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“Jamás mereció el absurdo fallo del cual es víctima”: familia de Luis Alfredo Ramos

En abril pasado, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 95 meses de prisión (7 años y 11 meses) contra el exgobernador de Antioquia.


Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, se entregó este miércoles 6 de julio a las autoridades para cumplir la condena de siete años y once meses de prisión que le impuso la Corte Suprema de Justicia en el marco de la parapolítica.

Según se conoció, Ramos realizó su entrega en la estación de Policía de El Retiro, en el oriente antioqueño, donde posteriormente será trasladado al lugar que determinen las autoridades para su reclusión.

Previamente, el juzgado 28 de ejecución de penas de Bogotá emitió la boleta de encarcelación y legalizó la captura del también exsenador, quien ya había puesto de presente que se iba a entregar ante las autoridades para cumplir el fallo que ratificó su sentencia por sus vínculos con grupos al margen de la ley para promover su candidatura a la Gobernación de Antioquia y al Senado de la República, todo esto “a cambio de promoverlos durante el ejercicio de sus funciones una vez elegido, como realmente ocurrió cuando se desempeñó como senador, hechos que tuvieron ejecución entre 2001 y 2007″.

Tras conocerse la noticia de la entrega del Ramos, su familia emitió un comunicado en el que calificó de “injusticia” su privación de la libertad.

“De nuevo, nos vuelven a separar de nuestro esposo, padre y abuelo. Luis Alfredo Ramos vuelve a estar injustamente privado de su libertad tras ser procesado por quien es y no por sus actos”, señala el texto.

“Hemos sufrido como familia, durante más de doce años, una infame persecución a un hombre que ha entregado su pasión al servicio público de manera transparente y con las mejores calificaciones ciudadanas”, agrega.

En el comunicado, la familia del exgobernador también tildó de “absurdo” el fallo de la Corte Suprema en su contra y manifestó que en la decisión se le dio “credibilidad a delincuentes conseguidos en cárceles”.

“Reafirmamos nuestra decisión de defender hasta el último día de nuestras vidas el buen nombre y la inocencia de Luis Alfredo Ramos, quien jamás mereció el absurdo fallo del cual es víctima, donde se ignoró su limpia trayectoria pública y privada y, al contrario, se dio credibilidad a delincuentes conseguidos en las cárceles por tenebrosas mano. Agradecemos a tantas personas que de manera solidaria han sumado sus voces a la injusticia padecida”, concluye.

El fallo contra Ramos

El pasado 20 de abril, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 95 meses de prisión (7 años y 11 meses) contra el exgobernador de Antioquia por el delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales.

En el fallo, citando varias declaraciones de exparamiltiares que hicieron parte de los bloques Cacique Nutibara, Minero, Metro, Bananeros, Elmer Cárdenas, Central Bolívar y el Frente Cacique Pipintá, la Corte señaló que desde el Congreso buscó que la Ley de Justicia y Paz (la cual se creó en el proceso de desmovilización de los paramilitares) fuera “más benévola para los aludidos grupos ilegales, como se discutió en el Legislativo para el año 2005.

En ese orden, es claro que asistió conscientemente a la reunión de Bellanita, pese a no contar con autorización legal del Gobierno nacional para adelantar acercamientos, diálogos o negociaciones con grupos al margen de la ley”.

Según la sentencia, el exgobernador Ramos recibió dinero del asesinado excomandante del bloque Centauros, Miguel Arroyave. Se menciona una reunión de finales de 2000, en Medellín, en el centro comercial Obelisco, en la que también habría participado alias Jota, del Bloque Metro.

“No se trató en este proceso, desde luego, de cuestionar las relaciones sociales o políticas del procesado que por sí mismas no denotarían una situación objetiva de peligro para la seguridad, sino de la manera en que se articuló con un grupo armado al margen de la ley para alcanzar propósitos electorales”, advirtió la Sala Penal.

A Ramos, según señala la Corte, se le atribuyeron cinco circunstancias concretas: “Relaciones con el Bloque Metro y el Cartel de la gasolina, de los cuales recibió apoyo; contactos directos con Carlos y Vicente Castaño, y entrega de dineros por parte de estos; aportes de Sierra Ramírez a la campaña de 2002; apoyo económico entre 2000 y 2001 por parte de Miguel Arroyave, y la reunión celebrada en los primeros meses de 2005 en la finca Bellanita”.

En este sentido, se advierte que “está probado el compromiso que adquirió” Ramos con “la organización en la reunión”, puesto que “Iván Botero Duque le dio a conocer el interés de Vicente Castaño en que hiciera uso de su liderazgo en el Congreso de la República para que la Ley de Justicia y Paz les fuera más favorable, confirmado por Pablo Hernán Sierra García, otro de los jefes paramilitares presentes, aseverando que se obligaron a trabajar el proyecto”.

Ramos había sido capturado en agosto de 2013 por orden de la Corte Suprema de Justicia. En noviembre de 2016, el mismo alto tribunal dejó en libertad al exgobernador de Antioquia indicando que se habían superado los riesgos esgrimidos en la medida de aseguramiento.

Fue así como por dos años, en libertad, Ramos enfrentó el juicio penal. En diferentes oportunidades, ha manifestado que las reuniones que sostuvo con los paramilitares tuvieron el aval del Gobierno y se hicieron en su calidad de senador de la República en medio del proceso de paz que se adelantaba con las AUC.