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“Farc debe reconocer casos de esclavitud o trabajo forzado en su política de secuestro”: Procuraduría

El Ministerio Público asegura haber documentado más de 70 casos en los que las víctimas de secuestros fueron obligadas a realizar trabajos forzados.


La Procuraduría General de la Nación indicó este viernes que, al acoger el concepto de esta entidad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló que las Farc-EP sí incurrieron en el crimen de lesa humanidad de esclavitud y que en efecto acudieron a trabajos forzados como manera de castigo, lo cual -además- hacía parte de la política de secuestro que tenían implementada en el país.

“Luego de aceptar las observaciones hechas por la Procuraduría al macrocaso 01, que trata sobre la ‘Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP precisó que “las Farc-EP cometieron otros crímenes de lesa humanidad de manera concurrente con las privaciones de la libertad”, tal como lo había argumentado el Ministerio Público”, señaló la Procuraduría en un comunicado.

El Ministerio Público también resaltó que en las observaciones al caso relacionado con la ‘Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’, esta entidad documentó más de 70 casos en los que las víctimas de secuestro fueron obligadas a realizar trabajos forzados, siendo los más afectados por este fenómeno los campesinos y transportadores.

Aseguran que, en medio de la investigación, encontraron un patrón de conducta en los relatos de las víctimas que les permitió evidenciar que muchas personas fueron obligadas a transportar guerrilleros y a realizar actividades agrícolas como modos de castigo ilegítimo, entre otros.

Desde la Procuraduría también recalcaron haber documentado varios casos en los que las víctimas fueron comercializadas entre la guerrilla y la delincuencia común, ejerciendo atributos de propiedad sobre las personas.

“Estas conductas configuraron crímenes de lesa humanidad, por lo que los comparecientes del caso 01 tendrán diez días hábiles para reconocer esta conducta ante la Sala de Verdad. Esta es la primera vez que se imputa este tipo de actos como parte de un patrón generalizado y sistemático de ataques dirigidos en contra de la población civil, cometidos por parte de las Farc-EP”, concluyó la Procuraduría.

Por otra parte, tal como SEMANA había anticipado, la Procuraduría General de la Nación le comunicó recientemente a la JEP que es “determinante que los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconozcan que existieron órdenes en las filas guerrilleras de matar a secuestrados en casos de insubordinación e intentos de rescate, y que no tenían protocolos claros ni definidos que buscaran garantizar la vida por encima de cualquier otro propósito”.

Frente a este tema, quien señaló esto fue el procurador delegado con Funciones de Coordinación e Intervención ante la JEP, en la audiencia de observaciones de las víctimas del caso 01 ´Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad´, que se desarrolló en Bogotá, al pronunciarse sobre la necesidad de que los excombatientes de las Farc-EP cumplan con sus compromisos de verdad.

Según el delegado, frente a los reconocimientos individuales ante la JEP, “la Procuraduría evidenció una constante ausencia de responsabilidad en hechos en los que los comparecientes participaron directamente. El lenguaje apuntó siempre a una idea en general: aceptar responsabilidad por la política de secuestros, pero por haber pertenecido a las Farc o por haber estado en el Secretariado”.

Para el Ministerio Público, la forma de aceptación de responsabilidad en estos términos despersonaliza el reconocimiento individual, desconoce y oculta los daños causados, pues se ampara en temas abstractos de la estructura organizacional de las Farc.

“La Procuraduría cuestiona y considera problemática la manera en que se les exigió a los comparecientes la aceptación de responsabilidad de la JEP, en la que solo reconocen la responsabilidad de la organización, teniendo la oportunidad de disolver su participación individual y directa en casos concretos”, dijo el procurador delegado.