La trágica espera de Rojas

En marzo de 2008, un guerrillero del frente 47 de las Farc conocido como alias Rojas llegó a la VIII Brigada del Ejército después de una caminata de días. En una maleta llevaba la mano cercenada de quien era su jefe, alias Iván Ríos, integrante del secretariado de las Farc. Rápidamente, se convirtió en una figura mediática que reflejaba el desespero vivido en la subversión. Un guerrillero dejaba las armas después de traicionar y asesinar a su comandante y, además, reclamaba su derecho a “reintegrarse” a la sociedad con una mano en una maleta. Esa mano era la prueba reina para que le entregaran los 5.000 millones de pesos de recompensa que el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe ofrecía por Iván Ríos. Pero la historia tuvo sus giros, sus traiciones.

Pedro Pablo Montoya, alias Rojas, nació el 14 de agosto de 1974 en el municipio de San Roque, Antioquia. Fue reclutado por las Farc cuando tenía 16 años de edad y estuvo en la guerrilla por más de 25, y esto le sirvió para ganarse un espacio de confianza hasta llegar al esquema de seguridad de Manuel de Jesús Muñoz, alias Iván Ríos, jefe del bloque Noroccidental. La confianza quedó rota, como ya se sabe, pero Rojas no pudo encontrar la tranquilidad después de su escape: fue asesinado el 3 de agosto de 2019 sin recibir la totalidad de la recompensa que se le prometió y después de un rosario de amenazas de las que nadie lo protegió.

Meses después del revuelo que causó su fuga de las Farc y de la tenebrosa prueba que entregó a las autoridades para confirmar la muerte de su jefe, empezaron los problemas para alias Rojas: amenazas, advertencias e incumplimientos del Gobierno. De todo lo que esperaba tras su desmovilización, lo primero que llegó fue una condena a 18 años de cárcel; pagó ocho con los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. De la recompensa de 5.000 millones de pesos, según su familia –que se mantiene en el anonimato por temor a una retaliación–, apenas le anunciaron 800 millones. No los alcanzó a utilizar porque fueron retenidos como parte de la reparación a las víctimas del conflicto.

Después de pagar condena, se radicó en Bogotá y comenzó un pequeño proyecto de confecciones, pero apenas duró seis meses porque empezaron las amenazas. Lo único que tuvo para protegerse fue un documento de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía que obligaba a la policía de la localidad de Kennedy a brindarle protección. Sin embargo, no le quedó más remedio que abandonar la capital y viajó a Manzanares, Caldas, donde continuaron las intimidaciones.

En 2019, Pedro Pablo Montoya acudió a las autoridades para que lo protegieran, pero fue desoído. SEMANA conoció las pruebas de una demanda contra el Estado presentada por la familia de alias Rojas y que se encuentra en proceso de conciliación en la Procuraduría. Se trata de un largo expediente con videos, audios, documentos, que el mismo Pedro Pablo grabó, redactó y radicó como evidencia de que su muerte se aproximaba mientras esperaba las promesas del Gobierno tras su desmovilización.

En los videos, alias Rojas le cuenta al país, con nombre, cédula y fecha, que después de diez años aún esperaba la recompensa prometida tras su fuga de las Farc. Advierte de problemas de seguridad y del incumplimiento tanto del Gobierno colombiano como de las autoridades norteamericanas: “Me dirijo a los agentes del Gobierno norteamericano delegados aquí en Colombia para hacer el pago y el desembolso de mi recompensa en la cual el Gobierno americano entrega por la baja y entrega de alias Iván Ríos”.

Alias Rojas recibió un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin embargo, en varios documentos redactados de su puño y letra, advirtió que en algunos desplazamientos los escoltas lo dejaban solo, pues aseguraban no tener dinero para viáticos. “El día de mañana el 17 de julio de 2019 me desplazo al municipio ya mencionado y lo hago sin ningún tipo de protección por parte de la UNP ya que los escoltas manifiestan no brindar mi protección porque no tienen dinero o viáticos y me ordenaron entregarles el vehículo blindado”, dice una de las cartas que escribió.

Su estado de indefensión era tal que un día Pedro Pablo grabó cómo los escoltas se marchaban en el vehículo de protección, dejándolo en un paraje de Caldas: “Salen los dos escoltas, se llevan el vehículo, dicen no poderme acompañar por falta de plata o viáticos… Se desplazan hacia el municipio de Manzanares”, dice, mientras registra cómo se queda sin escoltas días antes de su muerte.

Ocho días antes de que lo asesinaran, el 25 de julio de 2019 una fiscal de Manzanares, Caldas, mediante oficio, le advirtió a la UNP del riesgo de seguridad que corría alias Rojas: “Se encuentra susceptible a problemas de seguridad en especial al ser exintegrante de las Farc y ser declarado en su momento objetivo militar por sus excompañeros”. Pedro Pablo fue víctima de un ataque sicarial muy cerca de la finca que quería convertir en un proyecto agrícola y donde estaba radicado, aunque no tenía casa. Fueron ocho disparos, ejecutados por dos hombres encapuchados que aparecieron y huyeron por unos matorrales. Los testigos apenas alcanzaron a contarle a la policía lo que ocurrió y a advertir que desde hace meses alias Rojas sabía que lo iban a matar, pero el Estado lo dejó solo.

La familia de Pedro Pablo Montoya le aseguró a SEMANA que un año y tres meses después del crimen no conocen ni al fiscal que lleva el caso. Apenas tienen algunos informes de la UNP en los que aclaran que fue el mismo alias Rojas quien decidió hacer algunos desplazamientos sin el acompañamiento de los escoltas, pero de lo que ellos dudan totalmente.

Incluso, el entonces secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, aseguró que alias Rojas mantenía actividades ilegales antes del ataque del que fue víctima. “Ocho días antes de su muerte, se había ido para Supía a adelantar negocios de minería ilegal y no consultó con sus escoltas”, señaló el funcionario, versión que fue desmentida por la familia. La falta de respuesta de la Justicia fue un motivo adicional para seguir con la demanda que incluye a la Policía, los ministerios de Defensa e Interior, y la UNP, como responsables de las omisiones que –en criterio de la familia de alias Rojas– lo dejó en riesgo, a pesar de las advertencias que grabó, escribió y publicó como prueba de su inminente muerte.

A la familia y los abogados les llegaron versiones sobre los móviles del crimen, que incluyen un ajuste de cuentas, el supuesto plan para apoderarse de algunas propiedades y hasta un presunto precio por su cabeza, al parecer pactado por exjefes de las Farc. De la recompensa, los beneficios, los programas de reincorporación y las promesas tras su desmovilización, dicen sus familiares, lo único que se cumplió fue con los ocho años de cárcel. Alias Rojas fue asesinado mientras grababa y escribía como el Estado no le tendió la mano cuando más lo necesitaba.

SEMANA trató de encontrar respuestas sobres los problemas de seguridad y el incumplimiento con el pago de la recompensa en la UNP y en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, al cierre de esta edición, no se habían recibido.