Un artefacto explosivo fue detonado este fin de semana a las afueras de un supermercado del municipio de Algeciras, Huila.
De acuerdo con el secretario de Gobierno del Huila, Andrés Mauricio Muñoz, este hecho se le atribuye al bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc.
Supuestamente, sería una retaliación en contra del dueño del establecimiento comercial donde ocurrió el hecho, al parecer por no haber cumplido con el pago de una presunta extorsión.
“Las disidencias tratan de generar una percepción de presencia en los territorios”, sostuvo Suárez Briceño.
Entretanto, el hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad del sector, donde se ve a dos hombres en moto pasando por el lugar y, posteriormente, uno de ellos lanza el objeto explosivo que, según las autoridades, dejó tres personas con heridas leves, producidas por esquirlas y aturdimiento.
Cámaras de seguridad captaron el momento en que el fin de semana dos hombres en moto lanzan un explosivo contra un supermercado de la zona comercial del municipio de Algeciras, Huila. pic.twitter.com/jE2Jtv7GKt
— Duvan Alvarez (@duvan_ad) July 10, 2023
Aunque todos los afectados están fuera de peligro, la población de esta región del país les pide a las autoridades mayores controles en la zona.
Ante esta petición, el capitán Héctor Silva Trujillo, comandante de Policía de Algeciras, aseguró que en todo el municipio hay activo un plan candado. “Mantenemos un plan candado en el municipio con operativos especiales focalizados en diferentes barrios, entradas y salidas del casco urbano, así como en la zona comercial”.
De otro lado, la paz de los hermosos paisajes que se encuentran en el sur de Bolívar, parte del Bajo Cauca antioqueño, y algunos municipios del Magdalena Medio, se ve interrumpida por la avaricia y crueldad de los grupos criminales, que quieren hacer plata a punta de plomo. Están enfrentándose entre ellos por el control de las rentas criminales.
Entre los 16.000 kilómetros cuadrados de la serranía de San Lucas, que cuenta con montañas, rocas y la imponencia del río Magdalena, hay cientos de hectáreas ricas en minería, fauna y flora, paraíso que sirve de guarida para delincuentes que tienen amedrentada a la población.
Pedro (nombre ficticio) es uno de los pobladores que teme identificarse para alzar la voz y decir que está “mamado de ser el cajero automático de esos bandidos”, pues es una víctima más de extorsión en el municipio de San Pablo, Bolívar.
Con libreta en mano, saben cuánto paga cada vecino: el comerciante de cerveza desembolsa un “impuesto” de 10.000 pesos por canasta de cerveza. Cada camión que surte alimentos a las tiendas tiene una vacuna de 300.000 pesos mensuales. Asimismo, quienes vendan una finca o casa deben pagar un porcentaje a estas organizaciones criminales, que suele ser del 20 %, tope que también les cobran a los que trabajan en el sector minero.
No todos denuncian por miedo. En la serranía de San Lucas, la Policía reporta solo 21 casos de extorsión, lo que implica un elevado subregistro debido a que los grupos criminales advierten que si hablan con las autoridades los asesinan. Y cumplen. Durante lo corrido del año, en el municipio de Santa Rosa del Sur se han registrado siete homicidios; en Morales, nueve; y en Yondó, la misma cifra. Hasta el momento, la Policía del Magdalena Medio ha capturado a cinco personas por homicidio.
En pleno siglo XXI, el secuestro sigue siendo una práctica. Cinco funcionarios de la Alcaldía de Santa Rosa del Sur fueron llevados en contra de su voluntad por hombres armados, que se identificaron como miembros del ELN, pero oficialmente ningún grupo alzado en armas se ha atribuido el delito, según reportan las autoridades.
Según un informe de inteligencia policial, conocido por SEMANA, en los municipios de Antioquia que tienen injerencia en la serranía de San Lucas hay presencia del frente de guerra Darío Ramírez Castro, del ELN, conformado por cinco subestructuras que afectan a las comunidades de Segovia, Remedios, El Bagre y Nechí. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia también están haciendo de las suyas con un bloque y dos frentes que operan en el Bajo Cauca y en el noreste del departamento.
Las disidencias de las Farc alineadas al Estado Mayor Central también se disputan su presencia en la zona. Las autoridades han dado fuertes golpes con capturas, incautación de material de guerra y afectación al narcotráfico. Han logrado minimizar la tala de árboles y el tráfico ilegal de fauna. La Policía reporta que tiene cientos de hombres y mujeres que custodian la serranía con grupos especiales, como Gaula, inteligencia, Policía judicial, y reacción inmediata, entre otros.
Pero aun así parece insuficiente el esfuerzo, según la percepción de la comunidad que está buscando “un frente común como hace 25 años para combatir la delincuencia”. Así lo dijo a este medio uno de los pobladores que aclara que no habla de armarse, pero sí buscar hacer presencia reuniéndose en acciones populares.