Lo que podría ser una mera casualidad, que en medio del escándalo de los pasaportes, el exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, se hiciera a un millonario predio en el Meta, ahora es materia de investigación de la Fiscalía.
Así quedó en el proceso que incluso llevó a una imputación de cargos al exfuncionario y por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público. La Fiscalía descubrió que en el mismo espacio de tiempo que fungió como secretario y mientras revivió el millonario contrato, adquirió una propiedad.
Comprar un bien no es delito; sin embargo, para la Fiscalía resulta necesario indagar la forma y cómo lo adquirió, particularmente cuando establecieron que no tenía la capacidad económica para comprarlo en las condiciones que lo hizo. Todo hace parte de la investigación.
“Se conoció que Salazar Ramírez, quien ocupó el cargo de secretario general entre el 18 de agosto de 2022 y el 26 de febrero de 2024, adquirió durante ese periodo un predio rural en Puerto López (Meta), por valor de 950 millones de pesos, sin tener una justificación financiera. No se advierten transferencias o créditos ni soportes bancarios o patrimoniales que soporten la compra de los inmuebles”, dijo la Fiscalía.
Salazar tiene una imputación de cargos. Este miércoles la Fiscalía confirmó que contra el exfuncionario se adelantó una audiencia de imputación de cargos por las presuntas irregularidades en las decisiones que se tomaron en la Cancillería y que revocaron los actos administrativos del excanciller Álvaro Leyva Duran.
“El entonces secretario emitió las resoluciones 1394, 1395 y 1396 del 26 de febrero de 2024, por medio de las cuales revocó el acto administrativo que declaró desierta la licitación y negó el recurso de reposición interpuesto por el postulante que buscaba quedarse con el contrato, y dio por terminada anticipadamente la urgencia manifiesta que suspendió el proceso contractual. De esta manera, dio vía libre a la adjudicación del contrato al único proponente”, explicó el ente acusador.
José Antonio Salazar Ramírez negó los cargos que fueron imputados por la Fiscalía y que advierten las irregularidades detectadas en la adjudicación del contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de las libretas de pasaporte hasta el 31 de julio de 2026, un contrato que estaba avaluado en 559.000 millones de pesos.
“De acuerdo con los elementos materiales probatorios, con estas actuaciones habría excedido sus competencias, en el entendido de que solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional, y no contaba con autonomía para reabrir y adjudicar procesos contractuales cerrados”, dijo la Fiscalía.
Con la imputación de cargos y tras negar su responsabilidad en los delitos, el exfuncionario tendrá que enfrentarse a la Fiscalía en una etapa de juicio y demostrar allí su inocencia; esto mientras avanza la otra investigación por el predio que adquirió.