Exfiscal Montealegre renuncia a defender a congresista Edwin Ballesteros ante la Corte Suprema

Este martes, en medio de la indagatoria que adelanta la Corte Suprema, renunciaron los abogados del representante Edwin Ballesteros, del Centro Democrático. En primer lugar, el exfiscal Eduardo Montealegre, y después, el exmagistrado Julio César Ortiz. La razón, según explicaron en una carta, es por falta de garantías para la defensa.

El Alto Tribunal adelantó ayer y hoy la indagatoria en medio de la investigación por presuntos hechos de corrupción, esto mientras Ballesteros estuvo al frente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), entre 2014 y 2016.

“Esta renuncia la presentamos ante su despacho, en virtud de la flagrante vulneración de garantías constitucionales por parte del magistrado”, refiriéndose a Héctor Alarcón, quien pertenece a la sala de instrucción. Y agrega: “Especialmente la violación del derecho fundamental a la defensa, durante la diligencia de indagatoria que fue celebrada el día de hoy, dentro del proceso de referencia”.

En junio de este año, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de abrir investigación penal contra el representante Ballesteros, al señalar que se “dispone vincularlo mediante indagatoria, por hechos relacionados con presuntos contratos irregulares en la Empresa de Servicios Públicos de Santander”.

Los delitos que se investigan para determinar si Ballesteros incurrió o no en alguno o varios son: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.

En total son 3 contratos investigados: el primero es el 157 de 2014, que fue suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander e Ingream S. A. S. (representada legalmente por Octavio Reyes Sarmiento), el 29 de diciembre de 2014. Este contrato puntual fue firmado por la suma $1.188.804.830 y su objetivo era el mantenimiento del sistema de alcantarillado en un sector denominado El Casino, cerca de algunos tramos del municipio de Sucre (Santander).

Ballesteros, por su parte, insiste en que es inocente y que demostrará ante la justicia que no hubo irregularidad alguna.

Esta decisión tiene que ver con un proceso que se surte contra el exsenador Richard Aguilar en la Fiscalía tras su renuncia al fuero.

Puntualmente lo que ocurre es que habría existido, presuntamente, un previo acuerdo entre los dos para la adjudicación de los contratos para la construcción de los acueductos de los municipios de Chipatá y Barichara a Octavio Reyes Sarmiento, a cambio de 600 millones de pesos.

Otro contrato, del 23 de febrero de 2015, es por 472 millones de pesos. En este caso es para una planta para potabilizar agua en Enciso (Santander). Ese documento se firmó con la Unión Temporal Enciso Potable.

Y hay un tercer contrato, puntualmente del 4 de diciembre de 2015 con la Unión Temporal Enciso Potable, por más de 4 mil millones de pesos para el sistema de acueducto en el municipio de Landázuri.

Ahora lo que debe ocurrir es que la diligencia de indagatoria podría tener una nueva fecha que sería definida en los próximos días. La Corte sigue en la investigación y Ballesteros deberá entregar las explicaciones del caso.