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Gobierno responde a JEP: queremos que las muertes de exguerrilleros lleguen a cero

La Justicia Especial para la Paz (JEP), denunció que 2021 ha tenido el inicio de año más violento desde la firma del acuerdo con la extinta Farc.


La Presidencia de la República, por medio de la Consejería de Consolidación y Estabilización, respondió a la denuncia que elevó la Justicia Especial para la Paz (JEP) al advertir que 2021 comenzó como el año más violento desde la firma de los acuerdos con la extinta guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba).

Emilio Archila, consejero presidencial de Estabilización, afirmó que es respetuoso de la independencia de poderes y señaló que el Gobierno está trabajando para garantizar la plena protección de los excombatientes de ese antiguo grupo subversivo.

“El Gobierno del presidente Duque es absolutamente respetuoso de la independencia de los componentes del sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición y, por supuesto de las decisiones que en el ámbito de sus funciones y facultades adopte la Justicia Especial para la Paz”, sostuvo Archila.

El funcionario de la presidencia agregó que “es importante para el país que se haya reconocido que gracias a la implementación a través de la política de paz con legalidad, todas las formas de violencia se han reducido notablemente respecto de lo que ocurría antes de que se iniciara este proceso. Así lo reconoció el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y felicitó por ello al presidente Duque”.

Así mismo, Archila aseguró que el interés que tiene el Gobierno es lograr que las muertes de exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc lleguen a cero.

Desde la firma del acuerdo de paz, 224 exguerrilleros han sido asesinados, y se han presentado 20 desapariciones forzadas, además de 53 atentados de muerte fallidos. Estas son las cinco problemáticas clave que enfrenta el proceso de paz en Colombia, de acuerdo al informe de verificación.
Desde la firma del acuerdo de paz, 224 exguerrilleros han sido asesinados, y se han presentado 20 desapariciones forzadas, además de 53 atentados de muerte fallidos. Estas son las cinco problemáticas clave que enfrenta el proceso de paz en Colombia, de acuerdo al informe de verificación. - Foto: Jorge Restrepo

“Entendemos que, a partir de esos logros, debemos trabajar para seguir avanzando. Que no haya ninguna, cero muertes, ese es nuestro objetivo. En ese sentido, el firme propósito del Gobierno es que los ataques a personas en proceso de reincorporación sean cero”.

Y dijo que “la seguridad de los excombatientes de las Farc es una prioridad y un compromiso del Gobierno del presidente Iván Duque. Lo materializamos desde la implementación de todos los mecanismos e instrumentos previstos en el Acuerdo con la política de Paz con Legalidad y la mesa de coordinación interinstitucional donde se han adoptado 57 medidas especiales en las áreas de prevención y protección que han logrado, por ejemplo, reducir en 10,8 % los homicidios el año pasado frente a 2019. Pero el objetivo es que no haya ni uno”.

No obstante, la JEP alertó que el año 2021 ha tenido el inicio de año más violento, sobre episodios como masacres, enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales, desde la firma del acuerdo de paz que se materializó en Cuba.

A esa conclusión llegó el Monitoreo de Riesgos de Seguridad que elabora la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, entidad que hace seguimiento permanente a los riesgos que puedan obstaculizar la participación efectiva de las víctimas, de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de los comparecientes en los procesos que realiza la JEP.

Por otro lado, el Gobierno señaló que frente al caso de la desaparición del señor Juan Carlos Correa, que la Justicia Especial para la Paz, registra como víctima de homicidio, continúan las operaciones de búsqueda del Gaula y del Ejército en Antioquia, según las autoridades, la información oficial de la fuerza pública es que el señor Correa fue víctima de desaparición forzosa. Y no ahorramos esfuerzos contra la delincuencia.

Finalmente, Archila aseguró que desde la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación que él encabeza, seguirá impartiendo medidas para garantizar la plena seguridad de los más de 13.000 excombatientes, los cuales de acuerdo con información oficial de la Presidencia de la República, dieron un paso a la legalidad y se mantienen firmes en su proceso de reincorporación, alejados de las armas.