Un informe de la Fiscalía contradice las decisiones de la misma entidad en la investigación contra la exdirectora del Dapre y exembajadora en Reino Unido por las pruebas arbitrarias de poligrafía y seguimientos ilegales contra Marelbys Meza, quien era su niñera en el momento en que se perdió un maletín con dinero (el monto no se ha determinado) de su casa. Aunque el ente acusador planteó una imputación acorde con la gravedad de los delitos, esta hizo agua y cambiaron los tipos penales por unos de menor impacto.
La imputación que la Fiscalía confirmó contra Laura Sarabia se aparta de lo que, por meses, explicaron los investigadores en mesas técnicas ordenadas por directivas de la entidad. SEMANA conoció los informes que se presentaron como avances en esta investigación y los detalles son reveladores; incluso se advierte que desde hace meses se logró establecer la presunta responsabilidad de Sarabia.
“Laura Camila Sarabia Torres, como jefe de gabinete de despacho presidencial, teniendo la superioridad jerárquica de quienes funcionalmente dependían de la dignidad que ostentaba y con disposición de los recursos necesarios, instigó al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago para que este, a su vez, indebidamente, permitiera que sus subalternos usaran bienes del Estado para cumplir con la orden”, señala el informe que conoció SEMANA.
Sin embargo, a pesar de la contundencia del documento, la imputación que ahora se anuncia contra la exjefe de gabinete de Gustavo Petro resulta, en criterio de las víctimas, “un regalo”: los delitos que se incluyeron –abuso de función pública y hostigamiento ilegal– están cerca de llegar a una prescripción del caso.
El asunto es así. Los informes conocidos por SEMANA revelan detalles de la investigación, que, según fuentes de la misma Fiscalía, estaba lista para la imputación hace meses y por delitos muy distintos, mucho más graves, a los que se advirtieron en los últimos días por el ente acusador. Los documentos, ignorados de un plumazo, revelan que Laura Sarabia iba a ser imputada por empleo ilegal de la fuerza pública y peculado por uso, que tienen penas mayores.
“El actuar de la señora Laura Sarabia no se limitó al ejercicio legítimo de la justicia… sino que, yendo más allá de lo permitido, empleó a los miembros de la Policía de su jefatura para la realización de actividades diferentes a la protección de los altos dignatarios del Estado, valiéndose a través de la línea de mando del coronel Feria para adelantar actividades en procura de un interés particular y personal de la funcionaria”, asevera el documento.
Los informes que conoció SEMANA fueron presentados por los investigadores en largas reuniones con directivos de la Fiscalía; todo estaba listo para una imputación en contra de Laura Sarabia, pero “lo frenaron”, señalaron las fuentes. Advirtieron cómo la investigación entró en un estado de letargo con el cambio de fiscal –justamente cuando llegó a los delegados ante la Corte Suprema de Justicia– por el nombramiento de Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido.
“Laura Sarabia Torres, al ser jefe del gabinete del despacho presidencial, tenía bajo su disposición a los integrantes de la Jefatura para la Protección Presidencial, de quienes se valió a efectos de agotar lo necesario y lograr la recuperación de una ‘gruesa suma de dinero’, y para confirmar la autoría de su empleada doméstica”, sostienen los informes.
Las fuentes que hablaron con SEMANA señalaron que esos informes eran compartidos con la fiscal general y que el planteamiento en ese momento era llevar a imputación de cargos a Laura Sarabia por los delitos que quedaron redactados, pero no ocurrió así; incluso cambiaron el fiscal y luego los delitos.
Los documentos explican en detalle por qué Laura Sarabia sería responsable de usar la seguridad presidencial para recuperar el dinero que, supuestamente, le fue hurtado de su apartamento. Los investigadores indicaron la forma en que la exembajadora, supuestamente, convirtió su cargo como herramienta para “instigar” a funcionarios de la seguridad presidencial.
“Coronel Carlos Alberto Feria, quien, en provecho de la funcionaria, permitió el uso indebido de bienes del Estado –concretamente, los equipos de poligrafía– para la práctica de un examen a la señora Marelbys Meza Buelvas, ciudadana que no reunía las condiciones legal ni reglamentariamente exigidas para la aplicación de dicha prueba con los recursos de esa dependencia”, afirman los informes.
La investigación contra Laura Sarabia arrancó en 2023, luego de que la Fiscalía, en la administración de Francisco Barbosa, confirmó que las pruebas de poligrafía a Marelbys Meza fueron ilegales. Pasaron más de tres años para conocer la primera decisión en el ente acusador.
Se trata de dos momentos en la Fiscalía y en la investigación contra Laura Sarabia. En el primero, consideran que la exfuncionaria usó a miembros de la seguridad presidencial para someter a Marelbys Meza al polígrafo y que esa conducta lleva a la comisión de dos delitos: empleo ilegal de la fuerza pública y peculado por uso.
En el segundo escenario, la Fiscalía ignoró los informes que se redactaron durante meses de investigación y cambiaron los delitos; dejaron abuso de función pública y hostigamiento ilegal, que, de acuerdo con las víctimas y expertos en derecho penal, están lejos de los hechos jurídicamente relevantes.
“Se está dejando por fuera el delito más grave: peculado. Es claro para la representación de víctimas que este delito probablemente se cometió. Queremos que la Fiscalía haga contacto con la representación de víctimas. Hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna llamada o acercamiento por parte de la Fiscalía y menos por la delegada ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo el abogado Wilson Pulido, de la firma WPC, representante de víctimas en este caso.
El problema no es la interpretación de las conductas investigadas, que claramente pueden variar entre fiscales y despachos, como ocurrió con la investigación contra Laura Sarabia, que paseó por la Dirección contra la Corrupción y los delegados ante la Corte Suprema de Justicia. El meollo del asunto está, según las víctimas, en que los delitos que serán imputados tienen un riesgo alto de prescripción.
“La fiscal que tenía el caso en Bogotá y varios procesos fue retirada y trasladada a otro departamento. El nuevo fiscal que continuó con los expedientes tampoco se ha comunicado con nosotros y, en este hecho puntual, en contra de la ciudadana Laura Sarabia, menos se ha tenido comunicación. Le pedimos a la Fiscalía que nos escuche porque tenemos mucho para aportar”, dijo el abogado Pulido.
Recientemente, también se conoció que un oficial de la Policía, jefe de Hurto a Residencias en la Sijín de Bogotá para la fecha de los hechos, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía que fue aprobado por un juez y en el que advierte cómo Laura Sarabia dio la orden de adelantar las pruebas de poligrafía a Marelbys Meza.
“En llamada telefónica con el coronel, (Laura Sarabia) le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a su empleada de servicio. Además, precisará que el coronel al que Sarabia Torres llamó en esa tarde era el que se encargaba de la designación de su esquema de seguridad y también el jefe de la teniente Sandy (Carlos Feria)”, señala el documento de la Fiscalía.
La declaración de ese oficial, que se convirtió en testigo del ente acusador, será fundamental para establecer la responsabilidad que tendría la exjefe de gabinete en las conductas que fueron investigadas durante años. La Fiscalía dijo que Laura Sarabia “instigó” y usó bienes del Estado para fines “personales”, aunque ahora la misma Fiscalía considera que solo se extralimitó en sus funciones.