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| 4/19/2020 10:30:00 PM

Los muertos vivientes que aparecieron como beneficiarios de Ingreso Solidario

Miles de millones de pesos del programa creado para dar subsidios a 3 millones de personas vulnerables en medio de la pandemia se perdieron. Mientras las autoridades investigan, nadie se explica por qué el Gobierno blindó jurídicamente a los funcionarios a cargo. SEMANA revela los detalles inéditos del escándalo.

Los problemas enfrentados por el programa Ingreso Solidario Para el lanzamiento del programa, Presidencia usó la imagen de doña Bertha como una beneficiaria de los 160.000 pesos. “No he recibido nada”, dice la señora en un video que se volvió viral en redes y en donde ella explica que es favorecida de otro programa: el que va dirigido al adulto mayor, y recibe 80.000 pesos.
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La cédula 999999 pertenecía a José Ferney Posada Bermúdez y quedó cancelada por la muerte de su dueño. El número debería estar fuera de circulación, pero aparece asociado a Uldarico Antonio Robles Espitia, uno de los felices beneficiarios de Ingreso Solidario, el programa del Gobierno que prometió entregar ayudas por 160.000 pesos a las personas más vulnerables en medio del confinamiento por el coronavirus.

Este caso de supuesta suplantación salió a la luz gracias a una cascada de denuncias de ciudadanos indignados que detectaron fallas masivas en los elegidos como favorecidos. La cadena de irregularidades se volvió rápidamente tendencia en Twitter con el hashtag #RoboSolidario y llevó a que Planeación Nacional desmontara el aplicativo el sábado 11 de abril, cuando cumplía solo tres días al aire.

La entidad intentó calmar los ánimos diciendo que hubo anomalías en el buscador que trae los resultados desde la base de datos. Pero una auditoria inicial al sistema revela que, así como el de Uldarico, hay miles de registros fraudulentos que reposan en la lista de personas llamadas a recibir esta ayuda.

SEMANA tuvo acceso a informes de auditoría a la base de datos, realizados por entes de control que alertan de al menos 35.283 registros irregulares. Se trata de miles de números de cédulas con nombres falsos, 311 muertos con cuenta bancaria lista para recibir el giro y personas que a pesar de tener identidad falsa tienen una cuenta activa asociada al programa, entre otras.

Las matemáticas de este escándalo pueden ser monumentales si se tiene en cuenta que el programa va dirigido a 3 millones de colombianos y que alcanzaron a desembolsar recursos para 1,2 millones de personas. Esto significa que, a punta de pequeños giros, el programa Ingreso Solidario cuesta cerca de 500.000 millones de pesos, de los cuales giraron 200.000. Lo pendiente quedó en el congelador gracias al escándalo que desató la gente.

¿Cómo se llegó a esta situación? Ingreso Solidario fue pensado para gente con bajo puntaje del Sisbén, que estuviera en desprotección en medio de la pandemia y no tuviera acceso a otros subsidios del Estado, como Familias en Acción o compensación del IVA. Así, Planeación Nacional y la Banca de Oportunidades construyeron el listado luego de cruzar información del Sisbén, los registros del Departamento de Prosperidad Social, de los ministerios de Trabajo, Salud y Hacienda. Y se encargaron de identificar los hogares bancarizados y no bancarizados, así como de diseñar un plan de cobro para estos últimos. Por su rápida estructuración, el presidente Duque lo consideró un “hito” en las políticas del Gobierno en el marco de la emergencia.

El bullicio en Twitter obligó a la Registraduría a depurar la base de datos. SEMANA conoció el balance completo sobre las 2.886.000 cédulas que le llegaron desde Planeación. De este paquete, que corresponde al total de beneficiarios, 23.283 cédulas tienen anomalías como exceso de dígitos (3.273 casos); hay 8.309 cédulas canceladas, la mayoría por muerte, y 11.219 cédulas que contaban con beneficios del programa, pero que la Registraduría no tenía noticia de su existencia en el Archivo Nacional de Identificación.

No obstante, el desfase seguramente será mucho mayor. La información que remitió Planeación Nacional a la Registraduría tiene un problema: solo trae asociado el número de cédula de los beneficiarios, de modo que el listado no relaciona nombres ni sexo. Una consulta más detallada al sistema, conocida por SEMANA, anticipa que este reporte se quedó corto y que a la cifra habrá que sumarle por lo menos otros 12.000 registros de cédulas, cuyo portador no coincide con el nombre que aparece vinculado al programa de ayudas.

En esta auditoría sale a relucir, por ejemplo, el caso de una persona que aparece con el nombre de Cin Ñus, quien se convirtió en un beneficiario del programa con la cédula 1111111111, número que, según la Registraduría, en realidad le pertenece a Pacho de Jesús Caro Caro. Para la cédula 222222 también hay líos: es de Pedro Vargas Triana, y en el programa aparece asociada a Johanna Ingris Támara Vásquez. Y aunque el número 3333333 pertenece a Jesús Antonio Posada Saldarriaga, el programa le entrega el beneficio a Alfa María Pérez Pérez.

