Estalla conflicto entre Gobierno Petro y gobernadores porque se niegan a cumplir un decreto que hace parte de la emergencia económica

Al menos 17 gobernadores del país se le rebelaron este jueves, 15 de enero, al Gobierno del presidente Gustavo Petro y coincidieron en que no acatarán uno de los decretos de la emergencia económica que afecta las finanzas de las regiones porque toca el ipoconsumo sobre licores y tabacos.

Se trata de los mandatarios de Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés, Caquetá, Caldas, Quindío, Valle y Antioquía.

Los gobernadores de Colombia reunidos en la Federación Nacional de Departamentos. Foto: FND

SEMANA confirmó que los mandatarios se reunieron durante varias horas en la sede de la Federación Nacional de Departamentos, en Bogotá, y tomaron la decisión. Presentarán tutelas de forma individual contra el decreto de la emergencia económica y le pedirán a la Corte Constitucional que los escuche.

Los mandatarios no están de acuerdo con que se eleven los impuestos a los licores y tabacos, en medio de la emergencia económica decretada por Petro, porque temen que se disminuya el consumo y el recaudo generado, lo que afectaría sus ingresos.

Determinaron que no aplicarán dicho decreto en sus departamentos, al menos, hasta que exista un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se refirió al tema. “La Federación Nacional de Departamentos nos dará un documento jurídico para no aplicar el decreto en cada una de nuestras regiones. Cada uno de nosotros lo hará, pero hemos tomado la decisión de que lo haremos todos. Será en impoconsumo”, explicó.

“Antioquia inaplicará por excepción de inconstitucionalidad el decreto que fijó una abusiva carga tributaria dentro de la emergencia económica. Esto significa que, hasta que la Corte Constitucional no falle de fondo, Antioquia no aplicará este decreto que impuso Petro”, explicó el gobernador Andrés Julián Rendón.

Los gobernadores acudirán a las tutelas para frenar uno de los decretos de la emergencia económica de Gustavo Petro. Foto: FND

Y añadió: “Para Antioquia esto es una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones y por eso la Constitución nos da una herramienta de defensa inmediata frente a actos que desbordan los cauces constitucionales”.

La posición de los gobernadores molestó al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien respondió a los mandatarios a través de sus redes sociales.

“Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional tiene esa función. Si dicen que no se acata la ley, están usurpando las funciones de la Corte. Puede haber prevaricato al no acatar la ley. Y también podrían ellos (los gobernadores) responder con sus propios bienes o recursos lo que se pretende recoger de los impuestos que se están adoptando”, afirmó.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Martiz, no se quedó callada y le respondió a Benedetti.

“Nosotros estamos dando aplicación a las herramientas jurídicas que tenemos. Vamos a acudir ante la justicia, a los órganos competentes para que nos den la razón. Vamos a presentar una acción de tutela, a solicitar la intervención ante la Corte Constitucional y vamos a hacer uso de una figura jurídica: la excepción de inconstitucionalidad, porque estamos en todo nuestro derecho, porque consideramos que este decreto viola flagrantemente los principios establecidos en la Constitución Política de Colombia”, expresó.

Esta es la primera vez, en los más de tres años de Gobierno de Gustavo Petro, que 17 de los 32 gobernadores del país desobedecen uno de sus decretos.

La Federación Nacional de Departamentos (FND) emitió un comunicado con respecto a la reunión que tuvieron con los gobernadores donde estudiarán con carácter urgente el instrumento jurídico idóneo para poner freno a lo dispuesto en el decreto.

“En este análisis se evaluará la eventual aplicación de una excepción de inconstitucionalidad, al evidenciarse un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte” dice parte del documento.

Frente a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, los gobernadores exigen respeto a la institucionalidad que ellos representan. 

“Calificarlos como un “mal ejemplo” deslegitima su mandato y desconoce la autoridad que representan, así como la labor responsable y permanente que adelantan en beneficio de sus comunidades -en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley-; y por ello su manifestación en la búsqueda de la protección de las garantías emanadas en la Constitución, requieren acciones y pronunciamientos como los esbozados el día de hoy”, se lee en el escrito.

Por último, los gobernadores piden al Gobierno nacional realizar con carácter urgente Consejos Regionales de Seguridad, con el fin de que “se estudien las medidas que serán incluidas dentro del Plan Democracia, para desplegar acciones contundentes de inteligencia que prevengan el constreñimiento, control territorial, confinamiento, zonas vedadas y favoritismo electoral mediante el uso de las armas”.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, aseguró que “se desprenderán acciones judiciales” contra los 17 gobernadores que se negaron a acatar las instrucciones de los decretos.