Exalcalde de La Merced, Caldas, habría favorecido a empresa relacionada con red de corrupción dirigida por el exsenador Mario Castaño

Cada vez se conocen más hechos de corrupción que se desprendieron de la red liderada por el exsenador Mario Castaño, condenado a 15 años de prisión por ser la cabeza de un entramado de corrupción en el que exigía coimas para la entrega de millonarios contratos y convenios en entidades estatales a nivel nacional.

La contundencia de las pruebas presentadas por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción llevó a una juez con función de control de garantías a imponer medidas restrictivas de la libertad a Juan Fernando Ospina Nieto, exsecretario de gobierno y alcalde encargado del municipio de La Merced, en Caldas. Ospina Nieto duró en el cargo un año tras la renuncia de su antecesor, salpicado por el escándalo de Las Marionetas del exsenador Castaño.

La Fiscalía General presentó pruebas que sugieren la posible implicación del acusado en la manipulación irregular de dos contratos suscritos en 2021. El primero, por un valor de 239 millones de pesos, estaba destinado a la intervención y estabilización de taludes en el municipio. El segundo, por 12 millones de pesos, involucraba el suministro e instalación del cielo raso del Palacio Municipal.

La evidencia recolectada indicó que ciertas empresas fueron previamente informadas sobre las condiciones para obtener la adjudicación de estos proyectos, y que las exigencias fueron ajustadas en beneficio de los adjudicatarios.

La investigación del ente acusador reveló que el segundo contrato fue firmado por el propio investigado, quien en ese momento ocupaba el cargo de alcalde encargado. Se sospecha que Ospina Nieto habría recibido 800 mil pesos como contraprestación por estas irregularidades.

“El procesado habría favorecido una empresa aparentemente relacionada con la red de corrupción dirigida por el exsenador Mario Castaño”, aseguró la Fiscalía.

La fuerza de los argumentos presentados por la Fiscalía llevó al procesado a aceptar su responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Ospina Nieto se comprometió a devolver el dinero recibido a la tesorería del municipio y a renunciar a su cargo de alcalde encargado.

Como resultado de las acciones judiciales en curso, Ospina Nieto fue sometido a arresto domiciliario como medida de aseguramiento preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Imputan a dos contratistas que harían parte del entramado de obras públicas del exsenador Mario Castaño

Por otra parte, pero en la misma línea, en julio pasado la Fiscalía General presentó cargos contra los contratistas Camilo Andrés López Giraldo y Fausto Alonso Bedoya Grajales por su presunta participación en una red de corrupción liderada por el exsenador Mario Alberto Castaño, denominada Las Marionetas, porque “movía los hilos” para entregar contratos a dedo. La fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a ambos los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, pero los acusados no aceptaron los cargos.

Las investigaciones del ente acusador revelaron que López Giraldo y Bedoya Grajales habrían establecido vínculos con la red criminal para obtener información privilegiada y direccionar contratos en diferentes entidades a nivel nacional y territorial. Según las pruebas recopiladas por las autoridades, se habrían comunicado con un miembro de la red para acceder de manera anticipada a los pliegos de condiciones y otros requisitos legales y presupuestales en seis procesos contractuales, entre abril de 2021 y marzo de 2022.

En virtud de estas acciones, López Giraldo habría obtenido de forma irregular contratos de obras y de interventoría para el mejoramiento de vías urbanas en Pueblo Rico, en Risaralda, la adecuación de carreteras veredales y la construcción de un parque en La Merced, en Caldas, la construcción de una cancha sintética de fútbol cinco en Balboa, Risaralda, y el contrato de mantenimiento del polideportivo de Aguadas, Caldas. El valor total de los contratos ascendió a 3.074 millones de pesos. En tres de estos negocios, Bedoya Grajales participó como miembro de los consorcios ganadores.

Según las pesquisas, los contratistas, presuntamente, entregaron un porcentaje del valor total de cada contrato de obra y de cada consultoría al entramado de corrupción. En concreto, se estima que entregaron el 10 % del valor de los contratos de obra y el 25 % del costo de las consultorías en algunos de los contratos.

El proceso judicial continuará su curso y se espera que se realicen las respectivas audiencias para determinar la responsabilidad de los implicados en estos actos de corrupción, que afectan la correcta utilización de los recursos públicos y la transparencia en los procesos de contratación.