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Panorámica del tanque 7 de abril, en la cima del cerro Sevilla. | Foto: Twitter Alejandro Char

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El supertanque de Barranquilla, un megaproyecto que terminó estancado

Ocho veces se ha prorrogado la entrega de una obra que busca garantizar el suministro de agua del suroccidente de la ciudad, mientras que a su alrededor hay denuncias de pagos y supuesta corrupción.

23 de agosto de 2018

En pleno Carnaval de Barranquilla, el 24 de febrero de 2017, el entonces vicepresidente, Germán Vargas Lleras, y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, visitaron un gigantesco tanque, construido sobre el cerro Sevilla, con el que se busca optimizar el servicio de acueducto a 848.800 personas del suroccidente de la ciudad, al igual que de los municipios vecinos de Galapa, Malambo y Soledad.

“Este tanque en acero pernado será el más grande del mundo, pues tendrá capacidad para almacenar 25 millones de litros de agua”, describió entonces Vargas Lleras. La estructura, que hace parte de la estrategia de planeación de la ciudad a 20 años, busca garantizar el suministro del vital líquido.

“Estamos contentos, son muchos los beneficios que traerá para la comunidad”, advirtió el alcalde Char y anunció que el llamado tanque del Siete de Abril (barrio donde se levanta) o de Suroccidente, entraría a operar en 60 días. Hoy, 510 días después, el Ministerio de Vivienda reconoce que el avance del proyecto es de 88 por ciento. Por su parte, el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), contratante de los trabajos, manifiesta que ese porcentaje corresponde a las obras ya pagadas al contratista y no a las ejecutadas, que -informan- van en 95 por ciento.

Según el AMB, el proyecto comprende tres elementos, el tanque metálico (va en 98 por ciento), la tubería de carga con diámetro de 1.200 milímetros (99 por ciento), y la tubería de descarga, con diámetro de 1.100 mm (94 por ciento completado). En todo caso, el depósito instalado en el cerro Sevilla, a 125 metros sobre el nivel del mar, no estará listo antes de finales de este año, ya tiene costos por 25.750 millones y, en torno suyo, hay numerosas denuncias de incumplimientos y hasta de supuestos pagos y sobornos.

Aguas arriba

Como se sabe, el contrato de la megaobra fue firmado el 21 de mayo del 2014 entre el AMB y el Consorcio Hidrotanques por 23.580 millones de pesos. La construcción inició el 9 de febrero de 2015, con entrega a 10 meses. El consorcio ganador, conformado por Carlos Vengal Pérez y la firma P.V.C. (las iniciales del mismo Vengal, pero al revés) no solo no ha podido entregar la obra, sino que está en medio de una serie de cuestionamientos, procesos judiciales y embargos por falta de pago a sus proveedores y financiadores. 

En los juzgados Sexto, Noveno y Décimo Civiles del Circuito de Barranquilla cursan procesos contra Hidrotanques que suman unos 5.000 millones de pesos. Entre estos, sobresale la demanda por casi 1.200 millones de pesos interpuesta por la firma O-Tek, filial del grupo Orbis, que proveyó e instaló las tuberías y válvulas especiales para sistemas de agua por gravedad, así como el tanque.

Ante la falta de pagos, la empresa dejó de entregar material. Hidrotanques, entonces, debió subcontratar con un tercero para obtener de O-Tek el faltante para la obra. Lo otro preocupante es que, según una comunicación de esta empresa, el tanque fue entregado “a satisfacción” el 20 de febrero del 2017 y sigue sin uso por lo que “no se hace responsable de los posibles daños ocasionados en su estructura”. 

El director del AMB, Jaime Berdugo, dijo a SEMANA que “el contratista Hidrotanques es el que debe responder al AMB por el tanque. De hecho esta obra pública, como cualquier otra, tiene un periodo en el que el contratista debe garantizar el funcionamiento de obra”.

El más reciente plan financiero del proyecto ya asciende a 32.008 millones de pesos, de los que 12.816 millones son aportes de la Nación (Minvivienda) y 12.000 millones los pone Atlántico. Los 7.192 millones restantes son recursos de Barranquilla, monto adicionado “por mayores cantidades e ítems no previstos, por actividades no contempladas, que se requerirían para garantizar la funcionalidad de las obras”, según Minvivienda.

¿CVY?

Otros procesos contra Hidrotanques tienen que ver con dineros que prestamistas privados entregaron a Vengal para arrancar la obra, una práctica usual entre algunos contratistas públicos de la Costa para apalancarse financieramente. Uno de ellos es Luis Guzman Chams, quien no pudo cobrar y con letra en mano demandó a Hidrotanques y buscó embargar las cuentas de Vengal. Pese a ello, en el expediente, aparecen ocho comprobantes de egreso a su nombre pertenecientes a cuentas del consorcio y que llevan el concepto “CVY" junto con apellidos que coinciden con el nombre de funcionarios del Aérea Metropolitana, entre ellos el director Berdugo. Una fuente señala que habría hasta 200 de estos recibos.

El asunto derivó en una denuncia penal ante la Fiscalía, que envió investigadores del CTI a allanar las oficinas de Hidrotanques e incautaron documentos y contabilidades. El abogado Alfonso Camerano emprendió la defensa de Vengal y su consorcio, pero fue llamado a rendir cuentas al Consejo Seccional de la Judicatura en febrero de 2017, señalado por Guzmán de no poder ejercer porque un mes atrás lo habían detenido en el marco de un proceso en su contra por un presunto delito electoral.

