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Líderes sociales, en la mira de las disidencias de las FARC

Algunos excombatientes de las FARC están siendo contratados como sicarios para asesinar por encargo a líderes sociales. SEMANA conoció detalles de las investigaciones más recientes que lo demuestran.


Empezaba a ocultarse el sol el miércoles 17 de marzo de 2021 en Puerto Guzmán, Putumayo, cuando se escuchó una ráfaga de disparos que se mezclaban con los gritos, entre los cuales sobresalía el de una mujer: ”Me la mató, me la mató”. La voz era de Paola Patricia Pujimuy, quien tenía en brazos a su bebé de 20 meses, con cuatro impactos de arma de fuego; también estaba su mamá, la lideresa indígena María Bernarda Juajibioy, tendida en el piso, con ochos disparos, junto a una moto pequeña, en medio de la carretera que comunica con la vereda La Esmeralda.

Iban del cabildo indígena a la inspección El Placer. Paola se subió a la motocicleta con su mamá y sus dos hijas, la de brazos y una niña de nueve años, cuando fueron abordadas por dos hombres en la carretera y quienes dispararon contra ellas. La lideresa, al igual que su nieta más pequeña, murió, y las dos sobrevivientes recibieron cada una un disparo. Pese a que los hombres le decían que bajara la mirada, ella logró ver sus rostros, pero no los conocía. ¿Quién mató a la alcaldesa del cabildo Camentzá Biyá?, se preguntaban muchos en el país.

En la zona reina la ley del silencio. Sin embargo, los investigadores se ganaron la confianza de uno de los pobladores, quien dijo que había visto en la zona a alias ‘Gurre’, un joven de 26 años que alteraba su identidad en las redes sociales, pero que en realidad se llama Luis Enrique Peteche, quien se había acogido al proceso de paz con las FARC, pero que al parecer seguía delinquiendo, haciendo encargos de sicariato a través de las disidencias del Frente 48.

Su rostro coincidió con la identificación fotográfica que hizo Paola. Pero eso no era suficiente para determinar que él era el responsable del homicidio, así que se recopiló otro material, entre testimonios de testigos que vieron el momento en el que lo contrataron para un “encargo” el día anterior del asesinato y los de otros que aseguraron que a alias ‘Gurre’ le llamaron la atención sus jefes por haber hecho mal la tarea y haber asesinado a una bebé. Eso haría que las autoridades priorizaran el caso. Y no se equivocaron: en menos de tres meses, lo capturaron.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación tienen un grupo élite de investigadores para homicidios de líderes sociales y excombatientes. Se ha logrado determinar que no todos los líderes asesinados son víctimas por el papel que desempeñan en la sociedad, sino porque están ligados a otras circunstancias, como intolerancia, atracos y demás factores.

En el caso de la lideresa, las autoridades no descartan que alias ‘Gurre’ hubiese sido contratado para asesinarla, motivados por temas pasionales o porque en su labor en la medicina ancestral uno de los miembros de grupos ilegales hubiese quedado inconforme por un trabajo realizado. Esas son algunas de las hipótesis que se manejan.

Según la ONU y la Fiscalía, en los últimos años han sido asesinados 417 líderes sociales en todo el territorio nacional, cifras que están casi un 50 % por debajo de las presentadas por Indepaz. Los departamentos en los que más líderes sociales han sido asesinados son: Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo, Cauca, Arauca, Chocó, Norte de Santander Antioquia, Nariño y Meta.

Las zonas en las que hay presencia de disidencias de las FARC es donde más se están presentando los crímenes, pues los líderes sociales se convierten en piedras en el zapato para grupos armados ilegales que pretenden recuperar el territorio. Como sucedió en La Macarena, Meta, a final de 2020, cuando el guardián de Caños Cristales, Javier Parra, fue asesinado mientras tomaba café una mañana en su oficina de Cormacarena. La ventana quedó abierta y, según las autoridades, un hombre llamado Yilmar Mina, conocido con el alias de ‘Negro Mina’, le propinó tres disparos causándole la muerte.

El acusado del homicidio es un hombre que se acogió al proceso de paz luego de pertenecer al Frente 40 de las FARC. Andaba entre la comunidad sin esconderse, pese a que tenía un proceso por homicidio pendiente, pero como recibía los beneficios que el Gobierno les otorgó a los excombatientes, no tenía temor a ser capturado y, por el contrario, esa fachada le habría servido para seguir delinquiendo.

Según las investigaciones, ‘Negro Mina’ cumplía con labores de sicarito ordenadas por alias ‘Hermes Boyaco’, cabecilla de la disidencia Jorge Briceño y aliado de Gentil Duarte; para ellos, era necesario sacar del camino al líder ambiental, porque él hacía controles para la prevención de deforestación que facilitaba los cultivos ilícitos con los que se financia la organización criminal.

Fueron un video y los testimonios los que ayudaron a esclarecer el crimen. El hecho de que exista una unidad de investigación especial para identificar a asesinos de líderes sociales ha hecho que los crímenes se diluciden con facilidad; más del 65 % de los homicidios ya tienen un avance en la justicia colombiana.