El director general de Asocapitales, Andrés Santamaría, le pidió a la Corte Constitucional que suspenda el decreto que expidió el gobierno del presidente Gustavo Petro para declarar la emergencia económica en Colombia.
Por medio de un documento de once páginas que llegó al despacho del magistrado Carlos Camargo, ponente en este proceso, la Asociación de Ciudades Capitales hizo la petición de suspensión tanto del decreto de la emergencia económica como el que adoptó medidas tributarias para atender los gastos del Presupuesto General necesario para hacer frente a esa contingencia.
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Santamaría explicó en el documento que el auto 272 de 2023 de la Corte Constitucional, estableció que la suspensión provisional de los efectos de una norma, se pueden dar como una medida excepcional cuando las disposiciones producen efectos irremediables o que pretenden eludir el control de constitucionalidad.
Por eso, Asocapitales concluyó que “las motivaciones que sustentan el Decreto 1390 de 2025 son abiertamente inconstitucionales, toda vez que, como se ha señalado, se trata de situaciones estructurales y de deberes permanentes que el Estado no puede pretender solucionar desbordando los límites constitucionales establecidos para el ejercicio de poderes extraordinarios”.
Para la Asociación de Ciudades Capitales existe una “ausencia absoluta” de los hechos sobrevivientes en las razones del decreto que expitió el Gobierno para “utilizar indebidamente el estado de excepción como un mecanismo ordinario de gestión fiscal y presupuestal para eludir límites democráticos”.
El director Andrés Santamaría también manifestó en el documento que la declaratoria del estado de emergencia representa una “grave distorsión” al sistema de pesos y contrapesos del Estado colombiano, teniendo en cuenta que permite al Ejecutivo eludir el control democrático del Congreso y concentra facultades legislativas y fiscales.
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“Esta situación puede ocasionar efectos jurídicos graves e irreparables a los distintos sectores económicos que resulten gravados como consecuencia de la expedición de decretos legislativos adoptados bajo el amparo de una emergencia carente de fundamento constitucional válido”, advirtió la Asociación.
El decreto de la emergencia económica ya desató una guerra entre el gobierno Petro y varios gobernadores departamentales que se negaron a cumplir una resolución que salió a partir de esa contingencia, por el efecto que podría causar en las finanzas de las regiones al tocar el impoconsumo (impuesto a bienes o servicios) sobre licores y tabacos.
