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Ministro de Salud se enfrenta a incidente de desacato por desobedecer órdenes para reajustar la UPC
La sentencia de la Corte Constitucional detectó fallas en el sistema de información, escasez de medicamentos y una crisis que tiene en jaque al sistema de salud en Colombia.
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La Corte Constitucional abrió un incidente de desacato en contra del Ministerio de Salud por el incumplimiento de las órdenes para reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que se paga por cada afiliado al sistema de salud en Colombia.
En la decisión judicial, la Sala Especial de Seguimiento (conformada por los magistrados Carlos Camargo, Vladimir Fernández Andrade y Miguel Polo) concluyó que el jefe de la cartera de Protección Social ha incumplido las órdenes emitidas en la Sentencia T-760 de 2008 para mejorar el sistema de salud en el país.
“Persiste el incumplimiento general”, señala el fallo conocido en su totalidad por SEMANA. “Dar apertura al incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, conforme a lo establecido en la parte motiva de esta decisión, por el incumplimiento del numeral 3.11 de la resolutiva tercera del Auto 007 de 2025 (en lo que respecta al componente de suficiencia de la UPC de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda)”.
Frente a esta situación, le dio un plazo de 48 horas al Ministerio para que envíe el respectivo informe frente a los hechos cuestionados.
Igualmente, se advierte que de no obtener una respuesta satisfactoria se compulsarán copias a la Fiscalía y la Procuraduría General para que evalúe la apertura de una investigación penal y disciplinaria —respectivamente— por el no acatamiento de la mencionada sentencia.
“Advertir al ministro de Salud y Protección Social que el incumplimiento de estos requerimientos dará lugar a la compulsa de copias a la Procuraduría General y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia”, señala la decisión.
En el complejo fallo, se cita que pese a las graves irregularidades que se hallaron en el sistema de salud, entre los que se destacan la negación injustificada de servicios, diferencias en los planes de beneficios, falta de reglas claras para los servicios no incluidos, problemas en los recobros y desinformación a los usuarios, hasta la fecha no se ha obtenido una respuesta clara o un plan definido para solucionar estas falencias.
El alto tribunal ya había emitido 16 órdenes estructurales para la actualización del plan de beneficios, vigilancia a las EPS, sostenibilidad financiera, cobertura universal y el acceso a la información. Por el momento, no se conoce una respuesta clara.
Otras determinaciones
La Corte Constitucional emitió otras órdenes para que se cumpla la Sentencia T-760 de 2008.
“Ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social que, para la vigencia 2026, acredite técnicamente la suficiencia del valor de la unidad de pago por captación (UPC) en los regímenes contributivo y subsidiado de acuerdo a los estándares fijados por la Corte Constitucional y, por consiguiente, se abstenga de establecido únicamente conforme a la inflación causada y las recomendaciones de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, como justificación para omitir un estudio técnico de suficiencia de la prima”, señala el resuelve.
Finalmente, se le otorga un plazo de tres meses para que el Ministerio formule y remita un Plan Inmediato de Acciones en Salud (PIAS) “sobre las órdenes estructurales” con “estricta sujeción a los mandatos impartidos en los autos de seguimiento”, cumpliendo los requisitos establecidos.
“El PIAS deberá asegurar la sostenibilidad del esquema financiero del SGSSS. Por tanto, este componente de sostenibilidad financiera del sistema deberá ser entregado dentro del mes siguiente a la notificación de la presente providencia, debiéndose poner en marcha en un plazo no mayor a un mes siguiente a su presentación. Verificando lo anterior, se dispondrán los traslados de rigor y posterior estudio de su aprobación”, señala.
La Corte Constitucional le pidió a la Procuraduría General, la Contraloría General y la Fiscalía General que ejerzan “con mayor rigor y oportunidad” el seguimiento de la sentencia en cuestión.
