política

Los fuertes cuestionamientos a la doctrina militar en el informe de la Comisión de la Verdad

Cuestionan sus técnicas de combate diciendo que debería primar el diálogo.


Luego de conocerse el informe de la Comisión de la Verdad, que fue presentado este martes en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, se han conocido algunos detalles que no dejan de generar polémica.

SEMANA detalló cada uno de los puntos del documento y, como se esperaba, los comisionados cuestionaron el actuar de las Fuerzas Militares y la Policía.

En el capítulo 7, que es donde más se hace referencia a estos hechos, se cuestiona el enfoque que han tenido las Fuerzas Militares y de Policía históricamente.

Un primer punto con el que no están de acuerdo es que la Policía haga parte de la misma cartera y tenga un enfoque similar al de las Fuerzas Militares de combatir estructuras armadas. Dicen que la segunda debería ser de carácter civil.

“El Estado ha entregado la seguridad al Ejército y a la Policía militarizada, cuando el encuentro con la Colombia herida le ha mostrado a la Comisión que, si bien es necesaria la intervención militar en casos críticos en los que aún sigue del conflicto –y siempre en la perspectiva de ir hacia la paz–, la mayoría de los elementos de la seguridad no deben ser militares”, dicen.

Y agregan: “El diseño de seguridad debería partir de la vida cotidiana de la gente y de sus líderes sociales, pasar desde allí a las instancias civiles del Estado, gobernadores y alcaldes, que deberían poner el foco en proteger las formas como la gente quiere vivir, y desde ese foco el presidente de la República debería orientar a la Policía para proteger los ciudadanos, sus familias y comunidades”.

En ese sentido, critican que algunos gobiernos hayan enfrentado a la guerrilla por la vía militar y no a través del diálogo desde un principio y que esa sería una de las razones del conflicto. “El Estado decidió enfrentar el problema político que planteaba una insurgencia en rebeldía contra el Estado mediante una solución militar, en lugar de hacerlo con el diálogo y la negociación política desde un principio, pero esa misma solución militar acrecentó la seguridad armada del Estado mientras se aumentaban cada vez más las fuerzas insurgentes. La sociedad se hizo a la solución militar y apoyó el crecimiento de la seguridad armada”, señalan.

Incluso, en un punto de ese capítulo, aseguran que desde las Fuerzas Armadas se concentraron sus esfuerzos en ese combate del enemigo, dejando de lado, supuestamente, otros temas y derechos internacionales.

“El Estado, desde las autoridades civiles, pero también desde las Fuerzas Armadas, en medio del conflicto armado, se sumergió en un enfoque de defensa frente a amenazas, concentrando todos sus esfuerzos en la identificación del enemigo y en su persecución a través de una respuesta militar, armada, de guerra, y perdió de vista o minimizó la importancia de otras condiciones estructurales que contribuyen a la seguridad, que no exacerban la guerra y que no dependen de las instituciones armadas y de inteligencia”, aseguran en el informe.

Asimismo, mencionan que en medio del conflicto armado, las FF. MM. han “perseguido” guerrilleros, terroristas, narcotraficantes, pero, dicen, que también lo han hecho con población civil, algunos de ellos vulnerables, sin discriminar casos, sino hablando en general de la institución y los soldados del país.

“Así, en la guerra, las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad no han perseguido únicamente a los guerrilleros, terroristas o narcotraficantes, sino también a campesinos, sindicalistas, indígenas, afrodescendientes y estudiantes, así como a los integrantes de la oposición política y de organizaciones sociales y de mujeres. También se ha perseguido a quienes denuncian o hacen control de los abusos, como periodistas, defensores de derechos humanos e incluso a empleados públicos, particularmente jueces y magistrados, que en virtud del ejercicio de su función terminaron siendo vistos como obstáculos para la estrategia de guerra o para la impunidad de los crímenes que se cometieron”, aseguran.

Mencionan que hacia los años 90, en las zonas donde había presencia de las Farc, los afectados eran las comunidades. Responsabilizan a los militares y al Estado, en vez de a los guerrilleros por esos hechos.

“A mediados de los años noventa, en las zonas de fuerte presencia y control de las FARC-EP y presencia de cultivos de coca, y con fundamento en la lucha contra las drogas, las comunidades campesinas, cocaleras, indígenas y afrodescendientes fueron afectadas por la militarización, la estigmatización y las fumigaciones”, dicen.