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| 9/6/2018 3:10:00 PM

“El gobierno está penalizando el consumo de drogas por la puerta de atrás”: Sandra Borda

Durante el debate por el polémico decreto que permite a la Policía decomisar cualquier dosis de droga, la politóloga Sandra Borda reconoció durante una entrevista radial que se consideraba una consumidora recreativa. Su declaración causó polémica y el tema de fondo pasó a un segundo plano. SEMANA habló con ella.

Entrevista a Sandra Borda sobre decreto de decomiso a drogas Semana habló con la politóloga Sandra Borda sobre el decreto del presidente que permite la incautación de cualquier tipo de droga. Foto: Twitter @sandraborda

El presidente Iván Duque presentó una polémica propuesta: la incautación de cualquier tipo de droga, aunque esta no exceda la dosis mínima. El mandatario argumentó que la Policía podrá decomisar y destruir la droga, sin que esto traiga consigo medidas penales en contra del portador de cantidades menores a la dosis mínima. 

Aunque era una promesa de campaña poner mano dura al consumo y tráfico de estas sustancias, la noticia sorprendió y sacudió a la opinión pública. Desde que se conoció el borrador del decreto, especialistas en el tema, consumidores y autoridades plantearon su punto de vista sobre la iniciativa que plantea la actuación frente a la marihuana, cocaína o sustancias derivadas de la cocaína, heroína o derivados de la amapola, drogas sintéticas o cualquier otra sustancia que se encuentre legalmente prohibida. 

Una de ellas fue la profesora y politóloga Sandra Borda, quien, durante un debate sobre la propuesta en el programa Hora 20, manifestó que era una "consumidora recreativa". Aunque su confesión recibió respaldo, también fue duramente criticada por quienes la consideraron un mal ejemplo. La también columnista ha expresado en redes sociales sus argumentos para estar en contra de la política propuesta por el gobierno Duque. Sin embargo, la polémica por su confesión personal desplazó el debate de fondo. SEMANA habló con ella. 

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SEMANA: ¿Por qué cree que la relación que usted hizo causó tanta polémica?

Sandra Borda: Yo he analizado todo y creo que hay varias conclusiones. La primera es que no solamente en Colombia sino en el mundo, como sucedió con el alcohol en los años 20, hay una tendencia a construir estos problemas como problemas de moralidad pública. Yo puedo entender por qué. Son problemas que están asociados con delincuencia y con unos problemas de salud mental que son complicados. El problema es que es muy difícil construir política pública sobre la base de la moralidad y además la moralidad le dificulta a uno las discusiones matizadas.

No hay espacios para realizar una discusión sobre los distintos tipos de drogas que hay, los distintos efectos que causan, no hay espacio para discutir los matices. Por eso las reacciones a lo que yo dije son de tipo moral, nadie estaba preocupado, por ejemplo, por mi salud. Por eso creo que moralmente allí hay una idea muy arraigada de que el consumo de droga, independientemente del tipo de consumo, es un problema moralmente censurable.

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SEMANA: ¿Usted cree que de fondo en la discusión hay más que un problema jurídico o de políticas públicas que un problema moral?

S.B: Hay algo que pasa en Colombia y en todas partes. La percepción que tenemos de esto como un problema de comportamiento moral y como de deficiencia en las decisiones individuales, es lo que no nos permite construir buena política pública, porque no nos permite realizar una evaluación y un análisis desprevenido del problema que nos indique por ejemplo, cómo se puede lidiar con los distintos tipos de consumo. Lo que se hace normalmente en políticas públicas no se puede hacer con el problema de las drogas porque siempre se atraviesa la discusión moral y creo que en una de las razones por las que en momento decidí hacer esa confesión es porque el decreto, y la noción general de la sociedad, es que el consumo siempre lleva a la adicción y que por eso hay que combatirlo bajo todas las formas y con todas las herramientas posibles. Y eso no es cierto, y si uno se confunde, termina haciendo una política pública que termina siendo ineficiente porque termina afectando a gente que no está haciendo ningún daño.

SEMANA: Tanto las propuestas del presidente Iván Duque como la ministra de Justicia hacen énfasis en la adicción. ¿Usted considera que toda persona que consume un tipo de droga es un adicto?

S.B: No, claro que no. Yo creo que hay distintos tipos de consumo. Eso sería casi como creer que una persona que toma trago una vez al mes en una fiesta es un alcohólico. Eso no es cierto. Hay gente que necesita consumo para desempeñarse, como sucede con el alcohol y hay gente que lo hace ocasionalmente y única y exclusivamente con objetivos recreacionales. Son cosas distintas y como son cosas distintas merecen políticas públicas distintas.

Estoy totalmente de acuerdo en que debe haber una política pública que lidie con el problema de la adicción y que tiene que ser una política que pase por una aproximación a la salud pública. Porque este es un problema de salud, no es un problema de criminalidad. También creo que hay hacer una política pública que le informe a los jóvenes este tema en todos sus matices, que les cuente cuáles son las implicaciones de consumir ciertas cosas y que los prevenga sobre los efectos que eso puede tener. De lo que estamos hablando es de brindar más información y no de ocultarla.

SEMANA: Hay personas que critican su postura basadas en el argumento de que consumir es apoyar las mafias del narcotráfico. ¿Qué piensa de esa posición?

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S.B: Yo creo que están confundiendo dos temas que son distintos. La violencia que genera el narcotráfico es consecuencia del modelo de políticas públicas absolutamente equivocado que se ha diseñado en contra de las drogas. Los culpables de que eso genere violencia y la gente que tiene manchadas las manos de sangre es la gente que ha estado a cargo de implementar unas políticas que han fracasado en innumerables ocasiones y que han generado un montón de muertes. Echarle la culpa a los consumidores es encontrar la calentura en la sábana.

