Hacinamiento en centros de detención transitoria de Risaralda es del 144 %; Procuraduría prende las alarmas por problemas sanitarios

La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo realizaron una visita a cinco centros de detención transitoria en Risaralda, donde encontraron que el hacinamiento en estos centros alcanza un 144 %.

Este hacinamiento está causando graves problemas de salud y vulnerando los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que se encuentran allí, de acuerdo con el organismo de control. Además, las entidades identificaron deficiencias en la adquisición y preparación de alimentos, así como en las instalaciones, que están empeorando la situación de los reclusos.

Ante esta situación, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, convocó a una mesa de trabajo interinstitucional en la que se acordaron compromisos para solucionar la crisis lo antes posible.

Entre las medidas más importantes, se estableció la suscripción de convenios entre los entes territoriales y el Inpec para el traslado de los sindicados a establecimientos de reclusión del orden nacional, con el fin de reducir el hacinamiento. También se acordaron brigadas de salud quincenales para atender a los reclusos y prevenir brotes de enfermedades, así como la creación de un fondo común entre la Gobernación y las alcaldías para mejorar la infraestructura de los centros.

El Ministerio Público aseguró que continuará supervisando las condiciones de reclusión en centros transitorios de todo el país, en cumplimiento de lo establecido por la Corte Constitucional y en su papel de garante de los derechos de las personas privadas de la libertad.

Problemas de hacinamiento en Sucre

La Procuraduría General abrió indagación previa a funcionarios por determinar de las alcaldías de nueve municipios de Sucre, incluyendo Sincelejo, Coveñas, Santiago de Tolú, Toluviejo, Morroa, San Antonio de Palmito, Los Palmitos, San Juan de Betulia y San Onofre. La investigación se debe a la preocupante situación de hacinamiento en los centros de detención temporal y estaciones de policía de estos municipios, según lo señalado por el Ministerio Público.

El Ministerio Público detectó la grave situación de hacinamiento en la que se encuentran actualmente las personas detenidas temporalmente en las inspecciones, estaciones, subestaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de estos municipios.

La Procuraduría General está investigando un presunto incumplimiento de las obligaciones legales establecidas en los artículos 17 y 19 de la Ley 65 de 1993, que establecen las responsabilidades de los entes territoriales en la atención de las personas privadas de la libertad (PPL) en condición de sindicados.

También está investigando el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la primera fase del plan de acción establecido en la sentencia SU-122 de 2022, sobre “la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías”.

De igual forma, el Ministerio Público ordenó la realización de pruebas para aclarar las acciones de los funcionarios públicos en estos municipios.

Defensoría trasladó a presos hacinados

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo realizó una brigada integral en el Centro de Detención Transitoria Laura Valencia en Popayán, Cauca, con el propósito de asegurar los derechos de las personas privadas de libertad en dichos lugares, a través de servicios defensoriales y actividades de asistencia integral con enfoque diferencial en todo el territorio nacional.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló que, al llegar al centro de detención transitoria, “los funcionarios de la Defensoría del Pueblo encontraron graves violaciones de los derechos humanos”, provocados por altos niveles de hacinamiento, superando el 100 % debido a más de 250 personas privadas de libertad que se encontraban recluidas en lo que solía ser un colegio. Más de 50 personas, incluso, permanecían esposadas en el suelo, debido a la falta de espacio en las cinco celdas con las que cuenta el centro.

Durante la brigada integral, se logró trasladar a 45 personas privadas de la libertad gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo y el apoyo del director de la Cárcel San Isidro, con el compromiso de trasladar a otros 28 más en los próximos días para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad.

La brigada defensorial también atendió a 177 consultas médicas, 75 servicios de odontología y 89 asistencias jurídicas de parte de los defensores públicos. Además, se atendieron y tramitaron 17 quejas.