Trascendental decisión: hoy la Corte Constitucional definirá la suerte del caso Uribe

La Corte Constitucional está citada este miércoles para definir una asunto trascendental: la acción de tutela que presentó el abogado del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Granados, quien pidió revocar la condición de imputado del exmandatario, con el argumento que al renunciar su fuero de senador su caso debería ser tomado por el nuevo sistema penal acusatorio. Así las cosas, la indagación, que fue realizada en la Corte Suprema de Justicia, no sería equivalente a un imputación de cargos, como es la situación actual de Uribe.

Se trata de un asunto técnico jurídico, pero que tiene implicaciones importantes para la investigación que adelanta hoy la Fiscalía contra el expresidente Uribe, en el marco de la cual, en noviembre de 2020, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá lo declaró formalmente imputado por presunto fraude procesal y soborno. De fondo, la idea es tumbar esa decisión.

SEMANA habló con expertos abogados penalistas, quienes explicaron las implicaciones de este debate, que es inédito en la justicia de Colombia, en el cual solo existen tres escenarios. El primero, avalar la tutela y tumbar la imputación de cargos contra el expresidente. Segundo, negarla con argumentos de fondo, lo que implicaría que la imputación y la indagación que tuvo Uribe en la Corte no son equivalentes. Y, en tercer lugar, señalar que la tutela no es el mecanismo adecuado para tomar esta decisión, pues debió haber sido apelada y por ende no procede. Esta última, señalan los expertos, significaría, a la larga, una lavada de manos del Alto Tribunal.

Choque de Corte Suprema vs. Corte Constitucional

En este caso hay un capítulo ajeno, pero que tiene implicaciones directas. Se trata del juicio por corrupción contra el exsenador Richard Aguilar, quien, al igual que Uribe, renunció a su curul para que la investigación en su contra la asumiera la Fiscalía. El martes, otro alto tribunal, la Corte Suprema de Justicia, equiparó la indagatoria con la imputación de cargos, y este hecho no puede ser desconocido en el debate, e incluso podría generar un choque de trenes entre la Constitucional y la Suprema.

El abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explicó que “la tutela que se tramita en la Corte Constitucional tiene que ver con si el presidente Uribe, al ser indagado en la Corte Suprema de Justicia, se entiende que este acto equivale a una imputación. El martes, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que imputación e indagatoria son equivalentes. Esto tiene una consecuencia práctica: si son equivalentes, el presidente Uribe seguiría vinculado a un proceso y la Fiscalía tendría que insistir en la preclusión solicitada o acusar formalmente ante un juez”.

La decisión que tomó la Corte Suprema, a la que se refiere el abogado Bernate, es frente al caso del exsenador Richard Aguilar, y equipara la indagación con la imputación. Si la Corte Constitucional, al resolver la tutela, toma una decisión diferente, se daría el choque de trenes, así que este será un nuevo tema abordado en la discusión de hoy, por parte de los nueve magistrados de la Sala Plena.

Los caminos

Como se planteó, existen tres caminos que podría tomar la Corte Constitucional. El primero, sería no acoger la tutela presentada por la defensa de Uribe y, en este caso, la primera conclusión es que Uribe sigue vinculado al proceso penal, formalmente imputado por fraude procesal y soborno. El proceso continuaría y, en últimas, no habría choque de trenes entre las altas cortes.

El segundo escenario, que ha venido cogiendo fuerza, en buena medida por la decisión en el caso Aguilar de equiparar la indagación con la imputación, es que la Corte señale, por motivos de forma, que la tutela no era la herramienta judicial para resolver esta duda, que debió presentarse una apelación, en su momento, cuando el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá lo declaró formalmente imputado.

Ahora, el tercer escenario significaría que se tumba la imputación. La investigación empezaría desde cero en la Fiscalía que podría solicitar el archivo. En este caso, la victima puede pedir el desarchivo a la Fiscalía. Si la niega, la última palabra la tendría un juez. No obstante, esto podría significar que el proceso contra el exmandatario se extendería y que el actual fiscal Gabriel Jaimes pueda ser objeto de una recusación, pues él ha estado argumentando la solicitud de preclusión del caso. La ventaja, en este caso, sería un eventual archivo definitivo de la investigación contra el mandatario.

SEMANA conoció la ponencia del magistrado Alejandro Linares, cuya tesis es que “es acertado asimilar la indagatoria de la Ley 600 a la formulación de imputación de la Ley 906, ya que, a pesar de sus evidentes diferencias, ambas constituyen el medio de vinculación a la actuación penal y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona a conocer los hechos y las conductas punibles por las que se le investiga”.

No obstante, se especula con la decisión que deben tomar los nueve magistrados. Hasta la semana pasada se hablaba de un empate 4 votos contra 4 y la última palabra la tomaría el magistrado restante. Pero, la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia el martes puede influir. Hoy la Corte Constitucional lo definirá.