SEMANA: El presidente Duque ha planteado que esta medida es para controlar entre otras cosas el microtráfico. ¿Usted está de acuerdo con eso?

S.B: Si el presidente dice que quiere combatir el narcotráfico, en realidad tiene que combatir a aquellos que trafican con droga, no a los que las consumen. Esto no es cuestión de decretos y de legislación adicional. Las herramientas legales para combatir el microtráfico, los carteles y la gente que negocia con drogas ilícitas no han funcionado muy bien pero es lo que hay. Yo creo que trasladar el costo de la guerra contra las drogas es una cosa absolutamente equivocada como también es poner todo el peso en los productores.

Siempre debe estar el énfasis en aquellos que se están amasando las grandes sumas de dinero con el negocio y su ilegalidad, y esos no son los consumidores y no son los productores.

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SEMANA: En ese sentido, ¿usted cree que el decreto va a prosperar?

S.B: En primer lugar creo que es inconstitucional. A pesar de que ellos dicen que esto no está penalizando el consumo yo creo que al final sí lo está haciendo y lo está haciendo por la puerta de atrás. Creo que adicionalmente es un decreto que no resulta de un estudio y un diagnóstico completo. Creo que si estuvieran realmente preocupados por el consumo de los jóvenes y los niños estarían pensando más en campaña de prevención educacional que en decomiso.

SEMANA: ¿Usted porque cree, por ejemplo, que en países como Canadá las políticas sobre el consumo y el microtráfico funcionan más? ¿Qué le haría falta a Colombia?

S.B: Yo lo que creo es que en los lugares en donde se han construido políticas públicas un poco más pragmáticas para lidiar con esos problemas, son lugares en donde han logrado sacar del espacio de la moral pública la discusión del tema de las drogas y eso les ha permitido por ejemplo hacer algo como lo hace Canadá que es crear centros de consumo controlado. Entonces, claro, si uno piensa que los consumidores son unos criminales uno no puede crear centros de consumo controlado.

Ellos tienen centros de consumo controlado incluso para adictos a la heroína porque se han dado cuenta que la adicción a la heroína es algo muy difícil de combatir y que en algunas ocasiones lo único que realmente se puede hacer es brindarle las mejores condiciones de higiene a la gente para que la consuma y pues ayudarle medicamente a que lidie con su adicción. Pero insisto, eso solo se puede hacer sobre la base de que uno reconozca que el problema está ahí y que tiene que encontrar las formas más adecuadas para combatirlo, no las formas que lo hagan sentir a uno mejor con uno mismo.

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SEMANA: Hay otro proyecto en curso que es el proyecto de poner un tope a la dosis de aprovisionamiento, ¿esta sería una opción mejor a la que propone el presidente?

S.B: Yo tengo la impresión que ese problema ya lo resolvió la Corte Constitucional hace mucho tiempo, o sea la corte ya dijo cuáles son las dosis a la que cada persona tiene derecho y lo que vaya más allá de esa cantidad pues obviamente se constituye en tráfico, yo honestamente le digo que el problema que estoy viendo es que no hay, digamos una voluntad clara y certera de combatir el microtráfico donde hay que combatirlo.

Yo no creo que a nadie le sorprenda que en muchos lugares de Bogotá, por ejemplo, uno ve esas redes de microtráfico operando incluso con la complicidad de la policía y nadie dice nada, entonces ahí lo que hay que revisar es el problema enorme de corrupción que crean los enormes dividendos que genera el tráfico de drogas y mirar a ver cómo se combate eso, pero de nuevo, a nivel de los traficantes y de los expendedores, no a nivel de los consumidores.

SEMANA: A propósito de esto hay otro argumento de personas que están en contra del decreto y dicen que esto lo que va a hacer es beneficiar el negocio de los jíbaros...

S.B: Claro, cualquier impedimento en las medidas restrictivas de consumo de droga lo que hace es disparar los precios, eso ya está absolutamente comprobado y si disparan los precios quiénes son los que salen ganando, los que están traficando. Es una cosa muy rara porque nos hemos dedicado a profundizar un modelo prohibicionista que todos los días demuestra que no sirve, sin embargo continuamos profundizándolo y sabemos además perfectamente que la profundización de ese modelo prohibicionista trae consecuencias nefastas, genera violencia, no reduce el consumo, aumenta los dividendos del negocio y sin embargo seguimos empeñados en mantener esa línea, digamos de aproximación al tema de las drogas ilícitas, simple y sencillamente porque creemos que eso es lo correcto entre grandes comillas, uno no construye política pública necesariamente sobre lo que es correcto si no sobre lo que es posible.

SEMANA: ¿Hacia dónde debería mirar el gobierno si realmente entonces quiere solucionar este problema, debería volverse aliado de qué sectores?

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S.B: Yo creo que la administración Santos entendió muy bien que el lugar en donde tiene que combatir el tema de las drogas es el lugar del tráfico, es la interdicción, lo entendió a nivel nacional y lo entendió a nivel internacional. Seguir combatiendo los productores y seguir combatiendo a los consumidores es una cosa que no va a producir resultados cantantes y sonantes en términos de las ganancias que está produciendo el negocio y en términos de consumo, yo creo que los que deberían estar construyendo política pública no son el ministerio de Defensa como fue el caso de este decreto en particular sino el ministerio de Salud y el ministerio de Educación, si realmente la preocupación son los niños y los jóvenes son esos los ministerios y no el ministerio de Defensa el que debería estar interviniendo para resolver este problema.

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