Está listo el preacuerdo al exrepresentante legal de Centros Poblados por el robo de $70.000 millones a MinTIC

La Fiscalía tiene listo el preacuerdo al que llegó con el exrepresentante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, por el robo de 70 mil millones de pesos al Ministerio de las TIC. Ese trato que le daría beneficios en su condena ya se presentó ante un juez de la República.

Preliminarmente, se habla de que la pena que podría pagar Duque no superaría los cinco años, por el millonario desfalco que terminó con la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinem tambaleando, problemas judiciales, un costo político para el gobierno Duque y con problemas en la conectividad rural de cientos de colegios en el país.

Recientemente, el actual ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, se fue contra la Fiscalía por los avances que ha tenido en esta investigación por, supuestamente, no tener avances, condenas ni reparación económica por el robo de la plata para los niños del país. Sin embargo, por ese caso ya hay una persona condenada.

En conversación con SEMANA, el ministro Lizcano indicó que ese resultado no se debe a una investigación “exhaustiva” de la Fiscalía, sino al producto de una “confesión” que le “permite libertad condicional por ser una pena inferior a 48 meses”.

La Procuraduría ya había alertado que Luis Fernando Duque y por lo menos cuatro altos funcionarios, permitieron que se presentaran incontables fallas, omisiones y negligencias de experimentados funcionarios del Ministerio a la hora de revisar los documentos anexados por las empresas en dicho proceso de contratación.

La Fiscalía confirmó que gracias a esas declaraciones en el caso, como las del empresario Juan Carlos Cáceres, cayeron otros responsables del desfalco como Emilio Tapia, a quien se le imputaron cargos y está a puertas de un juicio por este escándalo de corrupción.

Las dos fases de esa investigación dejaron media docena de imputados y un condenado, quienes decidieron aceptar su responsabilidad, algunos a través de acuerdo, que requieren un grado de reparación. Hasta el momento, se conoce que el MinTic no ha aceptado ni rechazado formalmente ninguna propuesta de reparación.

El ministro Lizcano también le confirmó a SEMANA que las propuestas de reparación que han llegado hasta el momento por el entramado que ocurrió en dicha licitación no han sido viables. Por ejemplo, los empresarios Juan Carlos Cáceres y Emilio Tapia, han ofrecido puntos de conectividad para completar su reparación, algo que para el Gobierno Petro, podría terminar en una interventoría adicional.

El ente investigador ha insistido en varias oportunidades que el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, como víctima del proceso, tiene la posibilidad de aceptar la reparación que ofrecen los indiciados, pero no contestar, se convierte en un problema jurídico para avanzar en los procesos judiciales.

En un informe de la Defensa Jurídica del Estado, donde se advierte que los recursos que han ingresado a las cuentas fiduciarias hacen parte de la reparación de quienes consideraron devolver el dinero que se perdió. Son por lo menos unos 5.700 millones de pesos que fueron entregados en juicio por los condenados que avanzan en un principio de oportunidad.

La defensa de algunos procesados advierte que han remitido diferentes correos al Ministerio que no ha tenido respuesta para avanzar o cambiar la propuesta de reparación. Para el Ministerio de las TIC, aún no existe reparación directa a la entidad porque el dinero que han entregado los implicados sigue en manos de la Fiscalía.