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Privados de la libertad en estación de Policía de Riohacha en grave estado por hacinamiento.
Privados de la libertad en estación de Policía de Riohacha en grave estado por hacinamiento. - Foto: cortesía de la Defensoría

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Hacinamiento en las prisiones | La propuesta del Minjusticia para depurar las cárceles en Colombia

En la estación de Policía de ‘La 19′ en Riohacha se encontró un hacinamiento del 2000 por ciento.

En medio de una de las peores crisis carcelarias y penitenciarías en la historia reciente del país, el ministro de Justicia, Néstor Osuna hizo una propuesta para que se defina la situación jurídica de 180.000 personas que permanecen privadas de la libertad.

Según Osuna es necesario hacer este conteo con el fin de definir los casos de personas que deben seguir en los centros carcelarios de Colombia y quienes pueden recibir beneficios como la detención domiciliaria o la libertad condicional con el brazalete electrónico.

Por esto les pidió a todos los consultorios jurídicos de las universidades públicas y privadas del país que los acompañen para la definición de la situación jurídica de esas 180.000 personas. “Nos acompañen con abogados voluntarios porque no es suficiente el personal para hacer un censo fidedigno”.

El objetivo de esta propuesta es verificar la situación individual de cada uno de los reclusos y determinar si se les puede conceder o no un beneficio. Esto ante la terrible situación de hacinamiento que se viven en la mayoría de centros caseros del país en los cuales el número internos triplica el cupo establecido.

La situación es más grave aún si se tiene en cuenta, según dijo el Ministro, que el reporte parcial indica que hay un número significativo de personas que ya tienen derecho a su libertad y siguen detenidos. Frente a esto se busca establecer qué personas están en esa situación.

Así como aquellas que ya cumplen con los requisitos para tener el beneficio de casa por cárcel o una libertad parcial, es decir que puedan salir entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde para realizar diferentes actividades como trabajo o estudio.

“Hay detenidos en estaciones de Policía y centro de detención transitoria, conocidos como URI, donde el hacinamiento es del más del 170 por ciento, una situación catastrófica (…) es una negación absoluta de los derechos humanos de las personas detenidas”, precisó el jefe de la cartera de Derecho.

Según las cuentas parciales, a corte del 31 de agosto del presente año, 180.000 personas están privadas de su libertad en los diferentes centros carcelarios y penitenciarios del país 60.000 detención domiciliaria y cerca de 120.000 permanecen en las cárceles manejadas por el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), las alcaldías y gobernaciones.

Hacinamiento del 2000%

Este proyecto se conoce poco día después de conocer la dramática situación que viven las personas que se encuentran retenidas en la estación de policía de ‘La 19′ de Riohacha, La Guajira. El caso fue revelado por la Defensoría del Pueblo que aseguró que existe un hacinamiento del 2000 por ciento, situación que afecta considerablemente la calidad de vida de esas personas que no cuentan con condiciones de salubridad, alimentación y muchos menos de atención de salud.

Frente a esto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo le hizo un llamado a las autoridades competentes para solucionar está grave crisis este departamento que cuenta con 17 estaciones de policía que registran hacinamiento con un promedio del 233%.

Sin embargo, “en la estación de Policía ‘La 19′ de Riohacha nos encontramos con la situación humanitaria más grave no solo de la guajira sino de todo el país con un hacinamiento que llega al 2000 por ciento”, precisó Camargo.

Pesa que la ley exige que en estas estaciones de policía las personas retenidas estén un máximo por 36 horas en muchos casos encontró que hay reclusos que llevan dos años ahí sin que se hayan sido taladas a las respectivas cárceles como el orden el juez.

Camargo calificó como “inhumana” esta situación, indicando que las personas no cuentan con alimentación digna y su salud se encuentra en clave riesgo. Valdría la pena otorgar libertades controladas inmediatas en el marco lo establecido en la normatividad y garantizando la integridad y debido proceso.

El Defensor del Pueblo aseguró que las unidades policiales de ser separadas de la seguridad ciudadana para dedicársela custodia las personas tuviera libertad lo que escapa completamente las institucionales y pide que se tomen medidas para buscar una solución urgente.