Lo último | Procuraduría asume la investigación por la presunta participación de miembros de la Armada en tráfico de migrantes

La Procuraduría General de la Nación tiene las alarmas encendidas frente a la grave situación de derechos humanos que enfrentan los migrantes ilegales de la denominada ruta VIP que inicia en la isla de San Andrés y continúa hacia aguas nicaragüenses para llegar finalmente a los Estados Unidos.

Son cientos los ciudadanos de distintas nacionalidades que caen en las redes de tráfico que prometen un trayecto fácil. De acuerdo con la Procuraduría, 977 de ellos ha sido abandonados y rescatados por las autoridades en altamar, de 100 personas se desconoce el paradero.

Este martes se conoció que fueron capturados cinco miembros de la Armada Nacional que, al parecer, estarían colaborando con estas redes de tráfico de migrantes. Los coyotes cobran hasta 2.700 dólares, cerca de 11 millones de pesos colombianos, por el trayecto.

“Se ha determinado que en el proceso penal que tuvo como resultado el día de ayer la captura de 24 personas, 19 civiles y cinco funcionarios pertenecientes a la Armada Nacional, vamos a asumir por poder preferente la investigación disciplinaria que adelanta la Armada Nacional y vamos a constituir el mismo día de hoy una agencia especial para intervenir directamente en el proceso penal”, indicó el procurador delegado Javier Sarmiento.

La Procuraduría, recientemente, emitió un informe en el que alerta acerca de los riesgos que corren quienes creen en las promesas de estas redes de tráfico con el sueño de llegar a Estados Unidos en busca de oportunidades.

“No deja de ser muy preocupante, porque entre los riesgos que afronta esa población migrante encontramos realidades como por ejemplo; lanchas pequeñas, lanchas inseguras y casi que básicas con un solo motor, ausencia de chalecos salvavidas, ausencia de instrumentos de navegación en esas naves y ausencia de instrumentos de comunicación. Incluso hemos encontrado y detectado la potestad de que esa población migrante sean víctimas de redes de tráfico irregular que no tienen consideración alguna en la seguridad personal de esa población y terminan incluso asaltándolas y quitándoles todas sus pertenencias”, advirtió en su momento la procuradora Margarita Cabello.

“Es claro que esto no es un tema menor. Si bien hay un tema grande y mayor en el tapón del Darién, hay que ponerle atención a este nuevo flujo de migrantes a través de la vía marítima. Nosotros como país, y sobre todo como institucionalidad, debemos estar presentes en todo el territorio nacional brindando el apoyo necesario para evitar y mitigar esta situación y lógicamente evitar que sigan ocurriendo pérdidas de vidas humanas”, dijo la funcionaria.

Los migrantes llegan en vuelos comerciales a San Andrés y en su tránsito han establecido cambuches en la isla y en algunos callos como Pescador y Albuquerque, mientras logran conseguir los recursos para continuar con su viaje, sin alimentos, expuestos a las inclemencias del clima y a las vejaciones de los grupos ilegales que los reclutan.

Por su parte, los familiares de 38 de los 100 migrantes desaparecidos en aguas del archipiélago le hicieron llegar una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, en la que piden ayuda para conocer realmente cuál fue el destino de sus seres queridos que zarparon en una de esas lanchas en la noche del 21 de octubre.