El general retirado Óscar Enrique González Peña, excomandante del Ejército Nacional, denunció “la implantación de falsas memorias” a testigos de la Jurisdicción Especial para la Paz.
“Diversas fuentes describen un mismo patrón: antes de asistir a ciertas audiencias, algunos comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) participan en espacios grupales de reconstrucción narrativa, muchas veces en hoteles o lugares externos a las sedes de la jurisdicción”, indicó, inicialmente, el oficial retirado.
“Se trata de encuentros ‘facilitados’ con trabajadores sociales, psicólogos y magistrados auxiliares, donde varios participantes —a veces condenados, a veces aspirantes a beneficios— comparten, ajustan y moldean sus versiones antes de declarar formalmente. A simple vista estos ejercicios podrían parecer un simple acompañamiento psicosocial, pero desde la psicología del testimonio, una práctica así —si existiera o llegara a existir— sería incompatible con cualquier estándar serio de protección de la memoria individual. Cuando la verdad empieza a construirse colectivamente, fuera del expediente y sin contradicción, el riesgo de memoria inducida se dispara, y lo que debería ser testimonio personal se transforma en una narrativa compartida", agregó el excomandante del Ejército Nacional.
“La esencia de cualquier sistema judicial serio es que la verdad surja de la memoria individual: esa huella imperfecta pero propia que cada persona conserva de los hechos. Cuando esa memoria se altera, se coordina o se reconstruye colectivamente, la justicia pierde su fundamento. La ciencia cognitiva ha demostrado durante décadas que la memoria no es un archivo fijo, sino un proceso reconstructivo frágil que cambia cada vez que se evoca, no reproduce los hechos, los reinventa según emociones, lenguaje, presiones e incentivos”, aseveró. “Las dinámicas grupales tienden inevitablemente a transformar la memoria episódica en memoria narrativa. Esa transformación puede servir en espacios de acompañamiento emocional, pero es incompatible con la justicia, que exige precisión, autenticidad y trazabilidad, por tanto, cualquier procedimiento que invite a recordar en presencia de terceros, bajo un ambiente cargado o con incentivos claros, no preserva la memoria: la contamina. Y una memoria contaminada produce todo lo contrario a la verdad judicialmente válida”, agregó, sin dar cuenta de algún hecho en particular.
De acuerdo con el oficial retirado, la verdad termina siendo construida, no auténtica, y de ahí se puede crear un sesgo o desinformación respecto a la reconstrucción de hechos. “Todos los seres humanos tienden a buscar información que confirme sus creencias o necesidades previas. En la JEP, donde la libertad, los beneficios y las sanciones dependen de la narrativa, este sesgo opera con fuerza. Un compareciente no recuerda lo que pasó, recuerda lo que le conviene creer que pasó, lo que necesita que encaje, lo que cree que el sistema espera. Ajusta detalles ambiguos, reinterpreta hechos, atribuyen órdenes donde no las hubo o reorganizan la secuencia narrativa para satisfacer lo que creen que la JEP espera de ellos para satisfacer el requisito de ‘verdad plena’. Esta tendencia humana es natural, pero devastadora en justicia: convierte la verdad en un mecanismo de adaptación a las demandas del sistema. Así, cuando se combinan memorias reconstructivas, influencias sociales, sesiones grupales, incentivos jurídicos y el sesgo de confirmación, el resultado no es verdad: es narrativa inducida. Y una narrativa inducida no debería jamás considerarse como fundamento para condenar o absolver a una persona. Solo sirve para erosionar la justicia y comprometer el Estado social de derecho”.
“La conservación de la prueba testimonial exige proteger la memoria original. Cuando se permiten reconstrucciones colectivas, acompañamientos narrativos o ejercicios grupales de verdad, la institución rompe la cadena de integridad y legalidad probatoria. La memoria deja de ser un recuerdo y se convierte en una mezcla de vivencias, suposiciones, sugerencias y presiones. Ninguna víctima merece una verdad degradada así, construida a partir de recuerdos contaminados. Y ninguna persona sometida a un proceso puede (ni debe) enfrentarse a una versión producida por varios, moldeada entre varios y validada por la presión del entorno”, insistió el oficial retirado.
“Y aquí aparece el punto más grave: la vulneración del debido proceso para quienes no aceptan responsabilidad. Cuando la versión colectiva adquiere fuerza moral y jurídica dentro del expediente, la persona que mantiene su inocencia queda atrapada en una verdad que no surgió de los hechos, sino de la interacción entre quienes sí aceptaron cargos. Esa ‘verdad compartida’ se convierte en una muralla imposible de derribar, porque ya no depende de pruebas sino de un consenso narrativo. Es la negación completa del derecho a la contradicción, a la defensa técnica y a la verdad procesal. Este planteamiento no es un capricho ni una crítica ligera, ni una percepción aislada. Es un llamado urgente a proteger la columna vertebral del sistema transicional: la verdad auténtica”, dijo. La JEP no se ha referido a este pronunciamiento del excomandante del Ejército Nacional.
