El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue citado para el próximo viernes 24 de julio ante la Fiscalía General para rendir indagatoria en la investigación que se le adelanta por los hechos que rodearon las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
En una serie de publicaciones en su cuenta de X, el exmandatario cuestionó la decisión tomada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Esto, por considerar que no se han practicado las pruebas testimoniales, documentales y técnicas solicitadas por su defensa en los últimos años. “Esto es un atropello”, enfatizó el exmandatario (2002-2010).
El exmandatario recordó que así empezó su proceso en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, bajo la batuta del magistrado César Reyes, quien en agosto de 2020 ordenó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su contra por presunta presión a testigos.
Este caso, vale la pena recordar, fue por el mismo que el expresidente Uribe fue llamado a juicio en el año 2025 y por el cual fue sentenciado, en primera instancia, a doce años de prisión; para luego ser absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia.
Para el expresidente, en el caso de las masacres de El Aro y La Granja se le han vulnerado constantemente sus derechos al debido proceso y a la defensa.
“Me atropella negando recursos”, manifestó el exjefe de Estado frente al actuar de la fiscal delegada. La defensa del exmandatario ha sostenido que desde noviembre de 2023, fecha en la cual se pidió una versión libre en este caso y la presentación de pruebas, el expediente estuvo quieto hasta que se reactivó en plena época electoral.
Fuentes cercanas indicaron que a comienzos de este año se empezó a generar una presión inusitada dentro de la Fiscalía General para mover el caso.
La Fiscalía en un tema sustancial como llamarme a Indagatoria a dos días de elecciones sin haber practicado las pruebas que la fiscal ordenó me atropella negando recursos.
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 23, 2026
El expresidente ha negado en diferentes oportunidades y escenarios judiciales tener relación con las masacres de La Granja, registrada en zona rural de Ituango, Antioquia, cometida por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) el 11 de junio de 1996; y la de El Aro, entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre de 1997.
Las pruebas del expresidente Uribe
En un extenso reportaje publicado a finales de mayo pasado, ante la inminente citación a indagatoria, SEMANA reveló el arsenal probatorio del expresidente Uribe para demostrar las contradicciones de los principales testigos en su contra.
El exmandatario ha señalado que el ente investigador ha movido, a su conveniencia, las declaraciones de otros expedientes judiciales para conformar una acusación en su contra.
Igualmente, pidió que se tuvieran en cuenta varios registros de personas que hacían parte de la Gobernación de Antioquia para el momento de los hechos materia de investigación.
Entre estos, “los nombres, apellidos y datos biográficos de todos los funcionarios que integraron el esquema de seguridad del doctor Álvaro Uribe Vélez durante su periodo como gobernador”.
Los uniformados, según la tesis de la defensa, son testigos de primera mano de cada uno de los movimientos del expresidente, con lo que se puede desvirtuar la acusación de tener conocimiento o haber prestado elementos de la gobernación para la ejecución de las masacres.
La ya famosa Hacienda Guacharacas (que ha sido mencionada en varios procesos penales) también está mencionada en las pruebas solicitadas, haciendo referencia a unos homicidios relacionados con el hurto de ganado por parte del ELN y a la información sobre eventuales investigaciones disciplinarias contra miembros de la Policía y del Ejército que estén relacionados con la masacre de El Aro.
Una fuente indicó que, al parecer, ninguna de estas pruebas fue valorada al momento de tomar la trascendental decisión de citar al expresidente a indagatoria.