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| 10/8/2019 7:12:00 AM

Uribe rinde indagatoria reservada mientras sus seguidores van a las calles

Llegó la hora de la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia. Pase lo que pase, la mitad de los colombianos van a quedar indignados con el veredicto.

Indagatoria a Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia El de Uribe es un proceso penal que decidirán los magistrados del máximo tribunal del país. Foto: Montaje SEMANA
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*El audio de este artículo está hecho con inteligencia artificial.

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Este martes tendrá lugar una diligencia judicial cuya resolución definirá, en buena medida, el futuro político inmediato del país. Se trata de la indagatoria a Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia. La indagatoria es la etapa previa a un juicio penal, y en la historia contemporánea de Colombia ningún expresidente había llegado a esta situación. Algunos creen que se trata del segundo caso después del juicio al general Gustavo Rojas Pinilla, pero en realidad ese fue un juicio político ante el Congreso. El de Uribe es un proceso penal que decidirán los magistrados del máximo tribunal del país.

En video: "Uribe no es ningún paraco, resentidos": el mensaje eufórico de una monja uribista

Teniendo en cuenta que el expresidente ha sido el político más popular del último medio siglo, si después del llamado a indagatoria se decide llevarlo a juicio, el país podría entrar en un proceso de impredecibles consecuencias. Si lo condenan o lo absuelven, de todos modos la mitad de los colombianos quedarán indignados. Y como el caso tiene tanto de jurídico como de político, la Corte Suprema de Justicia afronta un reto monumental.

Uribe en la actualidad está vinculado a 59 procesos, 45 en la Comisión de Acusación de la Cámara y 14 en la Corte Suprema de Justicia. Los supuestos delitos van desde injurias y calumnias hasta homicidio, concierto para delinquir y complicidad en masacres, pasando por el espionaje del DAS y la compra de votos en la Yidispolítica para reelegirse. Paradójicamente, el caso que lo tiene en el banquillo de los acusados es menor frente a todos estos. Se trata de un expediente por manipulación de testigos, el cual entrañaría dos supuestos delitos: soborno y fraude procesal.

El senador Iván Cepeda pasó de ser acusado a víctima luego de que la corte decidió abrirle investigación formal a Uribe por presunta manipulación de testigo.

El caso ha sido ampliamente documentado y gira básicamente en torno a estos puntos: 1) Uribe denunció a Iván Cepeda por manipular testigos en su contra. La corte al fallar archivó el caso contra el senador del Polo y le abrió investigación al expresidente. 2) El caso contra Uribe se origina en el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, hijo del antiguo mayordomo de una de las fincas del expresidente. Este acusa a Uribe de fundar el bloque Metro. 3) El cargo por manipulación de testigos se basa en que Monsalve asegura que Diego Cadena, el abogado del expresidente, lo habría presionado para retractarse. 4) La principal prueba de la supuesta manipulación serían unas grabaciones que le hizo Monsalve clandestinamente a Cadena, quien lo visitó en la cárcel. 5) Hay otros testigos y otros testimonios, con diferentes grados de credibilidad. Dentro de estos se destaca el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien sorprendió al presentarse ante la corte con recibos de pagos que le hizo el abogado Cadena para que diera una versión favorable sobre el expresidente.

Los magistrados que hoy tienen en sus manos el proceso no son los que vivieron agrios enfrentamientos con el expresidente en el pasado por las chuzadas y los seguimientos del DAS. Ahora lleva el caso la nueva Sala Especial de Instrucción, conformada por seis togados ajenos a las disputas. Dirige la investigación el respetado jurista César Reyes Medina, pero los seis miembros tomarán las decisiones. Si esta sala, al concluir la investigación, decide acusar a Uribe, también una nueva sala, la de Juzgamiento, conformada por otros tres magistrados distintos, emitiría la sentencia absolutoria o condenatoria.

El caso de Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia definitivamente no es blanco o negro. Es una gran zona gris donde hay elementos tanto a favor como en contra del exmandatario.

Esos magistrados tienen una papa caliente de dimensiones históricas. Los dos delitos que le endilgan a Uribe, soborno y fraude procesal, podrían significarle entre seis y ocho años de cárcel en caso de perder el juicio. Pero aún falta mucho para esa eventual fase. Después de la indagatoria, que apenas arranca el martes, los magistrados deben decidir dos asuntos cruciales: si ordenan precluir el caso o si formulan acusación contra el exmandatario. Y si hacen lo segundo, también deben determinar si imponen alguna medida preventiva contra él antes de llevarlo a juicio. Como el tema es tan delicado, se anticipa que los magistrados no se precipitarán a tomar ninguna decisión, sobre todo en época electoral. También se da por descontado que no habrá detención preventiva, medida que, en teoría, podrían adoptar.

