Una decisión judicial puso freno, al menos temporalmente, al cierre de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, Putumayo, donde permanecen personas reconocidas como desmovilizadas que avanzan en su tránsito hacia la vida civil.
El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís admitió una acción de tutela presentada por integrantes de esta población y decretó como medida provisional la suspensión transitoria de los efectos de la Resolución 389 del 9 de septiembre de 2026, expedida por el Gobierno nacional.
Ese acto administrativo había establecido que la zona dejaría de funcionar a partir del próximo 30 de septiembre. Ahora, por orden del juez, esa determinación queda suspendida mientras se toma una decisión de fondo sobre la tutela.
Juez advierte dudas sobre el cierre y la transición
En su análisis preliminar, el despacho señaló que no tiene claridad sobre la consolidación de los componentes del Plan Interinstitucional de Cierre y Transición, que debían ejecutarse, como máximo, antes del 30 de septiembre.
También advirtió que desconoce si se han adelantado las actuaciones necesarias con las entidades competentes para definir de manera individual el ingreso y la continuidad de las personas reconocidas como desmovilizadas dentro del proceso de reintegración.
La tutela fue presentada contra la Presidencia de la República y varias entidades del Estado, entre ellas la Oficina del Consejero Comisionado de Paz; la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN); los ministerios de Defensa, Interior y Hacienda; la Fiscalía; la Policía; la Unidad Nacional de Protección; la Gobernación de Putumayo, y la Alcaldía de Valle del Guamuez.
Los accionantes buscan la protección de derechos fundamentales relacionados, entre otros, con la vida, la seguridad e integridad física, el libre desarrollo de la personalidad, la reincorporación y tránsito a la vida civil, el debido proceso, la confianza legítima, y la paz.
¿Qué ordenó el juzgado?
Además de admitir la tutela, el juez ordenó a la Presidencia y a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz suspender transitoriamente los efectos de la Resolución 389 en lo relacionado con la terminación de la ZUT.
La decisión implica que, por ahora, también queda frenada la comunicación de listados y documentos a la Fiscalía, la Policía Nacional y otras autoridades judiciales para que adopten determinaciones frente a eventuales órdenes de captura y actuaciones judiciales de los accionantes y citados en el proceso.
El despacho dejó claro que se trata de una medida provisional, por lo que no constituye todavía una decisión definitiva sobre la legalidad del cierre ni sobre las pretensiones de quienes interpusieron la tutela.
#Judicial Un juez de Puerto Asís, Putumayo, frenó la suspensión de la Zona de Ubicación Temporal en Valle del Guamuez y obliga al Estado colombiano a garantizarles a los desmovilizados alimentación, salud y seguridad. Vía @Crriss88 https://t.co/qRQodC5OyZ https://t.co/KkK2qPhMJf
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 24, 2026
Gobierno deberá entregar documentos
Como parte del trámite, el juzgado solicitó a la Presidencia remitir documentos clave para estudiar el caso, entre ellos la resolución mediante la cual fue creada la Zona de Ubicación Temporal, que aceptó el listado de las 99 personas concentradas allí y la Resolución 389 que ordenó su terminación.
También pidió los acuerdos suscritos entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), así como información sobre las personas que continúan concentradas en la zona.
A la Agencia para la Reincorporación y la Normalización le fueron requeridos varios documentos relacionados con la atención de esta población, mientras que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz deberá aportar copia del Plan Interinstitucional de Cierre y Transición.
La decisión judicial aparece a pocos días de cumplirse el plazo establecido por el Gobierno para terminar la ZUT. La Resolución 389 había ordenado su cierre después de que el Ejecutivo diera por terminado el espacio de diálogo con la CNEB.
Ahora será el trámite de tutela el que determine si las medidas adoptadas alrededor de la transición respetan los derechos fundamentales invocados por los accionantes.