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Parapolítica: Luis Alfredo Ramos se entregó a las autoridades para cumplir su condena

El exgobernador de Antioquia fue sentenciado a siete años y once meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado.


El juzgado 28 de ejecución de penas de Bogotá emitió la boleta de encarcelación en contra del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero para que cumpla su condena de siete años y once meses de prisión por parapolítica. En el documento conocido por SEMANA se detalla que el documento se le envió a la directora regional Noroeste del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) con el fin que se fije el lugar donde permanecerá el exmandatario.

Dicho despacho judicial legalizó la captura de Ramos Botero, quien ya había puesto de presente que se iba a entregar ante las autoridades para cumplir el fallo que ratificó su sentencia por sus vínculos con grupos al margen de la ley para promover su candidatura a la Gobernación de Antioquia y al Senado de la República, todo esto “a cambio de promoverlos durante el ejercicio de sus funciones una vez elegido, como realmente ocurrió cuando se desempeñó como senador, hechos que tuvieron ejecución entre 2001 y 2007″.

El pasado 20 de abril, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 95 meses de prisión (7 años y 11 meses) contra el exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, por el delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales.

En el fallo, citando varias declaraciones de exparamiltiares que hicieron parte de los bloques Cacique Nutibara, Minero, Metro, Bananeros, Elmer Cárdenas, Central Bolívar y el Frente Cacique Pipintá, la Corte señaló que desde el Congreso buscó que la Ley de Justicia y Paz (la cual se creó en el proceso de desmovilización de los paramilitares) fuera “más benévola para los aludidos grupos ilegales, como se discutió en el Legislativo para el año 2005. En ese orden, es claro que asistió conscientemente a la reunión de Bellanita, pese a no contar con autorización legal del Gobierno nacional para adelantar acercamientos, diálogos o negociaciones con grupos al margen de la ley”.

Según la sentencia, el exgobernador Ramos recibió dinero del asesinado excomandante del bloque Centauros, Miguel Arroyave. Y se menciona una reunión de finales de 2000, en Medellín, en el centro comercial Obelisco, en la que también habría participado alias Jota, del Bloque Metro. “No se trató en este proceso, desde luego, de cuestionar las relaciones sociales o políticas del procesado que por sí mismas no denotarían una situación objetiva de peligro para la seguridad, sino de la manera en que se articuló con un grupo armado al margen de la ley para alcanzar propósitos electorales”, advirtió la Sala Penal.

A Ramos, según señala la Corte, se le atribuyeron cinco circunstancias concretas: “relaciones con el Bloque Metro y el Cartel de la gasolina, de los cuales recibió apoyo; contactos directos con Carlos y Vicente Castaño y entrega de dineros por parte de estos; aportes de Sierra Ramírez a la campaña de 2002; apoyo económico entre 2000 y 2001 por parte de Miguel Arroyave, y la reunión celebrada en los primeros meses de 2005 en la finca Bellanita”.

En este sentido se advierte que “está probado el compromiso que adquirió” Ramos con “la organización en la reunión”, puesto que “Iván Botero Duque le dio a conocer el interés de Vicente Castaño en que hiciera uso de su liderazgo en el Congreso de la República para que la Ley de Justicia y Paz les fuera más favorable, confirmado por Pablo Hernán Sierra García, otro de los jefes paramilitares presentes, aseverando que se obligaron a trabajar el proyecto”.

Ramos había sido capturado en agosto de 2013 por orden de la Corte Suprema de Justicia. En noviembre de 2016, el mismo alto tribunal dejó en libertad al exgobernador de Antioquia indicando que se habían superado los riesgos esgrimidos en la medida de aseguramiento.

Fue así como por dos años, en libertad, Ramos enfrentó el juicio penal. En diferentes oportunidades ha manifestado que las reuniones que sostuvo con los paramilitares tuvieron el aval del Gobierno y se hicieron en su calidad de senador de la República en medio del proceso de paz que se adelantaba con las AUC.