Uribe llega a rendir indagatoria en la Corte Suprema de Justicia

La controversia

Muchas de las decisiones del caso Uribe dependerán del alcance y credibilidad que los magistrados les atribuyan a las gestiones del controvertido abogado Diego Cadena. De momento está claro que este hizo desembolsos a varios exparamilitares para que rindieran testimonio favorable al expresidente. Las cifras que reconoce Cadena son insignificantes. Al exparamilitar Carlos Enrique Vélez le habría dado cerca de 4 millones de pesos, dos de los cuales le describió a la corte como un “auxilio humanitario”. El abogado, además, recalcó que nunca se le pidió a los testigos decir mentiras, sino justamente lo contrario: que declararan nada más que la verdad.

Dos millones para gastos de logística de un testigo no necesariamente constituye un soborno. Pero 40 o 200 millones sí.

Vélez, el beneficiario de ese “auxilio humanitario”, tiene una versión diferente. Aseguró que Cadena le habría ofrecido 200 millones de pesos, de los cuales solo le pagaron 40, aunque el testigo únicamente entregó soportes a la corte por 8 millones. El monto de la plata es un elemento muy importante, pues 2 millones de pesos para gastos de logística no necesariamente constituyen un soborno, pero 40 o 200 sí. En todo caso, aunque no hay ninguna evidencia directa que muestre la participación del expresidente en estos hechos, la inculpación parte de la premisa de que el abogado actuaba a su nombre.

Diego Cadena es un polémico abogado que se encargó de recorrer cárceles recopilando testimonios favorables a Álvaro Uribe. Este jurista tiene tres investigaciones abiertas por suplantación y fraude a la justicia.

Por la Corte Suprema también pasó a rendir declaración la exparamilitar Eurídice Cortés, alias Diana, quien declaró que recibió 700.000 pesos de Cadena para gastos de transporte. Según su testimonio,Álvaro Uribe no tiene nada que ver con la creación del bloque Metro y la plata que recibió no la considera un soborno.

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Con relación al testigo más importante, Juan Guillermo Monsalve, no hay dinero en efectivo, pero sí grabaciones. Ese fue el famoso episodio en que este grabó a su compañero de celda, Enrique Pardo Hasche, con un reloj espía. De esas grabaciones se puede deducir que no solo Cadena, sino también Pardo Hasche presionaban para que Monsalve cambiara su testimonio a favor de Uribe. Convencieron al testigo de hacer una carta de retractación, la cual escribió con ayuda de Pardo. Además de esto, el abogado Cadena le ofreció a Monsalve revisar su caso.

Los magistrados que hoy tienen en sus manos el proceso no son los que vivieron agrios enfrentamientos con el expresidente en el pasado por las chuzadas y los seguimientos del DAS. Ahora lleva el caso la nueva Sala Especial de Instrucción, conformada por seis togados ajenos a las disputas.

Como este testigo está condenado a 40 años de cárcel, la corte podría interpretar que la oferta de revisarle el caso pueda ser parte del concepto de soborno. Sobre este asunto concreto hay una interceptación en la que Uribe autoriza a Cadena para que le ofrezca la revisión jurídica al detenido.

El testigo Juan Guillermo Monsalve alertó a la corte de que supuestamente lo estaban presionado para hacerlo retractar.

Alrededor de la carta de retractación hay todo un episodio de película. Monsalve, quien la firmó, se la entregó a su esposa y le dijo que se presentara ante la corte. Cuando esto sucedió, los magistrados le dijeron a ella que si estaba dispuesta a colaborar con unos micrófonos ocultos para ver qué decía Cadena cuando se la entregara. Así se hizo, y la conversación entre la mujer y Cadena quedó grabada no solo en audio, sino en video por agentes del CTI clandestinamente. Hoy esa carta reposa en el expediente con una aclaración final escrita de puño y letra de Monsalve, que dice “esta retractación fue hecha bajo presión”.

Teniendo en cuenta que el expresidente ha sido el político más popular del último medio siglo, si después del llamado a indagatoria se decide llevarlo a juicio, el país podría entrar en un proceso de impredecibles consecuencias.