En apartes del audio de la audiencia ante la Judicatura, el defensor legal de Hidrotanques habla del caso y paulatinamente parece cambiar de posición. Arrancó en defensa de los funcionarios que supuestamente aparecen en los recibos, a quienes dedicó “más de 50 horas” para ver “como arreglábamos este problema por fuera” y así evitarles un eventual proceso por peculado, lo que incluyó reuniones con Berdugo y el secretario jurídico de la Alcaldía, Jorge Padilla, según su testimonio. Luego, dijo que el director de la AMB “debe ser citado” a la Fiscalía así como a “todos los que aparecen en la contabilidad”.

Finalmente, Camerano pasó a señalar a Berdugo por supuestamente direccionar los pagos de Hidrotanques: “No son los comprobantes de ingreso solo. Son los cheques que llevan insertos y que Berdugo informaba a la contadora a quien iban dirigidos. Pero los cheques los retiraba y los cobraba él”, declaró.

Camerano sostuvo a SEMANA que la grabación fue manipulada y que la mención al director de la AMB “fue un lapsus”, pues dice referirse a Guzman Chams. De hecho, el letrado lo acusa de manejar la contabilidad del consorcio, del que terminaría como socio de facto gracias a su calidad de acreedor, y hacerse pagos durante ausencias de Vengal por problemas de salud.

El abogado Camerano, que ya no representa a Hidrotanques, reconoció a SEMANA que hay al menos cinco recibos a nombre de Berdugo y otros con nombres de funcionarios de la AMB: “no se si sean para pagarles, a mi no me consta. Pero así dicen”. “Tengo la impresión de que los cheques los cobró Guzmán Chams”, insiste.

Una pieza que no encaja son los comprobantes con el concepto “CVY”, que fueron explicados por Camerano como una salida “irresponsable” del prestamista para culpar a los funcionarios y desligarse del asunto. Tampoco encaja la demanda de Guzman Champs contra Vengal, en el entendido de que ya habría cobrado por ‘derecha’.“Fue por su ambición, su avaricia”, justifica el abogado.

En esta historia aparece, además, Hector Amaris, un cercano y -según versiones- poderoso asesor del alcalde Char. Fue llamado a declarar por Camerano ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito quien lo menciona como “acreedor” de 1.300 millones de pesos de los 2.970 que presta Chams al consorcio y le pide que el episodio sea aclarado ante la justicia.

El caso del tanque también dio para una queja disciplinaria ante la Procuraduría General radicada el 11 de mayo por la comunidad el barrio Siete de Abril (afectada por la extensa duración de las obras), contra Char, Berdugo y Vengal. Allí incluyen un aspecto controversial como una supuesta entrega de anticipos al contratista sin que mediaran actas parciales que certificaran el avance de la obra.

Desde el AMB manifestaron por escrito que desconocen estos señalamientos, incluyendo los de corrupción, y que “de existir tales aseveraciones son absolutamente falsas”.

Ladera

Ahora al tanque le salieron nuevas dudas. Expertos han dicho que la ladera sobre la que se construyó no tiene la estabilidad para contener el peso de los 25 millones de litros. De hecho, el AMB radicó 13 de abril de 2018 en el Ministerio de Vivienda una nueva solicitud de reformulación “para incorporar al proyecto la estabilidad del terreno”, componente “que no forma parte del alcance del proyecto inicialmente viabilizado”. El tema está en estudio de de la cartera desde el 27 de julio.

A esto se suma una investigación sancionatoria que inició en 2016 por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico contra Triple A -que diseñó y operará el tanque- “por haber desarrollado presuntamente las actividades de descapote, nivelación, compactación de terrenos” sin “licencia ambiental”.

Entretanto, el AMB señaló a SEMANA que la zona del tanque “no ha presentado problemas de inestabilidad, lo cual es consecuente con los estudios de suelo realizados por especialistas previo a la ejecución” y define esas obras pendientes como “protección de taludes”. Aun así, una nota de prensa de la entidad, justo del 27 de julio, habla de “proyecto de estabilización”, que costaría 5.000 millones de pesos adicionales. Lo extraño es que este tipo de obra se haga después y no antes o durante la instalación del tanque, ni se haya proyectado.

Un experto topógrafo barranquillero consultado expuso que “si el tanque está construido en la parte alta de una ladera, cuyo suelo es arcilloso, es casi seguro que, por su condición de reservorio de agua, sumado a las escorrentías (escurrimientos) como consecuencias de la lluvia, se produzcan infiltraciones incontrolables” que podrían derivar en el “deslizamiento de la capa superior y la consiguiente desestabilización de la ladera”. Toda el área comparte el mismo tipo de unidad geológica según el Servicio Geológico Colombiano: “Depósitos aluviales y de llanuras aluviales”.

De hecho, el documento del Plan de Gestión del Riesgo del Atlántico señala que los “barrios de la ladera suroccidente de la ciudad” de Barranquilla, entre ellos el cercano Siete de Abril, y el vecino municipio de Galapa presentan un riesgo geológico medio de “remoción en masa”, es decir, “deslizamientos, derrumbes y caídas de roca”. Toda el área comparte el mismo tipo de unidad geológica según el Servicio Geológico Colombiano: “Depósitos aluviales y de llanuras aluviales”.

Por lo pronto, el supertanque del Suroccidente sigue estancado y los habitantes de esta poblada zona de la ciudad esperan que se termine, para que puedan tener un mejor servicio, y que no se quede como un elefante blanco atrapado por una nube de acusaciones, riesgos, incapacidad y supuesta corrupción.