Efraín Quiñones Barreiro, el articulador principal de un componente financiero, cabecilla del extinto Bloque Oriental de las extintas Farc EP fue condenado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá a 40 años de cárcel por crímenes cometidos entre 1995 y 2005 en Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte de Amazonas.
Junto a Quiñones Barreiro, se conocieron otras condenas en contra de César Díaz; en el encargo de las actividades de inteligencia, también Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla; y dos guerrilleros rasos, Daniel Zarate Velandia y Jhon Jairo Ramírez.
“A estas personas se les atribuyen 44 hechos criminales ocurridos entre 1995 y 2005, los cuales dejaron 165 víctimas directas e indirectas de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y toma de rehenes, entre otras conductas delictivas que fueron acreditadas por una fiscal de la Dirección de Justicia Transicional”, señaló la Fiscalía.
Advierte la Fiscalía que entre los casos que motivaron la sentencia está el desplazamiento forzado del exalcalde de San Jacinto, en el departamento de Meta y su familia en 2002; el secuestro del exalcalde de Chiscas, Boyacá, el 17 de abril de 2002.
“El entonces mandatario fue retenido por tres días en medio de cuestionamientos por desatender una instrucción del grupo armado ilegal que prohibió y ejerció presiones para que no se realizaran elecciones en el municipio”, advirtió el ente acusador.
Otros crímenes que quedaron consignados en el listado de antecedentes de la condena están el secuestro de un agente de la Policía Nacional, durante una incursión violenta al casco urbano de El Espino, Boyacá, el 9 de junio de 1999. “El uniformado permaneció en cautiverio mientras las Farc EP acordaban un denominado intercambio de rehenes con el Gobierno Nacional, que se materializó en junio de 2001”, dijo la Fiscalía.
De acuerdo con la sentencia, los integrantes del extinto Bloque Oriental de las extintas Farc, fueron condenados a 480 meses de prisión o 40 años de cárcel; sin embargo, por estar sometidos a la ley de justicia y paz, se impone la pena alternativa que llega a los ocho años de cárcel con el listado de compromisos que deben respetar o de lo contrario, regresan a la pena original: 40 años de prisión.
“La condena precisa que los cinco postulados deberán cumplir penas de 480 meses de prisión, multa de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la pena, con la alternativa que contempla la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), y el compromiso de atender las obligaciones impuestas en el fallo”, advirtió el ente acusador.