Otro elemento de este complejo caso es quién tuvo la iniciativa de las reuniones entre las dos partes. La defensa de Uribe dice que se trató de una trampa y que fue Monsalve quien buscó a alguien cercano al expresidente para enredarlo en alguna situación comprometedora. Álvaro Uribe siempre ha sostenido que él no busca testigos, sino que se limita a reaccionar cuando le dejan saber que estos tienen información relevante. Eso, en la práctica, quiere decir que según él varios testigos le han comunicado que Iván Cepeda los ha contactado para que declaren en su contra.

Para el expresidente el orden de las cosas es un factor determinante. Cuando alguien quiere hablar con él, no hay ninguna razón para que no reciba esa información. “El doctor Uribe, sin saber que era una trampa de Monsalve, le dijo a uno de sus abogados, Diego Cadena, que fuera a ver qué es lo que quería decir ese testigo”, le explicó a SEMANA Jaime Granados, defensor titular de Uribe. También aclara que entre miles de interceptaciones de conversaciones del expresidente que contiene el proceso no hay una sola en la que se le oiga a él dando una instrucción ilegal. Y sobre la autorización que le dio a Cadena para revisar el caso de Monsalve, los abogados de Uribe insisten en que cada vez que un penalista visita una cárcel los presos siempre piden que les echen una mano con su proceso. Por lo tanto, para ellos esa conversación es rutinaria.

El exparamilitar Carlos Enrique Vélez entregó recibos de desembolsos que le hizo Diego Cadena.

Como se desprende de lo anterior, el caso de Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia definitivamente no es blanco o negro. Es una gran zona gris donde hay elementos tanto a favor como en contra del exmandatario. Para los uribistas, por ejemplo, resulta inconcebible que la corte no haya considerado delito los beneficios que le ofreció Iván Cepeda a los presos que visitó en las cárceles para que testificaran contra Uribe. Para ellos, si las visitas de Cadena son delito, las de Cepeda también tienen que serlo. El senador del Polo Democrático ofrecía seguridad para los testigos y sus familias, y en algunas ocasiones auxilio económico a través de una ONG de izquierda. La corte explica en el fallo esta asimetría con el argumento de que Cepeda nunca entregó directamente prebendas. Lo hicieron algunas ONG que aportaron los soportes contables de gastos específicos en hoteles y pasajes para proteger a familiares de los presos ante evidentes situaciones de riesgo.

Álvaro Uribe siempre ha sostenido que él no busca testigos, sino que se limita a reaccionar cuando le dejan saber que estos tienen información relevante.

Una explicación más probable, aunque nadie lo reconocería, es que los magistrados llegaron a la conclusión de que Cepeda ofrecía beneficios para que testigos asustados dijeran la verdad, y que Cadena lo hacía para que dijeran lo que necesitaba. Aun si eso fuera verdad, es un asunto tan subjetivo que resulta imposible de demostrar.

Los abogados de Uribe ven en este proceso bastantes irregularidades. Para comenzar, señalan que antes de llamarlo a indagatoria se le podría haber aceptado la versión libre que él por iniciativa propia ofreció. Eso no hubiera significado que no podía seguir la indagatoria después, pero hubiera sido al menos un acto de cortesía con un expresidente de la república. También cuestionan que dentro del expediente obren interceptaciones del teléfono del expresidente obtenidas en otro proceso y justificadas como un accidente involuntario. Esto se refiere a que en una investigación contra el excongresista Nilton Córdoba Manyoma el CTI, por orden de la corte, interceptó varias líneas y una de ellas acabó siendo la de Uribe. A sus abogados no los convence el argumento de que solo después de un mes los analistas de ese organismo se dieron cuenta del error. Granados y Jaime Lombana, defensores titulares de Uribe, aseguran que la voz del exmandatario es inconfundible y que no hay muchos colombianos a quien todo el mundo salude con la palabra “presidente”.

Pero lo que más complica este caso para llegar a una decisión justa es que la gran mayoría de los testigos han dado versiones cambiantes. Es un proceso con muchas mentiras, y como la mayoría de las versiones provienen de delincuentes, termina siendo la palabra de uno contra el otro, y no es nada fácil llegar a la verdad.

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La actuación del abogado de Uribe -Diego Cadena- en relación con los testigos, particularmente con Monsalve, tiene mal sabor. La pregunta crucial será si lo que este hizo configura los delitos de soborno y fraude procesal, y si Uribe puede llegar a ser responsable de los actos de su abogado. Mientras este proceso está en curso, la polarización del país va a estar al rojo vivo. El Centro Democrático ya anunció marchas a favor de su jefe para este martes, día en que está programada la indagatoria. Los antiuribistas, por ahora, no están marchando, pero no son igual de fanáticos. El desafío para la Corte Suprema de Justicia es muy grande. Todo el país estará pendiente.

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