Fiscal Barbosa se reunió con su homólogo de El Salvador, ¿cuál fue el motivo del encuentro?

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, cumplió una agenda estratégica en la que se reunió con la procuradora general de República Dominicana, Miriam Germán Brito, y con el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Antonio Delgado Montes.

En los encuentros, se acordó fortalecer la cooperación judicial para combatir mancomunadamente el narcotráfico, el lavado de activos y el tráfico de migrantes, entre otras amenazas trasnacionales.

En una jornada de diálogo y trabajo, el fiscal general y su homólogo de El Salvador indicaron la necesidad de suscribir un convenio marco de cooperación para enfrentar de manera coordinada la criminalidad que afecta a los dos países; plantearon mantener intercambios y capacitaciones para actualizar a fiscales e investigadores de las dos entidades.

Los delitos relacionados con la cibercriminalidad, los que afectan a los niños, niñas y adolescentes; al igual que los ambientales, especialmente la explotación ilícita de minerales, fueron eje fundamental de la reunión. En este aspecto, el fiscal Barbosa Delgado también compartió los avances de la estrategia dispuesta contra el maltrato animal, a través del grupo Gelma.

De igual manera, se hizo mención respecto a los buenos resultados en seguridad territorial y se compartieron valiosas experiencias en afectación a las economías criminales, gracias a la aplicación del mecanismo de extinción del derecho de dominio.

“Compartir experiencias para mejorar en nuestras instituciones y, por supuesto, tratar de encontrar lazos con otras fiscalías, también de la región, con el único propósito de unirnos en este trabajo para beneficio de nuestros ciudadanos y para beneficio de la justicia en la región”, concluyó el fiscal general, al enfatizar sobre las bondades de los encuentros estratégicos internacionales.

Más temprano, en Santo Domingo (República Dominicana), el fiscal Barbosa Delgado y la procuradora Miriam Germán Brito reiteraron el compromiso de articular capacidades contra la criminalidad organizada y compartieron experiencias y posibles salidas para enfrentar nuevos retos que plantea la ciberdelincuencia.

“En esta reunión estratégica analizamos operativos conjuntos y resultados en la lucha contra un enemigo común entre las regiones, que es la criminalidad organizada transnacional”, resaltó el fiscal general.

En el encuentro con la procuradora general de República Dominicana, se acordó renovar los lazos de cooperación judicial y compartir buenas prácticas investigativas que se puedan aplicar por las dos entidades.

El fiscal fue noticia días antes, al hacer una revisión de los avances de la estrategia investigativa en defensa de los recursos naturales y en contra de las redes criminales que arrasan con los bosques y destruyen las fuentes hídricas del país.

Según informó el jefe del ente investigador, durante los primeros seis meses de 2022, 117 personas han sido capturadas y judicializadas por delitos ambientales, en 48 operativos contra la deforestación, la explotación ilegal de minerales, el tráfico de fauna y el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.

“21 de estos procedimientos, que dejan 55 judicializados, han estado dirigidos contra los depredadores de la Amazonia, las zonas de reserva natural y los Parques Nacionales Naturales”, sostuvo el fiscal Barbosa.

Las cifras en materia de deforestación son alarmantes. De acuerdo con lo revelado por la Fiscalía, las acciones articuladas con la Fuerza Pública han permitido intervenir 7.585 hectáreas deforestadas, que equivalen a 8.925 canchas reglamentarias de fútbol.

De otra parte, contra la minería ilegal se han ejecutado 21 operaciones, con 59 capturados en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Chocó, Córdoba, Meta, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca y Sucre.

“En este trabajo se ha perseguido el patrimonio de los involucrados en delitos ambientales. Hasta el momento se han impuesto medidas con fines de extinción del derecho de dominio a bienes avaluados en casi 3.000 millones de pesos”, indicó el funcionario.