En el curso de la investigación que adelanta la Fiscalía por el llamado escándalo de los pasaportes, las resoluciones y todos los documentos que salieron del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ente acusador tomó la determinación de citar a imputación de cargos a José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería.
Luego de los análisis que adelantó la Fiscalía, se concluyó la presunta responsabilidad que tendría el exfuncionario en los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público, de ahí la necesidad de adelantar la imputación de cargos para explicar en detalle los elementos de prueba en su contra.
“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, radicó una nueva solicitud de audiencia de imputación contra el exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público”, señaló la Fiscalía.
Entre las evidencias que los fiscales e investigadores encontraron a lo largo del proceso, se advierten unas resoluciones que tenían como objetivo revocar las decisiones del entonces canciller Álvaro Leiva y donde se tumbaron las licitaciones para la adjudicación del multimillonario contrato de los pasaportes.
“El exfuncionario estaría involucrado en la expedición de tres resoluciones en febrero de 2024, las cuales revocaron las decisiones con las que el entonces canciller Álvaro Leyva Durán declaró desierta la licitación 01 de 2023 para la adjudicación del contrato de pasaportes por cerca de medio billón de pesos. De esta manera, restableció el proceso licitatorio y entregó el contrato a la única empresa postulante”, advierte el ente acusador.
Luego de solicitar la audiencia de imputación de cargos ante los jueces de control de garantías, la judicatura programó para el próximo 10 de junio la audiencia de imputación de cargos, donde el exsecretario general de la Cancillería tendrá que escuchar de los fiscales a cargo del proceso, los elementos de prueba y las evidencias en su contra.
La solicitud de imputación de cargos no incluyó una medida de aseguramiento como parte de las diligencias que pidió la Fiscalía ante los jueces y tras el avance del proceso por las irregularidades detectadas en el proceso de licitación para el entonces contrato de los pasaportes.