SEMANA tuvo acceso, en primicia, al auto con el que la Procuraduría General de la Nación revocó la suspensión provisional al presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE), José Daniel Rojas Medellín, tras el acuerdo surgido en la mesa de trabajo convocada por el ente de control, sobre la compra de acciones de la Triple A.
En su decisión, el viceprocurador general señaló que los compromisos adquiridos en ese escenario de diálogo han modificado los fundamentos jurídicos que generaron la suspensión provisional decretada, pues se acordó cumplir, entre otras obligaciones, con “el traspaso de las acciones objeto del contrato de compraventa por parte de la SAE”.
Advierte el Ministerio Público que, en principio, la SAE ha cumplido las obligaciones contractuales y, en consecuencia, el presidente de esta entidad no podría “continuar incurriendo en la comisión de la conducta investigada, así como tampoco podría reiterarse la conducta”.
Según pudo establecer SEMANA, el directivo podrá asumir sus funciones sin necesidad de adelantar ningún otro trámite legal, sin perjuicio de la continuación de la investigación disciplinaria que se adelanta en su contra y que vincula también a Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE, y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
El detrimento patrimonial que se podría generar, según la Procuraduría
Además del director de la SAE, José Daniel Rojas, la Procuraduría abrió una investigación contra Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE; y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
“Para este ente de control, al parecer, las conductas podrían generar un detrimento patrimonial por presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta, cuya consecuencia derivaría, en principio, en hacer efectiva la cláusula penal por 59 mil millones de pesos, por parte de la empresa K-Yena; a la vez que advierte irregularidades en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Triple A S.A. E.S.P que se realizó el 7 de febrero de 2023, en la cual se eligieron nuevos miembros de la Junta Directiva de la Triple A.”, afirmó la Procuraduría en un comunicado.
El Ministerio Público también vinculó dentro de la investigación disciplinaria al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, “quien al parecer habría sugerido, decidido, recomendado o manifestado ante la SAE que se suspendiera el cumplimiento del contrato, actuación funcional con la cual pudo haber contribuido a la consumación de comportamientos conjuntamente con los funcionarios de la SAE para que suspenda el cumplimiento de las obligaciones contractuales”.
Según la denuncia que generó la apertura de investigación y estas decisiones, Barranquilla perdió una gran cantidad de dinero con la venta del 82.16 % las acciones de la empresa, avaluadas en $ 565 mil millones de pesos, cuando pasó a ser nuevamente en mayor porcentaje del distrito, en el mes de diciembre del año 2021 mientras aún fungía como presidente Iván Duque.
Precisamente, ante la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82,16 % de las acciones suscritas de Triple A S. A. E.S.P., se abrió la indagación.
Para la Procuraduría, las conductas podrían “generar un detrimento patrimonial por presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta, cuya consecuencia derivaría, en principio, en hacer efectiva la cláusula penal por 59 mil millones de pesos, por parte de la empresa K-Yena, a la vez que advierte irregularidades en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Triple A S. A. E.S.P que se realizó el 7 de febrero de 2023, en la cual se eligieron nuevos miembros de la junta directiva de la Triple A”.