El senador Iván Cepeda, miembro de la Comisión Segunda del Senado, que trata temas relacionados al conflicto y la defensa del país, anunció que radicará un proyecto con el cual busca ajustar la Ley 906 de 2004, es decir el Código de Procedimiento Penal. Según lo anunciado, su propósito es hacer algunos ajustes para contrarrestar el asesinato contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Allí también incluye a periodistas, dirigentes políticos, sindicales o exintegrantes de las FARC reincorporados.
“El poco avance en las investigaciones sobre las estructuras que están detrás de los asesinatos contra estas poblaciones facilita que estos hechos se sigan cometiendo. Este proyecto de ley propone tres medidas para evitar la impunidad en estas conductas a partir de la incorporación de herramientas que permitan acceder a más información para el desarrollo de las investigaciones”, dijo el senador.
Esas tres líneas que busca ajustar Cepeda con su proyecto, pretende que, además de que se mantengan los derechos de los imputados o de los acusados, también se busque conocer la verdad, y que haya justicia y reparación integral a las víctimas y a la sociedad, más allá de las penas restrictivas de la libertad.
Uno de los argumentos del senador del Polo es que la misma Defensoría ha registrado que entre 2016 y 2020 se han contabilizado 753 defensores de derechos humanos asesinados en el país. Pero que con respecto al esclarecimiento de estos hechos solo se han proferido 66 sentencias.
También dice que su propuesta está basada en las recomendaciones hechas por Human Rights Watch (HRW), las cuales fueron presentadas a través de un informe denominado “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas”. La entidad ha dicho también que Colombia es uno de los países que más ha sufrido estos hechos y que por eso recomienda al Congreso modificar el Código. Cepeda señala que varios de estos casos se dan a través del modelo de sicariato, es decir que hay autores materiales pero también intelectuales.
Uno de los ajustes contempla que la Fiscalía pueda dar aplicación al principio de oportunidad y los preacuerdos, sin que ello signifique desconocer la evidencia de las investigaciones. Así mismo, en el texto de Cepeda se busca fortalecer los criterios para el control judicial del preacuerdo, la inclusión de garantías para las víctimas como derecho a la verdad y justicia, y el otorgamiento de beneficios si hay una colaboración eficaz.
Con respecto a este último punto el proyecto señala que algunos de los beneficios podrían ser una disminución de una sexta, hasta las dos terceras partes de la pena. También habla de reducción de la pena por trabajo, estudio o enseñanza. Puede haber detención domiciliaria o la ejecución de la condena en delitos cuya pena mínima legal para el delito más grave no exceda 8 años de prisión. Se habla de incorporación al programa de protección a víctimas y testigos.
Cepeda contempla en su proyecto que, más allá de la pena intramural, se pueda conocer los hechos ocurridos y los directos responsables. “No se debe agotar en el eficientismo judicial que suma sentencias condenatorias a cualquier costo, incluso sacrificando la verdad de lo ocurrido y dejando en la impunidad a los más altos responsables de los delitos y violaciones de los derechos humanos”, dice en el proyecto.
El senador ha resaltado que en este propósito lo acompañarán varios congresistas y que el principal propósito de la iniciativa es, además de reducir estos crímenes, conocer quiénes son los directos responsables de estos hechos.