Los procesos contra los mayores generales (r) Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y Miguel Ernesto Pérez Guarnizo; del general (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar; del brigadier general (r) William Fernando Pérez Laiseca, y del teniente coronel (r) Fernando Moncayo Guancha por las ejecuciones extrajudiciales registrados en el departamento del Huila pasaron a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Sala de Reconocimiento de la JEP remitió estos procesos contra los oficiales después que no reconocieran responsabilidad alguna en el Caso 03 que hace referencia a los llamados falsos positivos. La UIA deberá proceder con activar la ruta adversarial. De ser vencidos en juicio podrán enfrentar una condena hasta los 20 años de cárcel.
El complejo expediente hace referencia a 200 asesinatos, 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio que habrían sido ejecutadas por integrantes del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza, Batallón de Infantería N.° 27 Magdalena, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 11 y a la IX Brigada.
En uno de los apartes del caso se indica que “192 de las 264 muertes reportadas por esas unidades militares, entre 2005 y 2008, fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate”, pese a que las pruebas documentales y testimoniales indican que no se habrían presentado estos combates. Por esto, en noviembre de 2023, la JEP calificó estos hechos como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Para la Sala, los oficiales tenían conocimiento claro de las irregularidades en la presentación de cifras de bajas en combate. Igualmente, dieron órdenes precisas para que se alteraran las acciones y se presentaran a civiles ajenos a la confrontación armada como integrantes de grupos armados ilegales en el departamento del Huila. “Incumplieron sus obligaciones constitucionales”.
“Desde el mando que ocuparon fueron permisivos, laxos en los controles y no ejercieron sus competencias de prevención, investigación y sanción. Esto facilitó la difusión, permanencia y encubrimiento de los crímenes. Sus omisiones contribuyeron a la consolidación de los tres patrones macrocriminales documentados en el Subcaso Huila, una de las seis zonas priorizadas en la investigación”, señala uno de los apartes de la decisión que calificó esta situación como un caso de lesa humanidad.
En este punto se advierte que oficiales del Ejército que comandaban las respectivas Brigadas y Batallones dieron órdenes para que se estigmatizara a la población civil “mediante señalamientos arbitrarios de pertenecer a un grupo armado. La preparación, ejecución y encubrimiento evidencian un alto nivel de planificación”.
Igualmente, “se buscaba lograr la percepción de ‘debilitamiento del enemigo’ y se alegaba debilidad institucional para la judicialización de los supuestos colaboradores de los grupos armados”. Las víctimas eran personas de bajos recursos, con problemas de drogadicción o habitantes de calle. “Estas acciones se basaban en actividades de inteligencia que contradecían los procedimientos de la doctrina militar”.
Desde un principio sabían que los civiles retenidos no hacían parte de la guerrilla de las Farc y pese a esto los presentaron, en los informes oficiales, como subversivos abatidos en combate. “La Sala de Reconocimiento de la Verdad logró esclarecer la ocurrencia de conductas criminales perpetradas en la región hace varios años y sobre los que la Justicia Penal Militar no logró avances significativos, pese a las denuncias que hubo en su momento”.
Con la presentación de estas cifras se buscaba demostrar resultados operacionales en esa región del país para así obtener ascensos, reconocimientos y hasta vacaciones.