Judiciales

Otro juez ordenó la suspensión provisional de la fumigación aérea con glufosinato en el Putumayo

En la decisión judicial se le ordenó al Ministerio abstenerse de poner en marcha el plan piloto anunciado a finales de agosto.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

22 de septiembre de 2026 a las 6:27 p. m.
Juez de Mocoa ordenó suspender provisionalmente la aspersión aérea.
Juez de Mocoa ordenó suspender provisionalmente la aspersión aérea. Foto: 1. Cortesía / 2. Rama Judicial

Cero y van dos. Este martes 22 de septiembre, los ministerios de Defensa y de Justicia fueron notificados de un nuevo fallo judicial que ordenó suspender provisionalmente la aspersión aérea con el glufosinato de amonio en el departamento del Putumayo.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, se refirió a los bombardeos de la fuerza pública y la fumigación de cultivos ilícitos.
Ministro Iván Cancino habló claro sobre la fumigación aérea en Colombia e hizo anuncio importante: “Con todo el respeto”

En la decisión, el juzgado segundo administrativo de circuito de Mocoa amparó como mecanismo transitorio los derechos fundamentales a la vida, salud, debido proceso ambiental, participación ciudadana, acceso a la información pública ambiental, agua e integridad personal.

El juzgado ordenó, además, a los ministerios de Justicia y Defensa, así como a la Policía Nacional y a la Dirección de Antinarcóticos, abstenerse de “iniciar, continuar o ejecutar” el mencionado “plan piloto” de aspersión aérea con glufosinato de amonio.

YouTube video AH2mmF1RaPI thumbnail

En este sentido, se señala que dicho plan se suspenderá provisionalmente hasta que no se entreguen una serie de elementos relacionados con el agente químico detallado en la Resolución 7 de 2026.

Esto, “mientras no se acredite de manera integral, verificable y suficiente el cumplimiento de las condiciones constitucionales, legales, ambientales, sanitarias, participativas y de consulta previa” que establecen la Constitución Política y la legislación.

Las comunidades de la zona rural de Morales, Cauca, se oponen a las fumigaciones con glifosato en sus territorios, por eso le proponen al gobierno sustituir de forma voluntaria 155 hectáreas en esta zona del Cauca.
Las comunidades de la zona rural de Morales, Cauca, se oponen a las fumigaciones con glifosato en sus territorios, por eso le proponen al gobierno sustituir de forma voluntaria 155 hectáreas en esta zona del Cauca. Foto: Francisco Calderón

“Advertir que la suspensión aquí ordenada tiene carácter estrictamente temporal y preventivo, y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad, conveniencia o constitucionalidad de la política estatal de erradicación de cultivos ilícitos”, señala el resuelve de la decisión.

Esta decisión se suma a la emitida el pasado 11 de septiembre por parte del Juzgado Tercero de Puerto Asís, Putumayo, que aceptó la medida cautelar solicitada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social.

Alexander Harley Bermúdez, representante a la Cámara por el partido Liberal, encargado de presidir las sesiones económicas conjuntas para debatir el presupuesto 2027.
Destapan la ponencia del Presupuesto General de la Nación: así quedarían las carteras del Estado para 2027

En la acción judicial se pidió proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la salud, al agua, al ambiente sano, a la participación ciudadana y a la protección de la biodiversidad que consideraban vulnerados con la resolución del Gobierno.

Esto, al indicar que con la aspersión aérea con glufosinato de amonio en el Putumayo “se podrían generar riesgos para la población, las fuentes hídricas, los cultivos lícitos, la biodiversidad y los insectos polinizadores”.

“En atención a la naturaleza de los hechos planteados y la necesidad de establecer con precisión la existencia, alcance territorial,estado actualy condiciones de ejecución del plan piloto, resulta necesario integrar debidamente el contradictorio y recaudar información de las autoridades que, por sus competencias, pueden tener intervención directa o técnica en la materia”, señala la decisión que generó un debate.