Gobierno controvierte a ONU y le baja la caña a situación de líderes sociales

El Gobierno terminó de hacerle observaciones al desolador panorama que presentó el relator de la ONU, Michel Forst, tras su visita a Colombia. Dos meses antes de que se lleve a cabo el debate ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo, la Cancillería radicó un documento de 20 páginas en el que cuestiona uno a uno los puntos que reseñó el diplomático francés en su informe. 

En el documento conocido por SEMANA, la administración del presidente Iván Duque pone en duda la calidad de la información proporcionada tras la visita de 14 días que realizó al relator en diciembre del 2018, cuestiona el fin de su visita y le recomiendan no solo recurrir "a cifras e indicadores emitidos por organizaciones de la sociedad civil, colombianas y extranjeras", sino también a los "reportes y datos producidos por las entidades del Estado".

A la polémica en torno al manejo que el Gobierno le viene dando a la crítica situación que enfrentan los líderes sociales y defensores de derechos humanos, ahora se suma otro componente: la poca receptividad que tuvo el Gobierno frente a la lectura de país que hizo el delegado de las Naciones Unidas en el informe final que presentó hace unos meses y que será llevado a discusión en Ginebra, en marzo. 

Si bien es cierto que tras esa visita Forst se comprometió a presentar el documento final hasta 2020, para darle un margen de acción a la nueva administración que había acabado de posesionarse, el malestar que despertó esa primera lectura de país, terminó por cerrarle las puertas a una eventual visita de seguimiento que le facilitara entregar un informe más completo. 

De hecho, debido a que los relatores de la ONU solo pueden entrar con la venia de cada Gobierno, tras la polvareda que se levantó por su despliegue en terreno, la administración Duque habría optado por atajar las visitas del resto de relatores que estaban interesados en el país. Esto incluye a los de derechos de las mujeres, del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos, del derecho al agua y el de detenciones arbitrarias; estos se quedaron esperando que se concretara la invitación.

Uno de los puntos que más molestó al Gobierno es que hayan cambiado los términos en los que se acordó la visita. Mientras que en la declaración de fin de misión se habla de "determinar, bajo un espíritu de cooperación y diálogo, si el Estado colombiano ha podido proporcionar un entorno seguro y propicio para los defensores", en el documento que conoció el Gobierno hace unas semanas se habla de "examinar si el Estado está garantizando un entorno seguro" y "observar los esfuerzos de la nueva administración".

El documento de la Cancillería al que SEMANA tuvo acceso, se queja de una "actitud crítica y política que evidencia el informe y la ausencia de consideraciones y recomendaciones sobre acciones concretas enfocadas a resultados, no favorecen la cooperación y el diálogo".

Las visitas de los relatores a los países siempre levantan ampollas y Colombia no fue la excepción. En este caso, sin embargo, el informe final condujo a un viraje en el manejo de las relaciones. No solo por la tajante decisión de cerrarle la puerta a los demás relatores sino también por el manejo que se le dio al lenguaje en el informe que lo cuestiona por "ocupar la mayor parte de su contenido a realizar señalamientos". 

"La respuesta colombiana no solo es agresiva para un Estado que dice colaborar con el Consejo si no que de otra parte intenta deslegitimar el informe y al relator. Es decir, al mensaje y al mensajero", dijo una fuente a SEMANA que pidió no ser citada.

La sorpresa despertada por los reparos del Gobierno en varios círculos diplomáticos tiene que ver con las acusaciones de imparcialidad, falta de rigurosidad, omisión de información que lanza el Estado contra el diplomático francés. 

Lo critican por apoyarse únicamente en cifras proporcionadas por la sociedad civil, de hacer afirmaciones infundadas basadas en juicios de valor, de desconocer los esfuerzos realizados por el actual Gobierno y de actuar fuera de su mandato sin tener en cuenta el espíritu de cooperación. 

Bajo este contexto, se explica por qué además de los comentarios y observaciones, la Cancillería incluye una extensa explicación de los programas, planes y métricas que ha alcanzado el Gobierno en materia de derechos humanos desde que se posesionó el presidente Iván Duque. 

Polémica por cifras de líderes sociales

Uno de los puntos sobre los que llama la atención el documento es que para el Gobierno se evidencia una disminución de agresiones contra defensores y líderes sociales "que oscila entre el 25 y el 33 por ciento desde que se puso en marcha el Plan de Acción Oportuna (PAO). A pesar de que organizaciones como Somos Defensores retrataron una tendencia similar el año pasado, según explican, no tiene que ver con la adecuada respuesta del Estado, sino porque se dispararon otras agresiones.

Por lo menos 591 asesinatos, amenazas, atentados y detenciones documentó el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH) solo en 2019. Aún así, el Gobierno considera que "el relator no aporta una fuente confiable para soportar" que "Colombia sigue siendo el país con el mayor índice de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en América Latina. Por eso, le solicitan retirar la mención del informe, "debido a que carece de fundamentos sólidos y estigmatiza a las instituciones y a la sociedad colombiana". 

La molestia también se extiende al panorama que Forst abrió sobre los responsables. Mientras él anota que la gran mayoría de los defensores están en peligro y que actores estatales y no estatales, incluidas las empresas nacionales e internacionales estarían presuntamente detrás de esa amenaza, el Gobierno "rechazó tajantemente estas graves e irresponsables afirmaciones, en la medida en que el relator no aporta suficiente sustento fáctico para soportarlas". 

Para el Gobierno del presidente Iván Duque, "con estas afirmaciones, ajenas a la realidad del contexto nacional, el relator desvirtúa el propósito de su visita en particular, y de los procedimientos especiales en general, de brindar al Estado cooperación, asesoría y asistencia técnica orientadas al fortalecimiento de las capacidades estatales".