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| 2/22/2020 1:10:00 AM

El atajo de Uber para operar en Colombia

La plataforma regresa por medio de una polémica estrategia de arrendamiento de vehículos, en la que la mayoría de los riesgos corren por cuenta del usuario. ¿Qué viene después de esa audaz jugada?

El atajo de Uber para operar en Colombia Uber mantendrá activa la demanda que anunció contra el Estado por 250 millones de dólares. Por el regreso de la plataforma, los taxistas amenazaron con un paro nacional en marzo.
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En momentos en que el Gobierno, otras plataformas de transporte –como Didi y Beat–, taxistas y congresistas buscan un punto medio para definir las reglas en el sector, Uber echó reversa a su decisión de retirarse del país, anunció su retorno y, de paso, pateó el tablero.

Anunció que vuelve a operar bajo “una diversidad de servicios que permitan que coexistan alternativas tradicionales y nuevas, incluidos taxis”. Es decir, busca convertirse en una plataforma que junte oferta y demanda, pero sin obligación alguna. Esto incluye una controvertida propuesta de contrato de arrendamiento o alquiler de vehículos, en la que el usuario corre con los mayores riesgos.

El Uber 2.0 deja más dudas que certezas, como se advierte en la letra menuda del contrato por el cual operará desde ahora en Colombia. “El modelo es similar al alquiler de un carro. La diferencia es que alquila el vehículo con un conductor”, explicó la empresa.

Esto, entre otras cosas, implica que, si el usuario “solicita al conductor elevar la velocidad por encima de la norma y esto es causal de multa, deberá asumirla”.

Y, según el contrato, el arrendatario deberá “responsabilizarse por daños, reclamos, demandas, acciones, pretensiones y/o gastos (incluyendo gastos de abogados) ocurridos durante la tenencia del vehículo”.

Más allá de los detalles del contrato específico de Uber, este tipo de acuerdos ya están regulados en la Ley General de Turismo, que aplica, entre otros, a los carros que transportan personas entre hoteles y aeropuertos. Si Uber queda bajo esta sombrilla, se vería sometida a registrar sus tarifas ante el Gobierno y contar con un registro de turismo. Eso en ambos casos sería imposible, pues la aplicación opera en gran medida con carros particulares y sus tarifas se fijan por oferta y demanda, explicaron expertos del sector.

Además, según el Consejo de Estado, en ningún caso “se pueden tomar en arrendamiento vehículos matriculados en servicio particular por parte de empresas privadas para realizar transporte privado”. Y como si fuera poco, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la misma entidad que en una decisión jurisdiccional los obligó a cesar operaciones en Colombia, asumió desde enero la competencia para supervisar y vigilar todo incumplimiento de las normas de turismo. Este escenario, más que una alternativa, sería un tiro al pie para Uber.

No obstante, la plataforma asegura que “no presta ningún servicio a nombre de Uber Colombia, en cumplimiento del fallo de la Superindustria”. Eso en la práctica se convierte en un ‘esguince’ a la ley, y deja claro que la empresa busca, sí o sí, mantener viva su operación en el país, donde tiene más de 2 millones de usuarios y cerca de 90.000 conductores asociados, que hoy migran a otras plataformas y servicios.

El regreso de Uber a Colombia el jueves pasado dejó un mensaje claro a más de un experto en el tema de tecnología: todo indica que volvió, pero no quiere que la regulen. Muchos recuerdan la solicitud –incluso en el Foro Económico Mundial, en Davos– en la que le pidió al Gobierno publicar un decreto de emergencia para que la plataforma pudiera seguir operando en el país.

La empresa advierte que quiere “mantener un diálogo abierto con las autoridades para (…) la construcción de un marco normativo moderno”. Pero sus movidas parecen indicar todo lo contrario.

Según una fuente próxima al Gobierno, el nuevo esquema llega “en un momento en el que se veía más cercana una regulación” que permita nuevos jugadores, y “podría interpretarse como una intención de la compañía de seguir operando en la ilegalidad y no encontrar una salida”.

Además, SEMANA le preguntó a Uber si mantendrá activa la demanda que anunció contra el Estado por 250 millones de dólares, a lo cual respondió que en efecto “esta controversia continúa”.

Uber exaltó los ánimos de los taxistas: amenazaron con un paro nacional para el 16 de marzo, como protesta por el regreso de la plataforma. Entre tanto, la Superintendencia de Puertos y Transporte investigará preliminarmente la nueva operación de la empresa.

El panorama de ese tipo de transporte genera una gran incertidumbre, mientras la búsqueda de una salida tomó el camino más complicado. 

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