JEP realiza por primera vez versiones voluntarias de los ex-Farc con la Jurisdicción Indígena

El Caso 005 que adelanta la Jurisdicción Especial de Paz es uno de los más emblemáticos que adelanta ese organismo de la justicia transicional. Se trata del estudio de los crímenes que han sufrido la población del Norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, una de las regiones de Colombia donde el conflicto armado fue más cruel y prolongado. Compuesto por cientos de resguardos, grupos étnicos como los nasa han participado activamente en el esclarecimiento de años de tomas, masacres, asesinatos selectivos y violaciones fruto de brutales confrontaciones del Bloque Occidental de las Farc y el Bloque Calima de las Autodefensas.

Quizá ningún otro caso judicial en el mundo tiene un universo tan grande de víctimas. Más de 200.000 indígenas se han acreditado como tal ante esa jurisdicción. Este caso prioriza las violaciones en el marco del conflicto armado interno en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada en el Cauca, y Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí, en el sur del Valle del Cauca. Junto con los Macrocasos de Urabá y de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte en Nariño, este es uno de los tres casos territoriales que ha abierto la Jurisdicción.

En el marco de esa labor, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Jurisdicción Especial indígena realizaron en Popayán (Cauca) la primera diligencia de versión conjunta con nueve comparecientes.

“Los nueve excombatientes, pertenecientes a comunidades indígenas, realizaron su aporte de verdad por hechos victimizantes estudiados en el marco del Caso 05, que prioriza la situación territorial de la región del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca”, relató la JEP en un documento.

Todos ellos pertenecieron a las extintas Farc-EP, y “aportaron relatos para esclarecer hechos criminales que incluyen homicidios, desapariciones forzadas, tomas guerrilleras y otras posibles afectaciones de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de esa zona priorizada”.

La JEP agrega que en el espacio participaron 14 autoridades indígenas. “Con esta nueva modalidad de diligencias conjuntas la JEP resalta el derecho a la libre autodeterminación, la autonomía y el autogobierno de los pueblos indígenas y a conservar sus propias instituciones contemplados en acuerdos internacionales”, advierte la entidad.

Para la justicia transicional “esta versión voluntaria constituye un hito”, pues implica el trabajo conjunto y articulado de dos jurisdicciones para la garantía de los derechos de las víctimas del país.