Aunque poco a poco se ha ido aclarando el alcance de la decisión que tomó el Gobierno de Abelardo De La Espriella con la fumigación aérea sobre cultivos ilícitos, el congresista del Pacto Histórico, Jairo León Vargas, criticó la iniciativa.
La medida que tomó la administración actual, en medio de los reclamos en Colombia por el aumento en las cifras de producción en los hatos cocaleros, lo que refleja debilidad operativa del Estado, no es de desplegar de inmediato los helicópteros con fumigantes.
Lo que hizo fue eliminar la norma que mantenía suspendida la aspersión aérea, algo que, claramente, deja abierta la posibilidad de reactivar la fumigación.
Al respecto, el congresista del Pacto Histórico, Jairo León Vargas, se pronunció.
En su crítica, se alineó con la posición del partido político al que pertenece, que además, tiene en trámite en el Legislativo un proyecto de ley, promovido, entre otros, por la senadora Esmeralda Hernández.
La iniciativa busca consagrar por ley la prohibición total del glifosato y sus derivados, para la erradicación de cultivos ilícitos, argumentando una grave afectación ambiental y de la salud humana.
“No depende de la voluntad del Gobierno”
Ante el mensaje de la nueva administración, de querer volver a una política de erradicación forzosa de los cultivos de coca con aspersión aérea en grandes extensiones, Vargas puso de presente su posición al respecto: “Volver a fumigar con glifosato no depende de la voluntad del Gobierno”.
El congresista, que durante el Gobierno Petro participó activamente en la cartera de salud, recordó que “la Corte Constitucional estableció condiciones claras: proteger la salud y el ambiente, y garantizar la consulta previa donde corresponda. Sin cumplirlas, no puede haber aspersión”.
En su pronunciamiento, retomó un mensaje que posicionó el gobierno anterior: “El agua y la vida de nuestros territorios no se negocian”.
El problema es que, las cifras alrededor de los cultivos ilícitos, se incrementaron. Solo entre 2022 y 2024, el área aumentó aproximadamente en 13,5 %. Y la evidencia de la escasa acción contra ese flagelo era que alrededor del 90 % de dichos cultivos permanecía en zonas donde ya había coca históricamente, particularmente en Nariño, Putumayo y Norte de Santander.