Por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público, la Fiscalía imputó cargos en contra de José Antonio Salazar, exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de la investigación por las irregularidades en la adjudicación del millonario contrato para los pasaportes.
Adicionalmente al contrato en cuestión, la Fiscalía aseguró que se le atribuye la compra de un predio rural por 950 millones de pesos sin justificación financiera. Son dos los enredos judiciales para José Antonio Salazar que, durante la imputación de cargos, no aceptó responsabilidad.
“Los hechos que se le atribuyen están relacionados con las posibles irregularidades detectadas en la adjudicación del contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor de 559.000 millones de pesos”, señaló la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación, el entonces secretario emitió las resoluciones 1394, 1395 y 1396 del 26 de febrero de 2024, por medio de las cuales revocó el acto administrativo firmado por el canciller Álvaro Leyva Duran que declaró desierta la licitación y negó el recurso de reposición del proponente para quedarse con el contrato.
El ente acusador insistió en que las movidas del entonces secretario de la Cancillería tenían como objeto dar por terminada anticipadamente la urgencia manifiesta que suspendió el proceso contractual. De esta manera, dio vía libre a la adjudicación del contrato al único proponente.
“De acuerdo con los elementos materiales probatorios, con estas actuaciones habría excedido sus competencias, en el entendido de que solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional, y no contaba con autonomía para reabrir y adjudicar procesos contractuales cerrados”, dijo la Fiscalía.
En el curso de la investigación, la Fiscalía logró establecer que el exsecretario de la Cancillería, mientras estuvo en el cargo, adquirió un predio en el departamento de Meta evaluado en más de 950 millones de pesos sin tener justificación financiera o soportes económicos para la adquisición de esa propiedad.
“Se conoció que Salazar Ramírez, quien ocupó el cargo de secretario general entre el 18 de agosto de 2022 y el 26 de febrero de 2024, adquirió durante ese periodo un predio rural en Puerto López (Meta), por valor de 950 millones de pesos, sin tener una justificación financiera. No se advierten transferencias o créditos ni soportes bancarios o patrimoniales que soporten la compra de los inmuebles”, señaló la Fiscalía.
Como no aceptó los cargos, José Antonio Salazar tendrá que enfrentarse en etapa de juicio con la Fiscalía y demostrar allí que sus actuaciones fueron sometidas a la ley y no como lo advierte el ente acusador, con las irregularidades que llevaron a la imputación de cargos.