La queja que transitó por varios despachos judiciales, hasta que aterrizó en la Comisión de Disciplina Judicial, indicaba una serie de hechos irregulares y presuntamente infractores del buen comportamiento para una representante de la justicia y dejaron como responsable, en primera instancia, a la juez 50 civil municipal de Bogotá, Dora Alejandra Valencia.
Según la queja en contra de la juez, la funcionaría que llegó a ocupar el cargo de oficial mayor del despacho, no lo pudo hacer porque simplemente y a criterio de la juez, no cumplía los requisitos para ser parte de la Rama Judicial, tanto así que ni siquiera le permitía ingresar a las oficinas.
“Constitutivos de acoso laboral, consistentes en que en condición de oficial mayor del Juzgado 50 Civil Municipal, ha sido objeto de persecución por la titular del estrado, quien desde el 11 de abril de 2018 le impidió el ingreso al mismo”, señala la queja en contra de la juez.
El relato de la afectada incluso advierte cómo la juez, supuesta representante de la justicia, encargada de velar por el respeto de la ley y los derechos ciudadanos, le dio dos opciones a la oficial mayor: renunciar al nombramiento o esperar una calificación negativa y de manera anticipada en la evaluación de la Rama Judicial.
“Agregó que la investigada le impidió realizar el reporte de su posesión ante la Oficina de Talento Humano, pues en el acta de posesión se incurrió en un yerro al consignar una resolución que no correspondía, por lo que debía corregirse, hallándose al despacho tal corrección para la firma, pero la Juez le manifestó que no iba a corregir el acta”, advierte la queja que llegó a la Comisión de Disciplina Judicial.
Las quejas en contra de la juez llegaron en 2018 a la Comisión de Disciplina y cinco años después se conoce una decisión. Los magistrados de la Comisión encontraron a la funcionaria responsable, en primera instancia, de los hechos y la destituyeron, además de inhabilitarla por el término de 10 años.
“Para el cumplimiento de la sanción por Secretaría se oficiará a la Dirección Seccional de – administración Judicial, así mismo se ordenará registrar la sanción ante la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría”, advierte la decisión de la Comisión que sancionó a la juez.
En los escritos de defensa, la juez advirtió que no incurrió en actos de discriminación o maltrato en contra de la funcionaria que, por ejemplo, la llevara a renunciar. Sin embargo, los magistrados establecieron que la juez elaboró un “manual de funciones” que incluyó varios compromisos con duras sanciones por incumplimiento del mismo manual.
“Se advirtió igualmente a la trabajadora que no podía sacar expedientes “ni rayarlos ni maltratarlos. Cualquier pérdida de algún expediente y/o auto, como algún documento que se encuentre dentro del mismo y que se encuentre bajo su custodia”, señaló la decisión de la Comisión.
A la juez le queda el recurso de apelación para defenderse, aun así la decisión se convierte en una dura sanción contra una funcionaria judicial y por hechos relacionados con acoso laboral.