La Corte Constitucional, desde el despacho del magistrado Carlos Camargo, dio el primer paso para definir el futuro del decreto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el país.
Se trata de una medida excepcional adoptada el 22 de diciembre de 2025, cuyo alcance y validez empezaron a ser examinados formalmente por el alto tribunal.
La decisión quedó consignada en un auto firmado por el magistrado Carlos Camargo Assis, quien asumió el estudio del expediente y ordenó una revisión amplia del decreto. Con esto se activa el control institucional obligatorio, un procedimiento previsto en la Constitución cada vez que el Ejecutivo acude a un estado de excepción.
El decreto bajo revisión es el 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno argumentó que el país atraviesa una situación fiscal compleja que pone en riesgo el cumplimiento de obligaciones del Estado, la continuidad del gasto público social, la seguridad ciudadana y el pago de sentencias judiciales y compromisos financieros. Con base en ese diagnóstico, el Ejecutivo consideró necesario acudir a una herramienta extraordinaria.
Al asumir el caso, el magistrado Camargo dejó claro que el análisis no será superficial. Por esa razón, ordenó la práctica de pruebas y solicitó información detallada al Gobierno para poder evaluar si la declaratoria de emergencia cumple con los requisitos que exige la Constitución.
La Corte quiere establecer si la situación descrita por el Ejecutivo realmente justifica una medida de excepción o si existían otros mecanismos legales ordinarios para enfrentarla.
La Corte pidió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia que remita información sobre la situación administrativa de los ministros que suscribieron el decreto y, en particular, el acto administrativo mediante el cual Irene Vélez habría sido encargada como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Entre las preguntas que plantea el tribunal está si los problemas fiscales descritos por el Gobierno son realmente extraordinarios o si corresponden a dificultades estructurales que vienen de años atrás.
También se busca aclarar si la no aprobación de proyectos de ley de financiamiento en el Congreso puede justificar una medida excepcional o si ese camino podría afectar principios como la separación de poderes.
Otro de los interrogantes apunta a la vigencia de algunos argumentos económicos. La Corte quiere saber si el impacto de la crisis económica global posterior a la pandemia del COVID-19, varios años después, puede seguir considerándose un factor determinante para declarar un estado de excepción en 2025.
Asimismo, se evaluará si el Ejecutivo agotó todas las herramientas ordinarias antes de recurrir a la emergencia económica.
