Lo último: Procuraduría inició 24 investigaciones por irregularidades en manejo de recursos para la paz

La Procuraduría General de la Nación acaba de confirmar que adelanta 24 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de los proyectos con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) viabilizados, priorizados y avalados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) – Paz.

La Procuraduría le tiene la “lupa” a las posibles irregulares de funcionarios que habrían afectado el correcto uso de los recursos del SGR en proyectos, por cerca de 250 mil millones de pesos, ubicados en municipios priorizados para el posconflicto (PDET) en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

Según la investigación inicial, son cerca de 500 mil millones de pesos de los llamados “recursos para la paz”, que se habrían utilizado para fines totalmente diferentes a su objetivo. Un grupo de alcaldes, incluso, los habría utilizado como caja menor para mover su poder político y beneficiarse económicamente.

Tras la firma del Acuerdo de Paz se fijó que para desembolsar estos dineros, el Sistema General de Regalías debía avalar los proyectos en diferentes municipios golpeados por la pobreza y el conflicto armado.

En este caso, un Grupo Especial de Seguimiento al SGR de la Procuraduría priorizó el análisis de 27 proyectos de inversión aprobados por el Ocad – Paz, por más de 437 mil millones de pesos, y observó riesgos y presuntas irregularidades en la ejecución de estas iniciativas que dieron lugar a abrir diez indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias.

Adicionalmente, y de acuerdo con diferentes hallazgos remitidos por la Contraloría General de la República, la Procuraduría avanza en 12 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en el manejo de estos recursos y en la ejecución de proyectos del Ocad – Paz de parte de funcionarios del Fondo Colombia en Paz, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia de Renovación del Territorio, el Ministerio de Educación, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, las gobernaciones de Cauca y Caquetá, y de las administraciones municipales de Fonseca y Urumita en La Guajira.

Cabe recordar que, en las últimas horas, la Fiscalía General llamó a declarar al exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, en medio de la investigación preliminar que se adelanta por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en el manejo de recursos destinados a proyectos en los municipios más afectados por el conflicto, con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Para recibir la “bendición” del Ocad - Paz, los 170 municipios debían conseguir que el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia de Renovación del Territorio, la Contraloría, y el respectivo Ministerio los avalara. Aquí, presuntamente, apareció la corrupción, puesto que se habrían hecho cobros indebidos o se avalaron proyectos que jamás se cumplieron.

El pasado domingo, por medio de un comunicado, Archila manifestó que él fue el encargado de denunciar estas irregularidades y la exigencia de comisiones que habrían hecho a algunos alcaldes para la aprobación de los proyectos financiados con el Sistema General de Regalías, a través del programa Ocad - Paz.

“En desarrollo de esos criterios, desde por lo menos el primer trimestre de 2021, denuncié reiteradamente, para que se iniciaran las investigaciones que corresponden, por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Consejería de Transparencia y al Departamento Nacional de Planeación, hechos cuyo conocimiento obtuve por sendas comunicaciones que recibí”, dijo Archila.