una orden: que apuntaran en la minuta claramente, sin omitir detalle, todo lo que ocurrió.
Ojo por ojo
Los diez reclusos que fueron violentados durante esas seis horas, todos, enfrentaban procesos por presuntamente haber cometido delitos sexuales. En la cárcel, como suele ocurrir, les aplicaron la ley del talión: “Ojo por ojo, diente por diente”. Esa es la justificación.
Pero como señaló el defensor del Pueblo del departamento de Bolívar, José Hilario Bossio, “esa no es la forma, las personas detenidas quedan bajo responsabilidad de los custodios, en este caso la Policía. Las cárceles no están para torturas, sino para resocializar. Ojo por ojo, todos nos quedaremos ciegos”.
Y ahí surge la segunda acusación. Luego de que el juez ordenó que se escribiera en la minuta lo que pasó, una posible investigación de la Procuraduría, a donde ya fue remitida la denuncia, empezó a respirar en la nuca de los custodios de la estación de Policía de Chambacú, en Cartagena.
Lo que ocurrió resulta confuso aún y todo apunta a una operación de complicidad para evitar pruebas y dejar bajo el tapete lo que ocurrió el pasado 30 de agosto. No hubo minuta ni se tomó ningún tipo de medida contra alias Cabeza, jefe criminal de este centro de detención, ni contra sus 15 compinches, que, aseguran, pertenecen al Clan del Golfo.
De un momento a otro, cuando la noticia se empezó a regar por el voz a voz de familiares de los detenidos en la estación de Policía, llegaron cada vez más personas al lugar. En ese momento, aparecieron dos tanquetas para detener un inexistente motín. Sacaron lo que tenían los reclusos: colchonetas, cobijas, utensilios de aseo, ropa, sábanas, vasijas para depositar agua y comer. Todo quedó borrado.
Anarquía, desinterés y ausencia de medidas, con esas palabras describe la situación penitenciaria de Cartagena y del departamento de Bolívar el defensor Bossio, quien habla de un hacinamiento de más del 200 por ciento. Solo el patio en el que se vivió ese abuso sexual es un espacio para unas 15 personas, y lo habitaban más de 60. Denuncia que el pasado ministro de Justicia, Wilson Ruiz, fue a la ciudad para inaugurar 300 cupos penitenciarios nuevos antes de terminar el gobierno pasado, pero nunca fueron entregados.
Los detenidos en esta estación, al no encontrarse en una cárcel, no reciben la vigilancia ni atención del Inpec. Es la Alcaldía la encargada de esto y ni siquiera les da la comida. El contrato de alimentación expiró, y los que tienen familia comen, los demás se la rebuscan.
Algo pasa en Cartagena. Ahuyentan a los turistas por los costos exorbitantes, la inseguridad está disparada, agosto fue el mes más violento, con 38 asesinatos, y hasta se produjo el lamentable asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci. Las alarmas están prendidas, pero esta vez no hay respuesta.