La Fiscalía General de la Nación imputará el próximo 19 de marzo a dos de los cinco interventores que ha tenido la empresa Air-e desde que fue intervenida por el Gobierno nacional.
Según conoció SEMANA, se trata de Diana María Bustamante y Nelson Javier Vásquez, quienes serán imputados por el delito de fraude a resolución judicial, contemplado en el artículo 454 del Código Penal colombiano, conducta que puede acarrear penas de hasta 48 meses de prisión.
La investigación se origina en la reiterada negativa de los interventores a entregar información sobre la administración de la empresa durante el periodo de intervención. Incluso, un fallo del Consejo de Estado ordenaba a quienes ejercían la intervención suministrar información a los accionistas de Air-e sobre el proceso en curso, una instrucción judicial que, según las denuncias, no fue acatada.
La falta de información ha sido objeto de cuestionamientos no solo por parte de los accionistas, sino también por organismos de control. Tanto la Procuraduría General de la Nación como la Contraloría General de la República han advertido sobre las dificultades para acceder a información clave relacionada con la intervención, una preocupación que también han manifestado diversos gremios empresariales del Caribe.
Uno de los puntos más sensibles se relaciona con un acuerdo de pago cercano a los 200 mil millones de pesos, presuntamente celebrado con una empresa del fallecido empresario William Vélez. En su momento, SEMANA reportó sobre los dudosos acercamientos de los funcionarios de Air-e con la empresa Interaseo.
Varios medios de comunicación han revelado que la firma Ernst & Young, una de las más importantes empresas de revisoría fiscal en el mundo, que venía acompañando a la empresa desde antes de la intervención, emitió una “abstención de opinión” sobre los estados financieros dado que el revisor fiscal no tuvo la información necesaria para dar una opinión profesional.
Pese a múltiples solicitudes de información por parte de Ernst & Young, los interventores nunca entregaron los documentos relacionados con ese acuerdo con Interaseo a la revisoría fiscal.
El pago genera interrogantes adicionales porque presuntamente habría sido realizado en contravía de directrices de la propia Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), que había advertido sobre la necesidad de no realizar pagos correspondientes a obligaciones previas a la intervención. Además, el monto del acuerdo parece ser superior a los valores registrados en la contabilidad de la empresa antes de que esta fuera asumida por el Estado.
Este acuerdo habría sido suscrito, supuestamente, por Tania Peñaranda, actual interventora encargada de Air-e, y por Edwin Palma, hoy ministro de Minas y Energía, cuyo primo hermano era y sigue siendo el contador de la empresa.
Recientemente, los generadores de energía denunciaron que, desde que se dio la intervención, Air-e ha dejado de pagarles aproximadamente 2 billones de pesos. Esta cifra es independiente de las deudas previas a la intervención con los generadores, las cuales, según fuentes conocedoras del proceso, aún no estaban vencidas cuando llegó el primer interventor.
La falta de un plan claro, técnico y ordenado también fue denunciada a principio de la semana por la Procuraduría General de la Nación, que advirtió que Air-e no ha explicado las medidas que está tomando para encontrar una solución empresarial, no ha presentado una trazabilidad clara del proceso de intervención ni ha dado explicaciones sobre los cinco cambios de interventor.
Esta situación se suma a la polémica generada por el anuncio del ministro Edwin Palma de cobrar 8 pesos por kilovatio hora (kWh) a cada colombiano para cubrir el déficit derivado de la mala gestión y administración durante la intervención estatal.
Como reveló SEMANA, uno de los contratos más polémicos fue firmado cuando Edwin Palma se desempeñaba como interventor de la empresa. Se trató de un acuerdo que posteriormente fue objeto de fuertes críticas y terminó siendo suspendido, luego de que salieran a la luz dudas sobre su conveniencia y el proceso mediante el cual fue adjudicado. Según la información conocida, el contrato ya había permitido el giro de alrededor de 14.000 millones de pesos antes de que se tomara la decisión de detener su ejecución.