Este sábado 28 de marzo, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que lograron judicializar a Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry, y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo, por presuntamente ser los responsables en el secuestro, hurto y posterior crimen del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, en hechos ocurridos en Bogotá.
Las investigaciones realizadas por las autoridades lograron evidenciar la forma en la que el profesor fue abordado por los criminales que terminaron acabando con su vida.
“El docente tomó un taxi en la localidad de Chapinero, en el norte de la ciudad, el pasado 15 de enero. Gómez Méndez, al parecer, conducía el vehículo y decidió cambiar la ruta a pocas cuadras de iniciar el recorrido”, detalló el ente investigador.
Asimismo, señalaron que “el trayecto era seguido de cerca por un carro particular. Páez Herrera iría al volante, acompañado por Chitiva Henao y Vásquez Rivera, quienes son señalados de bajar del automotor y subir intempestivamente al taxi para intimidar al profesor”.
En ese momento, precisó la Fiscalía, estos dos hombres presuntamente atacaron a la víctima con armas cortopunzantes y golpes para obligarla a entregar las claves de las tarjetas bancarias. Finalmente, la asfixiaron.
“El cuerpo fue llevado hasta el kilómetro 2 de la vía antigua al Llano, en la vereda Los Soches de la localidad de Usme. Allí lo bajaron y Gómez Méndez le habría rociado gasolina y posteriormente incinerado”, indicó.
La Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá fue clave en el apoyo a las pesquisas de la Fiscalía y, en medio de las investigaciones, pudieron determinar que durante la madrugada del 16 de enero, los hoy procesados presuntamente realizaron retiros por cerca de seis millones de pesos de las cuentas bancarias del docente.
Además, realizaron compras en establecimientos de comercio ubicados en los sectores de Venecia y Fátima, en la localidad de Tunjuelito en Bogotá. A los capturados, la Fiscalía les imputó ante un juez con funciones de control de garantías los delitos de homicidio, hurto calificado y secuestro extorsivo, las tres conductas agravadas, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los cargos no fueron aceptados.