La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y los vicepresidentes de Instrucción del Tribunal de Marsella (Francia), François Bonnecarrere y Emmanuel Rodríguez, fueron los encargados de darles vida a los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI).
Se trata de una iniciativa de cooperación judicial entre Colombia y Francia en contra de la trata internacional de personas, que incluye principalmente la cooperación judicial en expedientes para combatir este delito en los dos países que ahora se integran para frenar la trata de personas.
“La creación de los ECI fue protocolizada en simultánea en los dos países y estuvo acompañada por el embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté; el magistrado de enlace Alain Grellet; la directora de Asuntos Penales e Indultos del Ministerio de Justicia, Laureline Peyrefitte, y otros funcionarios franceses y colombianos”, explicó el ente acusador.
Las investigaciones estarán orientadas a identificar y judicializar las redes que captan personas en Colombia, las trasladan a Europa con fines de explotación sexual y obtienen ganancias de esta actividad ilícita. Los acuerdos también contemplan acciones coordinadas para… pic.twitter.com/B0FDNRk9en
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 28, 2026
Los equipos, con sede en París y Marsella (Francia), permitirán desarrollar investigaciones simultáneas sobre una misma organización criminal, intercambiar información judicial, incluidos testimonios, interceptaciones telefónicas y datos financieros, y coordinar operaciones en ambos países.
“Las investigaciones estarán orientadas a identificar y judicializar las redes que captan personas en Colombia, las trasladan a Europa con fines de explotación sexual y obtienen beneficios económicos de esta actividad ilícita. Asimismo, permitirán impactar a quienes favorecen o participan en estas estructuras criminales en territorio francés”, señaló la Fiscalía.
El objetivo de estos acuerdos incluye acciones coordinadas para garantizar la protección, atención y reparación integral de las víctimas, una estrategia conjunta (Colombia y Francia) para enfrentar este delito transnacional y afectar las economías ilícitas que genera.