El listado parece interminable, como lo advirtieron los mismos ciudadanos. Hay confirmados problemas con los beneficiarios para cédulas con números 12121215, 44444, 1234566 o 1234560. Este último es de Jesús María Tamayo Zuluaga, pero el beneficio iba dirigido a Hjkl Poiu Asff. Así mismo, confirma la denuncia que hizo por medio de su cuenta de Twitter el nieto de José Vicente Parra Díaz. El señor murió hace cinco años, sin embargo, su cédula 802747 aparece asociada a Andreína Beatriz García Gutiérrez, beneficiaria del programa.

En medio de semejante enredo, Planeación Nacional explicó que alcanzaron a realizar 1.194.608 giros, todos a personas bancarizadas, cuyo nombre y cédula están plenamente identificados por entidades financieras.Con este anuncio intentó desvirtuar que los miles de individuos con falsa cédula hubieran alcanzado a salir beneficiados en el primer envión, pero esto también traerá controversia.

En efecto, hay casi 300 registros detectados de personas beneficiarias del sistema que aparecen como bancarizadas, aunque reporten un nombre en la Registraduría y otro diferente ante el programa de ayudas. Si a todas estas les giraron el subsidio, quiere decir que de entrada por allí se perdieron 50 millones de pesos en personas sobre las cuales no existe claridad siquiera de su identidad.

A este panorama es importante sumar aquellos ciudadanos que recibieron el dinero sin formar parte de la población vulnerable de Colombia. Se sabe que la depuración de la base de datos del Sisbén es un desafío histórico que le ha quedado grande a todo el mundo. La alimentan por alcaldías con datos que entregan los mismos usuarios, y reposa en Planeación Nacional para identificar grados de pobreza y asignar recursos. A cuenta gotas se habla de funcionarios a sueldo, estudiantes de universidades privadas y personas con recursos que recibieron en sus cuentas los 160.000 pesos. ¿Cómo llegaron al listado?

El blindaje

A este escándalo le falta la peor parte. El 4 de abril de 2020, Duque firmó el Decreto 518 de 2020 que creó el programa Ingreso Solidario, el cual autorizó transferencias monetarias no condicionadas a la población más vulnerable del país.

Pero nadie se explica por qué si se trata de un programa bandera era necesario incluir una cláusula que blindara judicialmente a los encargados de aplicarlo. Desde el primer artículo quedó claro que la configuración de conductas fraudulentas “no conlleva responsabilidad a quienes participen en la implementación de este programa”. No así para las personas que reciban las transferencias sin cumplir requisitos o de manera irregular, ya que estas sí recibirán sanciones.

Eso suena muy mal. Y más teniendo en cuenta que Duque han hecho pronunciamientos implacables: “El que se robe una ayuda para atender una pandemia solamente cabe en la condición de ser un bandido de la peor ralea; eso solamente es el comportamiento de una rata de alcantarilla”, dijo en una alocución esta semana.

La Corte Constitucional acaba de comenzar a revisar el decreto y allí el Gobierno deberá explicar qué tiene que ver este blindaje a los funcionarios con la emergencia económica y social que afronta el país. Por lo pronto, parece una cláusula destinada a caer.

A raíz del escándalo, la Contraloría y la Fiscalía iniciaron sendas investigaciones. Esta semana la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía realizó una inspección a la base de datos para detectar si detrás de estas irregularidades hay un fraude masivo con los recursos de los más necesitados.

Voceros del Centro Democrático salieron a defender el programa, comenzando por el expresidente Álvaro Uribe, quien señaló: “Excelente Ingreso Solidario. Es mejor corregir problemas de base de datos que no haberlo lanzado”. El director del Dapre, Diego Molano, resaltó que 99,4 por ciento de las cédulas son correctas, “0,6 por ciento de los números de cédula tenían error y ya fueron eliminados de la base de Ingreso Solidario”, precisó luego de conocer el parte de la Registraduría.

No obstante, es muy pronto para cantar victoria con este argumento. Primero, porque hasta allí no existía una revisión completa de la Registraduría sobre la base de datos. Planeación envió la información fragmentada y una parte que se suponía residual, con apenas 241.324 cédulas, arrojó 6.389 inconsistencias. Es como si hubieran dejado la peor parte para el final, ya que solamente en esos últimos registros hay cédulas de 5.495 muertos, de un total de 7.551 que traía la base de datos completa.

Segundo, porque si bien es cierto que los porcentajes hasta ahora detectados como irregulares resultan mínimos para el universo de 3 millones de beneficiarios, el equivalente en plata no es nada insignificante. Si se le girara la ayuda a las 35.000 cédulas irregulares que están en la lupa de las autoridades, la gente realmente necesitada dejaría de recibir 5.600 millones de pesos.

Finalmente, la depuración de la Registraduría es a simple vista la cuota inicial para ver con claridad qué pasó con la base de datos y reactivar el programa. La información enviada por Planeación Nacional permitió revisar la existencia de cédulas, pero esos datos no alcanzan ni siquiera para contrastar las identidades de las personas beneficiarias, y menos para saber si en realidad cumplen los requisitos.

Todo esto sin contar con que el daño puede estar ya hecho, pues giraron recursos para 1,2 millones de personas, información de la que ninguna autoridad tiene detalles certeros. El reto le queda a los jefes de los entes de control, de cuya independencia dependerá llegar a los verdaderos responsables de terminar de desangrar a los más pobres en plena pandemia.

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